Judicial
Mario Huezo, presunto asesino de periodista Karla Trucios, enfrenta audiencia preliminar este martes
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que este martes 27 de agosto se instalará la audiencia preliminar contra el imputado Mario Huezo, acusado del feminicidio de su esposa, la periodista Karla Turcios.
La audiencia se llevará a cabo en el Tribunal Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de San Salvador, donde Huezo deberá responder por las acusaciones en su contra luego que el Ministerio Público Fiscal ha tenido la etapa de instrucción para robustecer las pruebas en contra del procesado.
Según la FGR, el pasado 14 de abril de 2018 Mario Huezo asfixió a su esposa en la cama de habitación donde ellos residían.
Posteriormente a quitarle la vida. Huezo llevó el cadáver de la periodista en el baúl de su vehículo la carretera Longitudinal del Norte, en el municipio de Santa Rosa Guachipilín, departamento de Santa Ana, donde lo lanzó a la orilla de la carretera.
Posteriormente y para despistar a las autoridades, el sujeto fingió que su esposa había desaparecido y divulgó esa información en redes sociales.
Pero las investigaciones preliminares dejaban muchos indicios sobre la implicación de Huezo en el crimen, por lo que se cotejó la información de su celular y el recorrido que hizo en su vehículo el día de los hechos, lo que determinó que el había ido a abandonar el cuerpo de Karla Turcios al lugar anteriormente mencionado.
Turcios habría sido asesinada por misoginia o desprecio a su condición de ser mujer, indicó en su momento Graciela Sagastume, coordinadora de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y otros grupos en condición de vulnerabilidad (DNMPV) de la FGR.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
