Judicial
Ocho años de cárcel para sujetos acusados de robo a una persona con régimen de protección en Santa Ana
La Unidad de Solución Temprana de la oficina Fiscal de Santa Ana, logró que un tribunal condenara a una pareja por el delito de Robo Agravado a ocho años de cárcel y al pago de $200 en concepto de responsabilidad civil, en perjuicio de una persona que goza de régimen de protección.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados identificados como: Héctor David Sorto Jiménez y Joselin Margarita Hernández Cuellar, fueron condenados por el Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana, luego de que la representación Fiscal con pruebas pericial, documental y el testimonio de la víctima, demostró la participación de cada uno en los hechos cometidos el pasado 8 de enero de 2020.
Además, el hecho sucedió en la fecha antes mencionada alrededor da la 1:00 de la tarde, sobre la 10º Avenida Sur, entre 33 y 35 Calle Poniente del municipio y departamento de Santa Ana, cuando la víctima se baja en la parada de buses del Centro Escolar INSA, y les pide ayuda a un grupo de soldados, a quienes les denunció que, de ese mismo autobús minutos antes se habían bajado un hombre y una mujer quienes le robado el celular, luego de que se subieran en la parada de buses del Colegio San Luis.
Luego de escuchar a la víctima los elementos de la Fuerza Armada, inician la persecución de los imputados logrando darles alcance como a unos cincuenta metros, encontrándole un cuchillo al hombre, quien en ese momento también tira un celular al suelo y la mujer lo recoge y se lo entrega a la víctima, quien lo reconoce como su celular.
Además, la víctima manifestó que el hombre le había hecho señas de la mara, y también le pedido le DUI, que si no se lo entregaba le daría un regalito que llevaba en su mochila, luego de ver el documento lo tirado al piso del autobús. Por lo que los elementos de la Fuerza Armada piden apoyo a la policía, los cuales la llegar a la escena proceden a la detención de ambos sujetos.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
