Judicial
Menores de edad son condenados por el asesinato de un Sargento en Ahuachapán
Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR), durante la vista de la causa (última fase del proceso en menores), fueron contundentes en contra de dos menores. El Juzgado de Menores de Ahuachapán declaró la responsabilidad penal de los adolescentes por haber participado en el crimen de un sargento de la Policía Nacional Civil (PNC), y ahora han sido enviados a un resguardo para que cumplan una medida de internamiento de 12 años.
Así lo dio a conocer la Unidad Especializada Antihomicidios de la FGR, la cual detalló que el Juez de Menores de esa localidad desarrolló la audiencia en contra de Gabriel G., alias “Ratón” y José M., alias “Tingo”; a quienes se les encausó por el ilícito de Homicidio Agravado, en perjuicio de Víctor Manuel Salazar Martínez. Los involucrados en este hecho están ligados a grupos terroristas.
Los diferentes elementos probatorios que la representación fiscal acreditó durante la audiencia, fueron admitidos por el aplicador de justicia.
Y es que de acuerdo a la investigación fiscal, el 26 de julio de 2017, la víctima se dirigía hacia su vivienda en horas de la noche cuando fue atacado por varios criminales, quienes con arma de fuego y arma blanca le causaron la muerte de forma inmediata.
Toda la investigación fue fundamentada con prueba de tipo pericial, documental y testimonial, entre la que se encuentra la ofrecida por el testigo protegido con clave “Eliseo” y que fue acorde a los hechos expuestos por la fiscal especializada.
Los hechos sucedieron en esa fecha en el Pasaje 2, de la calle a Los Huatales, colonia los Girasoles, en la jurisdicción de Ahuachapán.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
