Judicial
Sube a 19 años condena de prisión para dos jefes que abusaron de una ordenanza
Dos exempleados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que cumplen una pena de 13 años cuatro meses de cárcel por el delito de otras agresiones sexuales, vieron como su pena les aumentó otros seis años, para un total de 19, luego que Cámara ordenará un nuevo juicio.
Inicialmente los dos imputados, Julio González de 60 años; quien se desempeñaba como jefe de administración; y German Galdámez, de 55 años, como jefe de conserjes; desde el 1997 hasta 2010, fueron acusados de los delitos de violación y otras agresiones sexuales, pero solo fueron encontrados culpables por el segundo delito.
Ante ello, la Fiscalía General de la República (FGR), apeló la resolución y en un nuevo caso, logró que se les encontrara culpable también de violación.
Los hechos sucedieron desde 1997 hasta 2010, cuando ambos sujetos abusaron en constantes ocasiones de una mujer que trabajaba como ordenanza en el ISSS de Chalatenango y no denunciaba por hechos por miedo a perder su empleo.
La víctima dijo que ella sufría en silencio ya que temía perder su trabajo pues era el sostén de su hogar y de sus niñas. Fue hasta el año 2010 que terminaron las agresiones, cuando a ella le dieron la plaza fija en el ISSS, y aunque sentía mucho temor de denunciar a sus jefes logró hacerlo hasta el año 2017.
El 19 de septiembre de 2019, culminó la audiencia de vista pública en el Tribunal de Sentencia de Chalatenango, contra los dos ex empleados y fueron condenado por sus delitos.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
