Judicial
Sujeto es condenado 20 años después de haber participado en el secuestro del hijo de un empresario salvadoreño
El 7 de marzo de 2000, Javier Guzmán con tres cómplices secuestraron al hijo de un empresario salvadoreño en la colonia Escalón de San Salvador. El joven estuvo cautivo 15 días, la familia desesperada pagó el rescate y 20 años más tarde el crimen por fin tuvo justicia: el último de los secuestradores fue condenado. Sus cómplices ya guardan prisión.
Después, los delincuentes exigieron 10 millones de colones (1.142 millones de dólares) para matar al secuestrado.
El pago del rescate se hizo con joyas y efectivo.
Al interponer la denuncia en la Policía Nacional Civil (PNC), dos de los involucrados fueron detenidos y condenados (en 2001) a 25 años de cárcel.
Guzmán Hernández fue declarado rebelde y prófugo de la justicia; pero en 2018 fue capturado.
Vista pública y condena de 10 años
El martes 7 de enero, Guzmán enfrentó la vista pública en el Tribunal 6º de Sentencia de San Salvador donde fue condenado por tres jueces.
Las pruebas determinaron que el sujeto fue cómplice no necesario, ya que realizó labores de vigilancia para secuestrar a la víctima
La víctima, que entonces tenía 32 años, fue interceptada por tres enmascarados frente al negocio de la familia y fue obligado a ingresar a un vehículo.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
