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Judicial

Niegan medidas sustitutivas a exalcalde Ernesto Muyshondt por no cumplir requisitos

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Foto: Centros Judiciales El Salvador

El Juzgado 8vo de Instrucción de San Salvador resolvió hoy que el exalcalde capitalino por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Ernesto Muyshondt García Prieto, se mantenga en prisión mientras continua el proceso en su contra.

La audiencia de revisión de medidas fue solicitada por el abogado defensor del imputado, debido a su condición de salud.

Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal determinó que el tratamiento médico puede ser recibido al interior del centro penal, por lo que el juzgado ordenó, además, que se le proporcione terapia psiquiátrica debido al cuadro de ansiedad que presenta actualmente.

Ante esto, el exfuncionario la emprendió en contra de sus abogados a quienes cuestionó de haberle ejercido una «pésima defensa».

«Este día he sido mal presentado, pesimamente presentado por mi defensa y no supieron explicar la gravedad de mi situación que estoy sufriendo», dijo el exalcalde al salir de la audiencia especial de revisión de medidas.

Cabe mencionar que Muyshondt, es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes.

Este caso comenzó a ser investigado por el Ministerio Público luego de un aviso que presentó la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, sobre una auditoría realizada en la Dirección Municipal para la Gestión de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador, donde se descubrió que se había retenido renta por $275,145, pero que no fue pagado en el Ministerio de Hacienda.

Cuando se hizo la audiencia inicial el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, decretó detención provisional para el alcalde y el extesorero de la alcaldía capitalina, Fernando Portillo Linares, mientras que a Francisco José Rivera Chacón, exrepresentante legal de la comuna le impusieron medidas alternas a la detención bajo pago de una fianza de $5,000.

En otro proceso Muyshondt, enfrentó una audiencia por retención indebida de $21,000, en calidad de representante legal de la empresa Agropecuaria Monte Grande S.A de C.V., con las multas e intereses terminó pagando $50,645.42 para ser sobreseído junto a su tío Francisco Enrique García Prieto Hirlemann, en el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador.

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Judicial

143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13 fueron condenados hasta con 75 años de prisión

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13, del programa Libertad, fueran condenados a penas que van desde los 20 hasta los 75 años de prisión por su vinculación y pertenencia a la estructura criminal y por otros delitos.

Todos los pandilleros delinquían en el cantón Lourdes, del distrito de Colón, en en las colonias Cinco Cedros, San Mateo, El Chapernal, Bazzini, Las 600 y zonas aledañas del departamento de La Libertad y fueron sentenciados según el grado de participación o rango en la estructura criminal. Todos fueron capturados a partir de la implementación del régimen de excepción.

Entre las sentencias más altas está la 75 años de prisión impuesta a Cristian Dagoberto Alas García, alias Chory o Espía; al imputado se le condenó por los delitos de agrupaciones ilícitas, siembra y cultivo de marihuana y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. El imputado fue capturado en agosto de 2022, en una finca de Talnique, donde almacenaba dos armas de guerra y cultivaba plantas de marihuana.

67 años de prisión fue la condena impuesta a Miqueas Misael Hernández Rodríguez, alias Miqueas, por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas, posesión de drogas con fines de tráfico y amenazas agravadas. Al momento de la captura el imputado amenazó verbalmente a elementos de la Fuerza Armada y se le incautaron sustancias ilícitas y un arma de fuego sin documentación legal.

El corredor de clica, Carlos Gerardo Escobar, alias Drupi, fue condenado a 66 años de prisión por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas de fuego y posesión de drogas; el imputado fue detenido en noviembre de 2022 en San Juan Opico, cuando intentó ocultar un arma de fuego y huir de las autoridades.

Otro de los condenados es el corredor de clica Jonathan David Doradea, alias Bacha o Mafioso, a quien se le impusieron 51 años de prisión por agrupaciones ilícitas y posesión de drogas.

Los corredores de clica Fidel Antonio Ramos Flores, alias Viejo Tigre, y Nelson Enrique Larios Saget, alias Duende, recibieron 45 años de prisión por agrupaciones ilícitas.

