Judicial
Pareja de hermanos habrían asesinado a puñaladas y desaparecido el cuerpo de un ciudadano Taiwanes
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a una pareja de hermanos por matar a puñaladas a un hombre de nacionalidad taiwanesa dentro de su vivienda en la urbanización La Cima 4, al sur de San Salvador.
Los imputados responden a los nombres de Wendy Marilyn y José Francisco ambos de apellidos González Venegas de 28 y 25 años respectivamente.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, Wendy y Hsieh-Ta Liu mantenían una relación sentimental y vivían juntos en la casa propiedad del asiático.
El 3 de enero de 2019, el día del crimen, la mujer y el ciudadano taiwanés sostuvieron una pelea y forcejearon mutuamente fue cuando José Francisco, que en ese momento se encontraba en la casa, tomó un cuchillo y apuñaló al otro hombre varias veces en el pecho.
Después del asesinato, los hermanos metieron el cadáver en el baúl del vehículo y lo desaparecieron.
Más de un año después, el jueves 27 de febrero, la Policía capturó a los implicados mediante órdenes de captura de la Fiscalía. Las detenciones se llevaron a cabo en el cantón El Ciprés de Santo Tomás y la otra dentro del hospital Saldaña.
La FGR explicó que no han encontrado el cuerpo de la víctima, pero dijeron contar con documentos y testigos que prueban la muerte.
De acuerdo con el ministerio público desaparecer el cadáver fue con la intención de ocultar el crimen que cometieron, por lo que están obstaculizando la justicia, lo que les vale ser acusados de fraude procesal.
Además, a José Francisco se le añade el delito de homicidio agravado, mientras que a Wendy el de coautoría.
La vista pública está programada para el próximo lunes 2 de marzo.
UNA HISTORIA MACABRA
Según la acusación, posterior al hecho los hermanos introducen el cuerpo de Hsieh-Ta Liu en el baúl del vehículo, se trasladan hacia el departamento de La Paz y desaparecen el cuerpo.
Hasta la fecha el ministerio público fiscal no cuenta con el cadáver de la víctima pero manifiesta contar con indicios como entrevistas de testigos presenciales, documentos como el informe de activación de antenas y elementos científicos que sostienen el fallecimiento de la víctima.
El delito de fraude procesal se lo atribuyen porque desaparecieron el cadáver para ocultar las acciones que ellos habían cometido, obstaculizando de esta forma a la justicia.
CON INFORMACIÓN DE EL SALVADOR TIMES
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
