Judicial
Juzgado ordena que siga en prisión mujer que estafó a víctimas invitándolas a invertir en su negocio
El Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, departamento de La Libertad, ordenó que Ana Yudy Gómez Díaz, continúa en prisión por el delito de estafa en perjuicio de 17 personas.
La imputada ya tenía antecedentes, ya que el 14 de julio de 2022, Fiscalía General de la República ordenó la detención por haber estafado a 40 víctimas por un monto total de $500,000 a quienes les proponía invertir en su negocio, pero nunca recibieron ganancias.
Luego de esa captura el ministerio público hizo un llamado a las personas afectadas por la imputada a que se acercaran a denunciar en sedes policiales y fiscales y fue así como aparecieron otras 17 víctimas.
El caso de las 40 víctimas fue llevado al Juzgado Tercero de Paz de Santa Tecla. Gómez Díaz contactaba a personas de confianza o conocidas a través Facebook y les invitaba a invertir en su negocio.
Al principio las personas estafadas firmaban un documento donde les garantizaba que iba compartir ganancias, les entregaba de una a dos cuotas, pero después ya no les daba nada.
Gómez Díaz convencía a sus víctimas a quienes les decía que iban a obtener intereses de 15%, 20% 25% y 35% mensuales, para que invirtieran su dinero.
Por el segundo proceso penal de estafa, la Fiscalía confirmó que las pruebas presentadas al Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla fueron valoradas para decretar la detención de la acusada.
#InstrucciónConDetención I La estafadora Ana Yudy Gómez Díaz engañó a 17 víctimas para que le entregaran dinero, en concepto de inversión que les generaría ganancias, las cuales nunca entregó a las personas.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 25, 2022
Fiscal brinda más detalles: pic.twitter.com/NOXRLlencS
«Esta representación fiscal ha logrado a la fecha poder recabar suficientes elementos de juicio para poder establecer la existencia del delito de estafa, así mismo deducir con probabilidad positiva la participación de la señora procesada en la comisión del mismo», sostuvo el fiscal del caso.
Según el señalamiento fiscal «la acusada ha sido operadora de un sistema fraudulento jugando un papel activo de reclutamiento de personas a quienes les ha ofrecido que inviertan su dinero a cambio de atractivas utilidades».
Lo que las pesquisas determinaron es que ese ofrecimiento de ganancias de interés mensual es un negocio falso que solo le permitió a la imputada captar grandes cantidades de dinero que causó un perjuicio económico en las víctimas.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
