Judicial
Juez rechaza finalizar el caso a Munguía Payés por la tregua entre pandillas
El Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador rechazó la pretensión de la defensa del exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, para dar por terminado el proceso penal que se le atribuye por haber facilitado y avalado la tregua entre pandillas.
El abogado David Ramírez, planteó al juez que se declarara la extinción de la acción penal porque cuando la Fiscalía General de la República judicializó el caso el 26 de julio del año 2020, los delitos ya habían prescrito.
Munguía Payés es acusado agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios. Esta audiencia también debía realizarse en contra del prófugo Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, pero fue separado del proceso.
Ante la solicitud de la defensa, la Fiscalía dijo que la prescripción comenzó a contar desde el momento en que Munguía Payés cesó como ministro de Defensa, el 31 de mayo de 2019, ya que antes de esa fecha no pudo ser acusado por tener fuero constitucional.
Fue ministro de Justicia y Seguridad Pública, entre el 22 de noviembre de 2011 al 15 de junio de 2013, cuando su nombramiento fue declarado inconstitucional, pero luego fue juramentado como ministro de Defensa, cargo que ocupó entre 15 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014, durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, también estuvo al frente de la misma cartera de Estado, del 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2019.
«Los delitos prescriben desde el cese de la función y cuando se presente la solicitud de imposición de medidas habían transcurrido, un años, tres meses y 22 días», le expuso la fiscal Carolina Cabrera al juez.
Es decir que todavía quedaban seis años, siete meses y ocho días para promover la acusación judicial y no es cierto que haya una prescripción, expresó la fiscal. Las agrupaciones ilícitas para Munguía Payés, de ser encontrado culpable la pena máxima es de ocho años, actos arbitrarios cuatro y el delito de incumplimiento de deberes ocho.
El fiscal Arturo Cruz, dijo que hay abundante prueba para que Munguía Payés sea enviado a juicio. El imputado está en arresto domiciliar con vigilancia de la Policía Nacional Civil y una fianza de $10,000.
Las declaraciones de los testigos criteriados «Noé» y «Salomón» son parte de las pruebas ofrecidas, ambos han contado como se ejecutó la tregua entre pandillas, entre marzo de 2012 a agosto de 2013.
En los casos penales conocidos como «Operación Jaque» y «Operación Cuscatlán» los criteriados y otras personas que llegaron a declarar en calidad de testigos, señalaron el papel clave que tuvieron Munguía Payés y Funes para que la tregua se instalara.
En el caso de Mauricio Funes, asilado en Nicaragua desde el año 2016, el ministerio público lo señala de haber promovido, facilitado e impulsado a las pandillas, que tuvo conocimiento de las ilegalidades y delitos que se estaban generando, pero no hizo nada para detenerlas pues su intención era mantener una buena imagen de que en su gobierno los homicidios habían experimentado un descenso en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
