Judicial
Juzgado autoriza procedimiento abreviado a exjuez
El Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador en procedimiento abreviado acordado por la fiscalía y la defensa, condenó a un año de prisión al exjuez, Romeo Aurora Giammatei, por el delito de prevaricato, esto luego que confeso su participación en el hecho.
No obstante al exfuncionario judicial se le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena con el cumplimiento de reglas de conducta durante un año y que su cumplimento será verificado por un Juzgado de Vigilancia Penitencia.
La jueza, además emitió una condena civil en abstracto, debido a que la querella estableció un monto en la audiencia pero sin precisar la cuantía, por lo tanto será en el área civil que deberá demostrar la cuantía del daño causado a la víctima y así resarcirlo, informo la fiscal del caso.
Al exjuez Giammatei se le acusó de tener vínculos con el empresario Enrique Rais y el exfiscal general Luis Martínez para afectar a la víctima Claudia Herrera, según la investigación fiscal.
Fue procesado por formar parte de una presunta red de corrupción que involucró a fiscales, a jueces y peritos que supuestamentente recibieron sobornos a cambio de fabricar pruebas falsas y acusar a la victima de amenazas, presuntamente para favorecer al empresario Enrique Rais.
Desde agosto del año 2016, Giammatei tuvo calidad de reo rebelde hasta que el 9 de noviembre se presentó voluntariamente a la sede judicial.
Una mujer y su hija fueron sentenciadas a 20 años de cárcel por el delito de homicidio agravado en perjuicio de otra mujer.
La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a las sentenciadas como Sonia Maribel Chávez y su hija Jacqueline Evelin Vanegas.
Según la acusación fiscal, Sonia Maribel y Jacquelin Evelin interceptaron a otra mujer a quien le reclamaron por lo que dijo de una de las hijas de las acosadas.
Pese a que la víctima se disculpó por sus comentarios, las procesadas comenzaron a golpearla hasta que falleció debido a la gravedad de sus lesiones.
Tras analizar la prueba de la FGR, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la mencionada sentencia.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a Wilmer Javier Zavala Gómez, de 33 años de edad, a la pena de 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Zuleyma Marisol Flores Guardado, quien tenía 24 años de edad.
El 30 de mayo de 2018, la víctima salió de su casa, ubicada en Ciudad Delgado, San Salvador, para ir a trabajar. Al llegar la tarde, su padre se preocupó porque no había regresado, le realizó múltiples llamadas y no respondió. Al día siguiente, sus padres fueron al lugar de trabajo de Zuleyma y les informaron que no se había presentado, lo cual les pareció extraño, ya que ella era una persona responsable. Inmediatamente, su padre denunció la desaparición de su hija en la sede policial.
En la investigación, se determinó que Zuleyma tuvo una cita con Wilmer, con quien mantenía una relación sentimental. A través del monitoreo de las cámaras DE videovigilancia, se observó que, para dicha cita, la víctima llegó a un centro comercial ubicado en San Salvador, abordó un vehículo conducido por el imputado y se dirigieron a un auto hotel ubicado en Mejicanos. Posteriormente, la víctima no apareció.
El cuerpo de Zuleyma fue encontrado el 3 de diciembre del mismo año, dentro de un pozo seco en Usulután, lugar donde vivía el ahora condenado. El cuerpo se encontraba atado de manos y envuelto en una colchoneta y una bolsa plástica.
El exalcalde de Olocuilta, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez, fue condenado a 27 años de cárcel por peculado e incumplimiento de deberes, la pena se la impuso el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, departamento de La Paz.
En el mismo fallo, el extesorero municipal, Edwin Orlando León, fue encontrado culpable y lo sentenciaron a 12 años de prisión.
El proceso también llegó a vista pública en contra de otros nueve miembros del exconcejo municipal de Olocuilta y un particular, quienes recibieron tres años de cárcel.
El juicio fue por el mal uso de fondos públicos y falta de supervisión en proyectos que no cumplieron con los procedimientos legales para la compra de un terreno que serviría para ampliar el cementerio municipal y la construcción de un parque ecológico.
La vista pública fue efectuada con siete presentes y cinco prófugos, entre ellos el exalcalde, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez; el extesorero municipal, Edwin Orlando León, los exconcejales: Roque Zepeda López y Roberto Antonio Ruiz Zavaleta.
Solo comparecieron al juicio, el particular, Jorge Salvador Yada Córdova; el exsíndico Gilberto Antonio Toloza; y los exconcejales Luis Alonso Chávez Ramírez, Venancio Cruz Ortiz, Walter Antonio Artiga Montalvo; Carlos Córdova Díaz, Carlos Mendoza y Juan Miguel Aragón Ramírez.
Todos fueron parte del concejo municipal en el período comprendido entre el año 2012 y 2015.
La Fiscalía General de la República probó anomalías en la compra de un terreno para construir un cementerio municipal y un parque ecológico.
El inmueble fue adquirido en $236,000, y en la compraventa acordada se tenía una extensión determinada, pero en la escritura aparece una menor cantidad de terreno.
Respecto al cementerio se desembolsó $50,000, pero al final no se hizo nada de ese proyecto y por el parque ecológico se erogaron $260,000.
Marvin Ulises Rodríguez, incurrió en el delito de peculado cuando transfirió de las cuentas del FODES hacia su cuenta personal y del tesorero, dinero destinado a la comuna.