A esa misma pena y por el mismo delito fueron condenados los homeboys: Juan Carlos López Serrano, alias «Chacal»; Edwin Alexander Monterroza Arévalo, alias «Sayco»; Víctor Manuel Miranda Rosales, alias «Wizar»,  Elvis Jovanny Henriquez Montes, alias Espiri; Óscar Alfredo Alas Corea, alias «Black» o «Kilo»; Pedro Antonio Urbano Menjívar, alias «Vago»; Marvin Joel Gómez Portillo, alias «Slow»; Jairo Adonay Molina Paz, alias «Sparky»; Samuel Enrique Nieto Flores, alias «Zombie»; Andrés Rivas Menéndez, alias «Timón»; Juan Antonio García Cortez, alias «Humilde» o «Juan»; Juan Ramón Hernández Estrada, alias «Little Boy»; Samuel Eduardo Martínez Salazar, alias «Dauner»; Roberto Antonio Bermúdez Santamaría, alias «Pulga»; Dagoberto de Jesús Quintanilla, alias «Shorty»; Nelson Edgardo Aguirre Martínez, alias «Sombra»; Pedro José Sánchez Leiva, alias «Zonte»; Dany Wilson Ávalos Abrego, alias «Vigion»; Marcos Salvador López Martínez, alias «Gato de la Belén»; Manfredy Marcos Vanegas Durán, alias «Flaco» o «Scrapy»; Luis Alonso Gómez de Paz, alias «Pega»; Edwin Osmín Ruiz Aguilar, alias «Maníaco»; Francisco López Hernández, alias «Sapo»; Hayser Antonio Madrid Argueta, alias «Hayser», Carlos Antonio Ramírez, alias «Mico» y  Elmer Shunico Shunico.

El resto de penas oscilan entre 36, 30 y 20 años de prisión. Según el fallo se condenó a 4 corredores de clica, 27 homeboys, 61 chequeos, 4 observaciones y 47 paro o colaboradores.

Estas condenas fueron impuestas en presencia de los imputados por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó el ente fiscal durante la audiencia única.

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40 años de cárcel para pandillero que amenazó y extorsionó a una víctima en San Miguel

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Milton Osmín Bonilla Romero fue condenado a 40 años de prisión por el delito de extorsión.

Según la acusación fiscal, entre abril y septiembre de 2011, la víctima fue amenazada de muerte por miembros de la MS-13. Por temor a las amenazas, la víctima denunció el hecho el 2 de agosto de ese mismo año ante la Policía Nacional Civil (PNC).

Para ubicar al responsable, se realizaron dos entregas controladas de dinero el 11 y el 29 de septiembre de 2011, en el interior de un centro comercial de la ciudad de San Miguel, donde identificaron y capturaron a Bonilla Romero.

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel lo condenó a 20 años de cárcel por cada entrega de dinero en la que participó el procesado.

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Detenida mujer acusada de estafar a 11 parejas con servicios de organización de bodas en El Salvador

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El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó la detención provisional de Tránsito Guadalupe Marroquín, de 48 años, acusada del delito de estafa agravada en perjuicio de 11 personas que habrían contratado sus servicios para la organización de bodas.

De acuerdo con la investigación, la imputada promocionaba sus servicios como planificadora de eventos a través de redes sociales y solicitaba anticipos mediante transferencias bancarias para organizar celebraciones programadas entre 2025 y 2026.

La Fiscalía sostiene que, en algunos casos, los locales nunca fueron reservados, mientras que en los eventos que sí se realizaron, los servicios brindados no coincidieron con lo acordado.

Entre las irregularidades señaladas se encuentran la falta de decoración, banquete, cristalería, bebidas, ramo de novia y otros servicios adicionales que habían sido ofrecidos a los clientes.

Según el requerimiento fiscal, el perjuicio económico causado a las 11 víctimas asciende a $19,651.

Tras la audiencia inicial, la jueza determinó que existen suficientes indicios para que el proceso continúe en la etapa de instrucción y ordenó que Marroquín permanezca en detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

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