Judicial
Pareja de hermanos habrían asesinado a puñaladas y desaparecido el cuerpo de un ciudadano Taiwanes
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a una pareja de hermanos por matar a puñaladas a un hombre de nacionalidad taiwanesa dentro de su vivienda en la urbanización La Cima 4, al sur de San Salvador.
Los imputados responden a los nombres de Wendy Marilyn y José Francisco ambos de apellidos González Venegas de 28 y 25 años respectivamente.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, Wendy y Hsieh-Ta Liu mantenían una relación sentimental y vivían juntos en la casa propiedad del asiático.
El 3 de enero de 2019, el día del crimen, la mujer y el ciudadano taiwanés sostuvieron una pelea y forcejearon mutuamente fue cuando José Francisco, que en ese momento se encontraba en la casa, tomó un cuchillo y apuñaló al otro hombre varias veces en el pecho.
Después del asesinato, los hermanos metieron el cadáver en el baúl del vehículo y lo desaparecieron.
Más de un año después, el jueves 27 de febrero, la Policía capturó a los implicados mediante órdenes de captura de la Fiscalía. Las detenciones se llevaron a cabo en el cantón El Ciprés de Santo Tomás y la otra dentro del hospital Saldaña.
La FGR explicó que no han encontrado el cuerpo de la víctima, pero dijeron contar con documentos y testigos que prueban la muerte.
De acuerdo con el ministerio público desaparecer el cadáver fue con la intención de ocultar el crimen que cometieron, por lo que están obstaculizando la justicia, lo que les vale ser acusados de fraude procesal.
Además, a José Francisco se le añade el delito de homicidio agravado, mientras que a Wendy el de coautoría.
La vista pública está programada para el próximo lunes 2 de marzo.
UNA HISTORIA MACABRA
Según la acusación, posterior al hecho los hermanos introducen el cuerpo de Hsieh-Ta Liu en el baúl del vehículo, se trasladan hacia el departamento de La Paz y desaparecen el cuerpo.
Hasta la fecha el ministerio público fiscal no cuenta con el cadáver de la víctima pero manifiesta contar con indicios como entrevistas de testigos presenciales, documentos como el informe de activación de antenas y elementos científicos que sostienen el fallecimiento de la víctima.
El delito de fraude procesal se lo atribuyen porque desaparecieron el cadáver para ocultar las acciones que ellos habían cometido, obstaculizando de esta forma a la justicia.
CON INFORMACIÓN DE EL SALVADOR TIMES
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
