Judicial
Por irregularidades en caso «Saqueo Público», abogados de Vanda Pignato interponen recursos de revocatoria
Los abogados de la exprimera dama de la República, Vanda Pignato, interpusieron recursos de revocatoria por decisiones arbitrarias e irregularidades en el caso «Saqueo Público».
Los profesionales en derecho interpusieron los recursos a las 10:00 de la mañana en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador.
Uno de los abogados dijo ante los medios de comunicación que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha fundamentado con un elemento real y quieren que testigos declaren en esta etapa procesal que no es la correspondiente.
«Nosotros creemos que detrás de esa petición lo que existe es una solicitud a toda costa de una acusación en contra de nuestra representada. Sabemos que la resolución va a terminar en sobreseimiento», explicó uno de los abogados.
Detalló que en dos peticiones que ha realizado la Fiscalía y en dos resoluciones, “lo que se nota es que el caso se les está cayendo por lo que buscan que se les otorguen siete meses de manera arbitraria para intentar ocupar un peritaje y para mientras, quieren adelantar la declaración de testigos criteriados en una etapa del caso que nos les corresponde».
Otro de los abogados aclaró que esta investigación tiene muchas diferencias. «Nosotros advertimos que en la administración pasada de la Fiscalía, se precipitaron en presentar el caso sin tener la documentación correspondiente».
«Nosotros estamos poniendo la revocatoria para que los testigos, si es que van a declarar lo hagan en la vista pública y en segundo lugar que el peritaje lo determinen en la fecha que estaba prevista el cual es el 29 de julio de este año», aseguró el abogado que representa a Pignato.
Añadió que las peticiones judiciales que han trasladado a través de los recursos de revocatoria, pretenden dentro del marco legal se resuelva la situación jurídica de su representada dentro de un plazo razonable y consideran de ilegal y arbitraria que la Fiscalía no puede estar pidiendo a estas aluras una prórroga cuando han tenido la documentación a finales del 2015.
La exprimera dama de la República, Vanda Pignato, está acusada de haber sustraído fondos del Estado durante el período de su gestión del 2009 al 2014.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
