Judicial
Ocho años de cárcel para sujetos acusados de robo a una persona con régimen de protección en Santa Ana
La Unidad de Solución Temprana de la oficina Fiscal de Santa Ana, logró que un tribunal condenara a una pareja por el delito de Robo Agravado a ocho años de cárcel y al pago de $200 en concepto de responsabilidad civil, en perjuicio de una persona que goza de régimen de protección.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados identificados como: Héctor David Sorto Jiménez y Joselin Margarita Hernández Cuellar, fueron condenados por el Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana, luego de que la representación Fiscal con pruebas pericial, documental y el testimonio de la víctima, demostró la participación de cada uno en los hechos cometidos el pasado 8 de enero de 2020.
Además, el hecho sucedió en la fecha antes mencionada alrededor da la 1:00 de la tarde, sobre la 10º Avenida Sur, entre 33 y 35 Calle Poniente del municipio y departamento de Santa Ana, cuando la víctima se baja en la parada de buses del Centro Escolar INSA, y les pide ayuda a un grupo de soldados, a quienes les denunció que, de ese mismo autobús minutos antes se habían bajado un hombre y una mujer quienes le robado el celular, luego de que se subieran en la parada de buses del Colegio San Luis.
Luego de escuchar a la víctima los elementos de la Fuerza Armada, inician la persecución de los imputados logrando darles alcance como a unos cincuenta metros, encontrándole un cuchillo al hombre, quien en ese momento también tira un celular al suelo y la mujer lo recoge y se lo entrega a la víctima, quien lo reconoce como su celular.
Además, la víctima manifestó que el hombre le había hecho señas de la mara, y también le pedido le DUI, que si no se lo entregaba le daría un regalito que llevaba en su mochila, luego de ver el documento lo tirado al piso del autobús. Por lo que los elementos de la Fuerza Armada piden apoyo a la policía, los cuales la llegar a la escena proceden a la detención de ambos sujetos.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
