Judicial
Juez rechaza finalizar el caso a Munguía Payés por la tregua entre pandillas
El Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador rechazó la pretensión de la defensa del exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, para dar por terminado el proceso penal que se le atribuye por haber facilitado y avalado la tregua entre pandillas.
El abogado David Ramírez, planteó al juez que se declarara la extinción de la acción penal porque cuando la Fiscalía General de la República judicializó el caso el 26 de julio del año 2020, los delitos ya habían prescrito.
Munguía Payés es acusado agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios. Esta audiencia también debía realizarse en contra del prófugo Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, pero fue separado del proceso.
Ante la solicitud de la defensa, la Fiscalía dijo que la prescripción comenzó a contar desde el momento en que Munguía Payés cesó como ministro de Defensa, el 31 de mayo de 2019, ya que antes de esa fecha no pudo ser acusado por tener fuero constitucional.
Fue ministro de Justicia y Seguridad Pública, entre el 22 de noviembre de 2011 al 15 de junio de 2013, cuando su nombramiento fue declarado inconstitucional, pero luego fue juramentado como ministro de Defensa, cargo que ocupó entre 15 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014, durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, también estuvo al frente de la misma cartera de Estado, del 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2019.
«Los delitos prescriben desde el cese de la función y cuando se presente la solicitud de imposición de medidas habían transcurrido, un años, tres meses y 22 días», le expuso la fiscal Carolina Cabrera al juez.
Es decir que todavía quedaban seis años, siete meses y ocho días para promover la acusación judicial y no es cierto que haya una prescripción, expresó la fiscal. Las agrupaciones ilícitas para Munguía Payés, de ser encontrado culpable la pena máxima es de ocho años, actos arbitrarios cuatro y el delito de incumplimiento de deberes ocho.
El fiscal Arturo Cruz, dijo que hay abundante prueba para que Munguía Payés sea enviado a juicio. El imputado está en arresto domiciliar con vigilancia de la Policía Nacional Civil y una fianza de $10,000.
Las declaraciones de los testigos criteriados «Noé» y «Salomón» son parte de las pruebas ofrecidas, ambos han contado como se ejecutó la tregua entre pandillas, entre marzo de 2012 a agosto de 2013.
En los casos penales conocidos como «Operación Jaque» y «Operación Cuscatlán» los criteriados y otras personas que llegaron a declarar en calidad de testigos, señalaron el papel clave que tuvieron Munguía Payés y Funes para que la tregua se instalara.
En el caso de Mauricio Funes, asilado en Nicaragua desde el año 2016, el ministerio público lo señala de haber promovido, facilitado e impulsado a las pandillas, que tuvo conocimiento de las ilegalidades y delitos que se estaban generando, pero no hizo nada para detenerlas pues su intención era mantener una buena imagen de que en su gobierno los homicidios habían experimentado un descenso en el país.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
