Judicial
Revocan condena de 12 años de prisión a Jorge Nieto, extitular del MOP, por delito de peculado
La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador revocó la condena de 12 años de prisión que el Tribunal Quinto de Sentencia impuso en noviembre de 2019 al extitular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Jorge Nieto, por el cargo de peculado y además lo absolvió de todo pago de responsabilidad civil.
En abril del presente año la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó poner en libertad a Nieto por vulneración al derecho de defensa, pues se utilizó prueba ilícita consistente en una pericia practicada como anticipo de prueba que consistía en una inspección ocular, peritaje técnico y valúo del tramo II del bulevar Diego de Holguín.
Según el reporte de los hechos, el abogado Lisandro Quintanilla, defensor del exministro, presentó un recurso de apelación ante la Cámara Segunda de lo Penal el cual no había sido resuelto, pero debido a que la Sala ya se había adelantado con la resolución a la referida Cámara no le quedó más que revocar la condena.
El exfuncionario fue condenado a 12 años de prisión y a pagar $12.9 millones por responsabilidad civil, luego de ser encontrado culpable de corrupción, el 29 de noviembre de 2019.
En aquella ocasión, el Tribunal Quinto de Sentencia lo condenó luego de que se comprobó su participación en las irregularidades en la construcción del tramo II del bulevar Diego de Holguín (ahora Monseñor Romero).
Las investigaciones por este caso iniciaron en el 2010, luego que el entonces ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) a poner un aviso sobre la millonaria corrupción que rodeó la construcción del bulevar.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
