Judicial
Pareja de hermanos habrían asesinado a puñaladas y desaparecido el cuerpo de un ciudadano Taiwanes
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a una pareja de hermanos por matar a puñaladas a un hombre de nacionalidad taiwanesa dentro de su vivienda en la urbanización La Cima 4, al sur de San Salvador.
Los imputados responden a los nombres de Wendy Marilyn y José Francisco ambos de apellidos González Venegas de 28 y 25 años respectivamente.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, Wendy y Hsieh-Ta Liu mantenían una relación sentimental y vivían juntos en la casa propiedad del asiático.
El 3 de enero de 2019, el día del crimen, la mujer y el ciudadano taiwanés sostuvieron una pelea y forcejearon mutuamente fue cuando José Francisco, que en ese momento se encontraba en la casa, tomó un cuchillo y apuñaló al otro hombre varias veces en el pecho.
Después del asesinato, los hermanos metieron el cadáver en el baúl del vehículo y lo desaparecieron.
Más de un año después, el jueves 27 de febrero, la Policía capturó a los implicados mediante órdenes de captura de la Fiscalía. Las detenciones se llevaron a cabo en el cantón El Ciprés de Santo Tomás y la otra dentro del hospital Saldaña.
La FGR explicó que no han encontrado el cuerpo de la víctima, pero dijeron contar con documentos y testigos que prueban la muerte.
De acuerdo con el ministerio público desaparecer el cadáver fue con la intención de ocultar el crimen que cometieron, por lo que están obstaculizando la justicia, lo que les vale ser acusados de fraude procesal.
Además, a José Francisco se le añade el delito de homicidio agravado, mientras que a Wendy el de coautoría.
La vista pública está programada para el próximo lunes 2 de marzo.
UNA HISTORIA MACABRA
Según la acusación, posterior al hecho los hermanos introducen el cuerpo de Hsieh-Ta Liu en el baúl del vehículo, se trasladan hacia el departamento de La Paz y desaparecen el cuerpo.
Hasta la fecha el ministerio público fiscal no cuenta con el cadáver de la víctima pero manifiesta contar con indicios como entrevistas de testigos presenciales, documentos como el informe de activación de antenas y elementos científicos que sostienen el fallecimiento de la víctima.
El delito de fraude procesal se lo atribuyen porque desaparecieron el cadáver para ocultar las acciones que ellos habían cometido, obstaculizando de esta forma a la justicia.
CON INFORMACIÓN DE EL SALVADOR TIMES
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
