Judicial
Medios vinculan al fiscal general con el expresidente Saca
Distintos medios de comunicación han comenzado a ligar directamente al fiscal general Douglas Meléndez, con el expresidente y ahora imputado, Antonio Saca, y lo acusan sin presentar pruebas de haber recibido dinero por el acuerdo que logró por el proceso abreviado.
Según una publicación, del medio El Salvador Urgente, Meléndez habría recibido $2 millones para beneficiar a Saca, quien es procesado de desviar $300 millones de Casa Presidencial para beneficiarse de manera ilícita, así como a sus propias empresas y amigos personas durante su mandato entre 2004 y 2009.
La información asegura que el abogado del expresidente, Mario Machado Calderón fue el encargado de entregar la suma de dinero a través de una de sus empresas off shore domiciliada en Panamá y bajo el nombre de Law Corp MM.
Asimismo, aseguran que ese monto incluso podría ser superior, si al finalizar el juicio la condena sea menor a los 10 años que se pidieron al inicio el proceso.
Por su parte, el portal de noticias El Confidencial asegura que esta información se habría filtrado a través de la escucha de llamadas telefónicas de estrechos colaboradores del fiscal que habrían participado en el arreglo y revelaron en sus conversaciones los términos en que se tomó el acuerdo.
Según la fuente de El Confidencial, las conversaciones se habrían llevado a cabo a mediados del mes de julio en un discreto hotel de la capital panameña.
En esta misma línea, esta publicación expone que esos $2 millones que se le habrían entregado a Meléndez provendrían de los fondos que la Fiscalía aceptó públicamente que no podrían recuperarse por haber pasado más de 10 años del cometimiento de los delitos.
La publicación sostiene que fuentes fiscales, que pidieron el anonimato, habrían asegurado que el capital “desaparecido” se habría escondido a través de las operaciones de lavado que empresas salvadoreñas realizaron en Panamá durante varios años y que fueron descubiertas a través de la investigación que se conoció como los “Panamá Papers”.
El juicio contra Saca, tres de sus exfuncionarios y tres empleados de Casa Presidencial que lo habrían ayudado al desvío de fondos continúa en proceso.
El Ministerio Público pidió se realizara un proceso abreviado en este caso, es decir, que Saca y los implicados deben aceptar y confesar los hechos acusados, tal como lo hicieron en sus declaraciones a cambio de una reducción de pena.
La Fiscalía pidió 10 años de prisión para Saca y Elmer Charlaix, exsecretario privado de la Presidencia, ambos están siendo acusados por peculado y lavado de dinero. Por otro lado, para César Funes, exsecretario de Juventud, y a Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones, la pena que se ha pedido es de 5 años de prisión por lavado de dinero.
Serán los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador los que decidirán finalmente la pena al terminar el juicio.
Por: El Salvador Times.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
