Judicial
Pareja de hermanos habrían asesinado a puñaladas y desaparecido el cuerpo de un ciudadano Taiwanes
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a una pareja de hermanos por matar a puñaladas a un hombre de nacionalidad taiwanesa dentro de su vivienda en la urbanización La Cima 4, al sur de San Salvador.
Los imputados responden a los nombres de Wendy Marilyn y José Francisco ambos de apellidos González Venegas de 28 y 25 años respectivamente.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, Wendy y Hsieh-Ta Liu mantenían una relación sentimental y vivían juntos en la casa propiedad del asiático.
El 3 de enero de 2019, el día del crimen, la mujer y el ciudadano taiwanés sostuvieron una pelea y forcejearon mutuamente fue cuando José Francisco, que en ese momento se encontraba en la casa, tomó un cuchillo y apuñaló al otro hombre varias veces en el pecho.
Después del asesinato, los hermanos metieron el cadáver en el baúl del vehículo y lo desaparecieron.
Más de un año después, el jueves 27 de febrero, la Policía capturó a los implicados mediante órdenes de captura de la Fiscalía. Las detenciones se llevaron a cabo en el cantón El Ciprés de Santo Tomás y la otra dentro del hospital Saldaña.
La FGR explicó que no han encontrado el cuerpo de la víctima, pero dijeron contar con documentos y testigos que prueban la muerte.
De acuerdo con el ministerio público desaparecer el cadáver fue con la intención de ocultar el crimen que cometieron, por lo que están obstaculizando la justicia, lo que les vale ser acusados de fraude procesal.
Además, a José Francisco se le añade el delito de homicidio agravado, mientras que a Wendy el de coautoría.
La vista pública está programada para el próximo lunes 2 de marzo.
UNA HISTORIA MACABRA
Según la acusación, posterior al hecho los hermanos introducen el cuerpo de Hsieh-Ta Liu en el baúl del vehículo, se trasladan hacia el departamento de La Paz y desaparecen el cuerpo.
Hasta la fecha el ministerio público fiscal no cuenta con el cadáver de la víctima pero manifiesta contar con indicios como entrevistas de testigos presenciales, documentos como el informe de activación de antenas y elementos científicos que sostienen el fallecimiento de la víctima.
El delito de fraude procesal se lo atribuyen porque desaparecieron el cadáver para ocultar las acciones que ellos habían cometido, obstaculizando de esta forma a la justicia.
CON INFORMACIÓN DE EL SALVADOR TIMES
Judicial
Prisión para pandillero que obligó a familia de Panchimalco a abandonar su vivienda
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
Judicial
Pandillero enfrenta juicio por asesinar a siete personas en La Paz
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
Judicial
Fidel Zavala deberá regresar más de $50,000 a sus víctimas
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.