Judicial
Presentan dictamen de acusación contra Pamela Posada y otros procesados por narcotráfico
El Juzgado Especializado de Instrucción “B” recibió este día el dictamen de acusación contra la locutora, Pamela Posada y otras 27 personas, acusadas por delitos relacionados con el comercio de droga.
El documento presentado durante el recién finalizado período vacacional de Semana Santa, en un juzgado de paz de San Salvador, fue remitido hoy hasta el mencionado tribunal y está a la espera de ser estudiado, para luego señalar fecha y llevar a cabo la audiencia preliminar dentro de unos días.
Posada, junto a otros imputados, fue capturada en febrero del año pasado, luego de realizar la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de La Libertad, la defensa presentó un recuerdo de apelación. La Cámara 4° sección del Centro, Santa Tecla, confirmó el viernes 21 de abril de 2017, la detención para la exlocutora y presentadora Pamela Posada y otros más acusados por los delitos de narcotráfico.
Posada fue detenida en febrero del año pasado, acusada de supuestamente colaborar con una banda de narcotráfico que estaría ligada al cártel de Sinaloa, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
En marzo de hace un año, el Juzgado de Primera Instancia del Puerto de la Libertad se declaró incompetente de conocer el caso porque consideró que en el proceso hay delitos especializados y no comunes. De tal forma que el proceso pasó a manos del Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador.
Este último concedió a la FGR, una ampliación de la etapa de instrucción contra la supuesta estructura de narcotráfico a la que está vinculada Pamela Posada.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
