Judicial
Presidenta del CNJ afirma que hubo error de subsunción en caso de magistrado Escalante
María Antonieta Josa de Parada, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), se pronunció al caso del magistrado Jaime Escalante Díaz, quien fue liberado de toda responsabilidad de agresión sexual contra una menor de edad, luego de un fallo a su favor por la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador.
De acuerdo con la presidenta del CNJ, para llegar al fallo que liberó a Escalante Díaz del delito de agresión sexual en menor e incapaz hubo un error de subsunción, es decir, los hechos no se adaptan a la teoría jurídica.
«En el Derecho Penal usted debe de tener claro unos hechos, es la parte fáctica, es decir, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quiénes intervinieron, todo eso y esto debe de adecuarlo a una teoría jurídica y esa teoría jurídica está regida por el principio de legalidad en el Derecho Penal. De acuerdo a lo que se ha dicho y a lo que hay en la sentencia, pudo haber un error de subsunción, técnicamente los hechos no se adecúan al Derecho y es ahí donde se da el conflicto de si es un delito o es una falta», detalló María Antonieta Josa de Parada.
Los magistrados Martín Rogel Zepeda y Guillermo Arévalo Domínguez consideraron que el tocamiento de Escalante a una niña de 10 años en sus partes íntimas no es delito, si no falta.
En ese sentido, la presidenta del CNJ dijo que en los registros que la institución tiene de Escalante no hay nada que dé cuentas de que tenía ese tipo de comportamientos. «No se puede negar la capacidad de preparación técnica que, de acuerdo a nuestros registros, el magistrado Escalante ha tenido; ahora, el tema del comportamiento ese… nosotros no tenemos ni teníamos ningún tipo de reporte», dijo Josa de Parada.
El caso ha generado indignación social y hasta se han implementado protestas de diferentes sectores afines a la protección de la niñez y la adolescencia en El Salvador en la fechada de las instalaciones del Centro Judiciales Isidro Menéndez en San Salvador
La misma Fiscalía General de la República se ha pronunciado al fallo y hasta ya presentó un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la decisión que tomó la Cámara Primera de lo Penal a favor del magistrado Jaime Escalante Díaz, quien por el momento guarda arresto domiciliar.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
