Judicial
Juzgado ordena que siga en prisión mujer que estafó a víctimas invitándolas a invertir en su negocio
El Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, departamento de La Libertad, ordenó que Ana Yudy Gómez Díaz, continúa en prisión por el delito de estafa en perjuicio de 17 personas.
La imputada ya tenía antecedentes, ya que el 14 de julio de 2022, Fiscalía General de la República ordenó la detención por haber estafado a 40 víctimas por un monto total de $500,000 a quienes les proponía invertir en su negocio, pero nunca recibieron ganancias.
Luego de esa captura el ministerio público hizo un llamado a las personas afectadas por la imputada a que se acercaran a denunciar en sedes policiales y fiscales y fue así como aparecieron otras 17 víctimas.
El caso de las 40 víctimas fue llevado al Juzgado Tercero de Paz de Santa Tecla. Gómez Díaz contactaba a personas de confianza o conocidas a través Facebook y les invitaba a invertir en su negocio.
Al principio las personas estafadas firmaban un documento donde les garantizaba que iba compartir ganancias, les entregaba de una a dos cuotas, pero después ya no les daba nada.
Gómez Díaz convencía a sus víctimas a quienes les decía que iban a obtener intereses de 15%, 20% 25% y 35% mensuales, para que invirtieran su dinero.
Por el segundo proceso penal de estafa, la Fiscalía confirmó que las pruebas presentadas al Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla fueron valoradas para decretar la detención de la acusada.
#InstrucciónConDetención I La estafadora Ana Yudy Gómez Díaz engañó a 17 víctimas para que le entregaran dinero, en concepto de inversión que les generaría ganancias, las cuales nunca entregó a las personas.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 25, 2022
Fiscal brinda más detalles: pic.twitter.com/NOXRLlencS
«Esta representación fiscal ha logrado a la fecha poder recabar suficientes elementos de juicio para poder establecer la existencia del delito de estafa, así mismo deducir con probabilidad positiva la participación de la señora procesada en la comisión del mismo», sostuvo el fiscal del caso.
Según el señalamiento fiscal «la acusada ha sido operadora de un sistema fraudulento jugando un papel activo de reclutamiento de personas a quienes les ha ofrecido que inviertan su dinero a cambio de atractivas utilidades».
Lo que las pesquisas determinaron es que ese ofrecimiento de ganancias de interés mensual es un negocio falso que solo le permitió a la imputada captar grandes cantidades de dinero que causó un perjuicio económico en las víctimas.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
