Judicial
Medios vinculan al fiscal general con el expresidente Saca
Distintos medios de comunicación han comenzado a ligar directamente al fiscal general Douglas Meléndez, con el expresidente y ahora imputado, Antonio Saca, y lo acusan sin presentar pruebas de haber recibido dinero por el acuerdo que logró por el proceso abreviado.
Según una publicación, del medio El Salvador Urgente, Meléndez habría recibido $2 millones para beneficiar a Saca, quien es procesado de desviar $300 millones de Casa Presidencial para beneficiarse de manera ilícita, así como a sus propias empresas y amigos personas durante su mandato entre 2004 y 2009.
La información asegura que el abogado del expresidente, Mario Machado Calderón fue el encargado de entregar la suma de dinero a través de una de sus empresas off shore domiciliada en Panamá y bajo el nombre de Law Corp MM.
Asimismo, aseguran que ese monto incluso podría ser superior, si al finalizar el juicio la condena sea menor a los 10 años que se pidieron al inicio el proceso.
Por su parte, el portal de noticias El Confidencial asegura que esta información se habría filtrado a través de la escucha de llamadas telefónicas de estrechos colaboradores del fiscal que habrían participado en el arreglo y revelaron en sus conversaciones los términos en que se tomó el acuerdo.
Según la fuente de El Confidencial, las conversaciones se habrían llevado a cabo a mediados del mes de julio en un discreto hotel de la capital panameña.
En esta misma línea, esta publicación expone que esos $2 millones que se le habrían entregado a Meléndez provendrían de los fondos que la Fiscalía aceptó públicamente que no podrían recuperarse por haber pasado más de 10 años del cometimiento de los delitos.
La publicación sostiene que fuentes fiscales, que pidieron el anonimato, habrían asegurado que el capital “desaparecido” se habría escondido a través de las operaciones de lavado que empresas salvadoreñas realizaron en Panamá durante varios años y que fueron descubiertas a través de la investigación que se conoció como los “Panamá Papers”.
El juicio contra Saca, tres de sus exfuncionarios y tres empleados de Casa Presidencial que lo habrían ayudado al desvío de fondos continúa en proceso.
El Ministerio Público pidió se realizara un proceso abreviado en este caso, es decir, que Saca y los implicados deben aceptar y confesar los hechos acusados, tal como lo hicieron en sus declaraciones a cambio de una reducción de pena.
La Fiscalía pidió 10 años de prisión para Saca y Elmer Charlaix, exsecretario privado de la Presidencia, ambos están siendo acusados por peculado y lavado de dinero. Por otro lado, para César Funes, exsecretario de Juventud, y a Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones, la pena que se ha pedido es de 5 años de prisión por lavado de dinero.
Serán los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador los que decidirán finalmente la pena al terminar el juicio.
Por: El Salvador Times.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que concluyó la jornada de este martes en la vista pública contra varios exfuncionarios y particulares involucrados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y municipales de 2015.
Los imputados enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas y fraude procesal, tras supuestamente ofrecer beneficios económicos a pandillas a cambio de votos. Entre los acusados se encuentran Ernesto Luis Muyshondt García Prieto, Benito Antonio Lara Fernández, Ramón Arístides Valencia Arana, Wilson Alexander Alvarado Alemán y Arnd Richard Luers (Paolo Luers).
El Tribunal 1° de Sentencia determinó que existe riesgo de fuga por parte del exministro Benito Lara, por lo que ordenó que permanezca detenido mientras avanza el proceso judicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Israel López fue condenado a 20 años de prisión por asesinar a un hombre en el cantón Primavera, del distrito El Tránsito, en San Miguel.
El crimen ocurrió en noviembre de 2024, cuando la víctima se encontraba dentro de una milpa y fue atacada por López con un machete en la cabeza y el cuello, causándole la muerte de manera inmediata.
Las investigaciones revelaron que el acusado mantenía una deuda con la víctima y, tras recibir varios reclamos de pago, decidió cometer el homicidio.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
