Judicial
Sujeto abusó de su compañera al calor de los tragos en La Campanera, Soyapango
El pasado 7 de marzo, a eso de las 4:00 de la mañana una mujer se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con su compañero de vida en su casa de residencia ubicada en la colonia La Campanera de Soyapango.
Ambos en estado de ebriedad y al calor de los tragos empezaron a discutir; entonces, el imputado forzó a la mujer a tener relaciones sexuales, por lo que fue procesado por violación.
Por el hecho, El Juzgado Tercero de Paz del mencionado municipio en audiencia inicial ordenó instrucción sin ninguna medida a favor del imputado, acusado por el delito de violación y lesiones en contra de su compañera de vida.
Durante la audiencia la víctima manifestó que ambos no estaban conscientes de lo que hacían por lo que no está dispuesta a continuar con el proceso y decide retirarse de él, aunque también dijo estaba dispuesta a colaborar con fiscalía si ellos decidían continuar con el proceso.
El juzgador por su parte manifestó que por el delito de lesiones se había llegado a un acuerdo conciliatorio donde el imputado se comprometió a no agredir a la víctima por un periodo de seis meses.
Mientras que para el delito de violación, decidió pasar el caso a la siguiente etapa de instrucción sin ningún tipo de medidas, el imputado podrá salir en libertad y continuar con el proceso.
Fuente: Centros Judiciales de El Salvador.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
