Judicial
Ocho años de cárcel para sujetos acusados de robo a una persona con régimen de protección en Santa Ana
La Unidad de Solución Temprana de la oficina Fiscal de Santa Ana, logró que un tribunal condenara a una pareja por el delito de Robo Agravado a ocho años de cárcel y al pago de $200 en concepto de responsabilidad civil, en perjuicio de una persona que goza de régimen de protección.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados identificados como: Héctor David Sorto Jiménez y Joselin Margarita Hernández Cuellar, fueron condenados por el Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana, luego de que la representación Fiscal con pruebas pericial, documental y el testimonio de la víctima, demostró la participación de cada uno en los hechos cometidos el pasado 8 de enero de 2020.
Además, el hecho sucedió en la fecha antes mencionada alrededor da la 1:00 de la tarde, sobre la 10º Avenida Sur, entre 33 y 35 Calle Poniente del municipio y departamento de Santa Ana, cuando la víctima se baja en la parada de buses del Centro Escolar INSA, y les pide ayuda a un grupo de soldados, a quienes les denunció que, de ese mismo autobús minutos antes se habían bajado un hombre y una mujer quienes le robado el celular, luego de que se subieran en la parada de buses del Colegio San Luis.
Luego de escuchar a la víctima los elementos de la Fuerza Armada, inician la persecución de los imputados logrando darles alcance como a unos cincuenta metros, encontrándole un cuchillo al hombre, quien en ese momento también tira un celular al suelo y la mujer lo recoge y se lo entrega a la víctima, quien lo reconoce como su celular.
Además, la víctima manifestó que el hombre le había hecho señas de la mara, y también le pedido le DUI, que si no se lo entregaba le daría un regalito que llevaba en su mochila, luego de ver el documento lo tirado al piso del autobús. Por lo que los elementos de la Fuerza Armada piden apoyo a la policía, los cuales la llegar a la escena proceden a la detención de ambos sujetos.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
