Judicial
Ocho años de cárcel para sujetos acusados de robo a una persona con régimen de protección en Santa Ana
La Unidad de Solución Temprana de la oficina Fiscal de Santa Ana, logró que un tribunal condenara a una pareja por el delito de Robo Agravado a ocho años de cárcel y al pago de $200 en concepto de responsabilidad civil, en perjuicio de una persona que goza de régimen de protección.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados identificados como: Héctor David Sorto Jiménez y Joselin Margarita Hernández Cuellar, fueron condenados por el Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana, luego de que la representación Fiscal con pruebas pericial, documental y el testimonio de la víctima, demostró la participación de cada uno en los hechos cometidos el pasado 8 de enero de 2020.
Además, el hecho sucedió en la fecha antes mencionada alrededor da la 1:00 de la tarde, sobre la 10º Avenida Sur, entre 33 y 35 Calle Poniente del municipio y departamento de Santa Ana, cuando la víctima se baja en la parada de buses del Centro Escolar INSA, y les pide ayuda a un grupo de soldados, a quienes les denunció que, de ese mismo autobús minutos antes se habían bajado un hombre y una mujer quienes le robado el celular, luego de que se subieran en la parada de buses del Colegio San Luis.
Luego de escuchar a la víctima los elementos de la Fuerza Armada, inician la persecución de los imputados logrando darles alcance como a unos cincuenta metros, encontrándole un cuchillo al hombre, quien en ese momento también tira un celular al suelo y la mujer lo recoge y se lo entrega a la víctima, quien lo reconoce como su celular.
Además, la víctima manifestó que el hombre le había hecho señas de la mara, y también le pedido le DUI, que si no se lo entregaba le daría un regalito que llevaba en su mochila, luego de ver el documento lo tirado al piso del autobús. Por lo que los elementos de la Fuerza Armada piden apoyo a la policía, los cuales la llegar a la escena proceden a la detención de ambos sujetos.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
