Judicial
Pandilleros que intentaron asesinar a un agente de la PNC son liberados de cargos en Ilopago
Dos pandilleros que fueron capturados tras un enfrentamiento con la Policía Nacional Civil (PNC) fueron sobreseídos por el Juzgado de Instrucción de Ilopango en audiencia preliminar.
Se trata de Mauricio Antonio Castro Rivera, de 25 años, y Enzo Alexander Martínez Cornejo, de 19, quienes son integrantes de una estructura que opera en dicho municipio.
Ambos son acusados de intentar quitar la vida a agentes policiales, además de portar, comercializar y fabricar pertrechos artesanales.
Según los informes, agentes policiales fueron alertados que el 26 de agosto de 2017, a eso de las 11:00 de la noche, varios pandilleros se encontraban “molestando a la gente que transitaba por el lugar”, indicó una fuente judicial.
Por lo que de inmediato se presentaron a la comunidad El Arenal de Ilopango. Al notar la presencia de las autoridades, los sujetos comenzaron a correr y tras una persecución se logró la detención de ambos sujetos.
Previo a la capturarlos, hubo un enfrentamiento en el cual no hubo víctimas. Además se les incautaron artículos con los que arremetieron contra los agentes.
Tras el arresto, ambos sujetos fueron trasladados a la delegación policial donde se les informó que quedarían detenidos por los hechos antes mencionados.
En audiencia virtual, el juez consideró que los elementos no son suficientes para poder determinar la probable participación en el hecho que se les acusa, ya que la Fiscalía no sustentó la acusación por tanto decidió sobreseerlos definitivamente por la fabricación o portación de pertrechos artesanales.
Además fueron sobreseídos provisionalmente por el intento de quitarle la vida a los agentes.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
