Judicial
Niegan medidas sustitutivas a exalcalde Ernesto Muyshondt por no cumplir requisitos
Foto: Centros Judiciales El Salvador
El Juzgado 8vo de Instrucción de San Salvador resolvió hoy que el exalcalde capitalino por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Ernesto Muyshondt García Prieto, se mantenga en prisión mientras continua el proceso en su contra.
La audiencia de revisión de medidas fue solicitada por el abogado defensor del imputado, debido a su condición de salud.
Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal determinó que el tratamiento médico puede ser recibido al interior del centro penal, por lo que el juzgado ordenó, además, que se le proporcione terapia psiquiátrica debido al cuadro de ansiedad que presenta actualmente.
Ante esto, el exfuncionario la emprendió en contra de sus abogados a quienes cuestionó de haberle ejercido una «pésima defensa».
«Este día he sido mal presentado, pesimamente presentado por mi defensa y no supieron explicar la gravedad de mi situación que estoy sufriendo», dijo el exalcalde al salir de la audiencia especial de revisión de medidas.
Cabe mencionar que Muyshondt, es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes.
Este caso comenzó a ser investigado por el Ministerio Público luego de un aviso que presentó la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, sobre una auditoría realizada en la Dirección Municipal para la Gestión de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador, donde se descubrió que se había retenido renta por $275,145, pero que no fue pagado en el Ministerio de Hacienda.
Cuando se hizo la audiencia inicial el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, decretó detención provisional para el alcalde y el extesorero de la alcaldía capitalina, Fernando Portillo Linares, mientras que a Francisco José Rivera Chacón, exrepresentante legal de la comuna le impusieron medidas alternas a la detención bajo pago de una fianza de $5,000.
En otro proceso Muyshondt, enfrentó una audiencia por retención indebida de $21,000, en calidad de representante legal de la empresa Agropecuaria Monte Grande S.A de C.V., con las multas e intereses terminó pagando $50,645.42 para ser sobreseído junto a su tío Francisco Enrique García Prieto Hirlemann, en el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
