Judicial
Pandilleros que asesinaron con lujo de barbarie a una mujer son condenados a 40 años de cárcel
Cuatro pandilleros fueron condenados a 40 años de prisión tras ser hallados culpables de asesinar a Vilma Esperanza Iraheta, de 60 años de edad, reportaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).
A la víctima le fue arrebatada la vida con lujo de barbarie por un grupo de, por los menos, 10 terroristas, el 22 de noviembre de 2016, en el caserío San Lázaro, del cantón San Pedro, en el municipio de Apastepeque, del departamento de San Vicente.
La FGR detalló que con base a las pruebas presentadas en el juicio el Juzgado de Sentencia los condenó en calidad de coautores. Se trata de Víctor Antonio Ramírez Barahona, César Antonio Barahona Amaya, José Ambrosio Lemus Ayala y Wilson Adán Ramírez Rivas. Cinco pandilleros más son prófugos de la justicia.
La sexagenaria fue atacada en su casa de habitación donde fue golpeada en las primeras horas de la noche. En el patio de la vivienda encontraron restos de placa dental y manchas de sangre.
Posteriormente, de acuerdo con la prueba testimonial, en forma inconsciente, Vilma Esperanza, fue trasladada por el grupo de delincuentes hasta el lugar conocido como Altos Rivera, próximo a una poza. Allí fue mutilada y enterrada.
De acuerdo con las hipótesis, a doña Vilma le fue arrebatada la vida por recibir a los policías en su casa y darles café. Los mareros la consideraban una informante.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
