Judicial
Niegan medidas sustitutivas a exalcalde Ernesto Muyshondt por no cumplir requisitos
Foto: Centros Judiciales El Salvador
El Juzgado 8vo de Instrucción de San Salvador resolvió hoy que el exalcalde capitalino por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Ernesto Muyshondt García Prieto, se mantenga en prisión mientras continua el proceso en su contra.
La audiencia de revisión de medidas fue solicitada por el abogado defensor del imputado, debido a su condición de salud.
Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal determinó que el tratamiento médico puede ser recibido al interior del centro penal, por lo que el juzgado ordenó, además, que se le proporcione terapia psiquiátrica debido al cuadro de ansiedad que presenta actualmente.
Ante esto, el exfuncionario la emprendió en contra de sus abogados a quienes cuestionó de haberle ejercido una «pésima defensa».
«Este día he sido mal presentado, pesimamente presentado por mi defensa y no supieron explicar la gravedad de mi situación que estoy sufriendo», dijo el exalcalde al salir de la audiencia especial de revisión de medidas.
Cabe mencionar que Muyshondt, es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes.
Este caso comenzó a ser investigado por el Ministerio Público luego de un aviso que presentó la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, sobre una auditoría realizada en la Dirección Municipal para la Gestión de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador, donde se descubrió que se había retenido renta por $275,145, pero que no fue pagado en el Ministerio de Hacienda.
Cuando se hizo la audiencia inicial el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, decretó detención provisional para el alcalde y el extesorero de la alcaldía capitalina, Fernando Portillo Linares, mientras que a Francisco José Rivera Chacón, exrepresentante legal de la comuna le impusieron medidas alternas a la detención bajo pago de una fianza de $5,000.
En otro proceso Muyshondt, enfrentó una audiencia por retención indebida de $21,000, en calidad de representante legal de la empresa Agropecuaria Monte Grande S.A de C.V., con las multas e intereses terminó pagando $50,645.42 para ser sobreseído junto a su tío Francisco Enrique García Prieto Hirlemann, en el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
