Judicial
Juzgado ordena que siga en prisión mujer que estafó a víctimas invitándolas a invertir en su negocio
El Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, departamento de La Libertad, ordenó que Ana Yudy Gómez Díaz, continúa en prisión por el delito de estafa en perjuicio de 17 personas.
La imputada ya tenía antecedentes, ya que el 14 de julio de 2022, Fiscalía General de la República ordenó la detención por haber estafado a 40 víctimas por un monto total de $500,000 a quienes les proponía invertir en su negocio, pero nunca recibieron ganancias.
Luego de esa captura el ministerio público hizo un llamado a las personas afectadas por la imputada a que se acercaran a denunciar en sedes policiales y fiscales y fue así como aparecieron otras 17 víctimas.
El caso de las 40 víctimas fue llevado al Juzgado Tercero de Paz de Santa Tecla. Gómez Díaz contactaba a personas de confianza o conocidas a través Facebook y les invitaba a invertir en su negocio.
Al principio las personas estafadas firmaban un documento donde les garantizaba que iba compartir ganancias, les entregaba de una a dos cuotas, pero después ya no les daba nada.
Gómez Díaz convencía a sus víctimas a quienes les decía que iban a obtener intereses de 15%, 20% 25% y 35% mensuales, para que invirtieran su dinero.
Por el segundo proceso penal de estafa, la Fiscalía confirmó que las pruebas presentadas al Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla fueron valoradas para decretar la detención de la acusada.
#InstrucciónConDetención I La estafadora Ana Yudy Gómez Díaz engañó a 17 víctimas para que le entregaran dinero, en concepto de inversión que les generaría ganancias, las cuales nunca entregó a las personas.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 25, 2022
Fiscal brinda más detalles: pic.twitter.com/NOXRLlencS
«Esta representación fiscal ha logrado a la fecha poder recabar suficientes elementos de juicio para poder establecer la existencia del delito de estafa, así mismo deducir con probabilidad positiva la participación de la señora procesada en la comisión del mismo», sostuvo el fiscal del caso.
Según el señalamiento fiscal «la acusada ha sido operadora de un sistema fraudulento jugando un papel activo de reclutamiento de personas a quienes les ha ofrecido que inviertan su dinero a cambio de atractivas utilidades».
Lo que las pesquisas determinaron es que ese ofrecimiento de ganancias de interés mensual es un negocio falso que solo le permitió a la imputada captar grandes cantidades de dinero que causó un perjuicio económico en las víctimas.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
