Distintos medios de comunicación han comenzado a ligar directamente al fiscal general Douglas Meléndez, con el expresidente y ahora imputado, Antonio Saca, y lo acusan sin presentar pruebas de haber recibido dinero por el acuerdo que logró por el proceso abreviado.

Según una publicación, del medio El Salvador Urgente, Meléndez habría recibido $2 millones para beneficiar a Saca, quien es procesado de desviar $300 millones de Casa Presidencial para beneficiarse de manera ilícita, así como a sus propias empresas y amigos personas durante su mandato entre 2004 y 2009.

La información asegura que el abogado del expresidente, Mario Machado Calderón fue el encargado de entregar la suma de dinero a través de una de sus empresas off shore domiciliada en Panamá y bajo el nombre de Law Corp MM.

Asimismo, aseguran que ese monto incluso podría ser superior, si al finalizar el juicio la condena sea menor a los 10 años que se pidieron al inicio el proceso.

Por su parte, el portal de noticias El Confidencial asegura que esta información se habría filtrado a través de la escucha de llamadas telefónicas de estrechos colaboradores del fiscal que habrían participado en el arreglo y revelaron en sus conversaciones los términos en que se tomó el acuerdo.

Según la fuente de El Confidencial, las conversaciones se habrían llevado a cabo a mediados del mes de julio en un discreto hotel de la capital panameña.

En esta misma línea, esta publicación expone que esos $2 millones que se le habrían entregado a Meléndez provendrían de los fondos que la Fiscalía aceptó públicamente que no podrían recuperarse por haber pasado más de 10 años del cometimiento de los delitos.

La publicación sostiene que fuentes fiscales, que pidieron el anonimato, habrían asegurado que el capital “desaparecido” se habría escondido a través de las operaciones de lavado que empresas salvadoreñas realizaron en Panamá durante varios años y que fueron descubiertas a través de la investigación que se conoció como los “Panamá Papers”.

El juicio contra Saca, tres de sus exfuncionarios y tres empleados de Casa Presidencial que lo habrían ayudado al desvío de fondos continúa en proceso.

El Ministerio Público pidió se realizara un proceso abreviado en este caso, es decir, que Saca y los implicados deben aceptar y confesar los hechos acusados, tal como lo hicieron en sus declaraciones a cambio de una reducción de pena.

La Fiscalía pidió 10 años de prisión para Saca y Elmer Charlaix, exsecretario privado de la Presidencia, ambos están siendo acusados por peculado y lavado de dinero. Por otro lado, para César Funes, exsecretario de Juventud, y a Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones, la pena que se ha pedido es de 5 años de prisión por lavado de dinero.

Serán los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador los que decidirán finalmente la pena al terminar el juicio.

Por: El Salvador  Times.

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