Judicial
Juez rechaza finalizar el caso a Munguía Payés por la tregua entre pandillas
El Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador rechazó la pretensión de la defensa del exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, para dar por terminado el proceso penal que se le atribuye por haber facilitado y avalado la tregua entre pandillas.
El abogado David Ramírez, planteó al juez que se declarara la extinción de la acción penal porque cuando la Fiscalía General de la República judicializó el caso el 26 de julio del año 2020, los delitos ya habían prescrito.
Munguía Payés es acusado agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios. Esta audiencia también debía realizarse en contra del prófugo Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, pero fue separado del proceso.
Ante la solicitud de la defensa, la Fiscalía dijo que la prescripción comenzó a contar desde el momento en que Munguía Payés cesó como ministro de Defensa, el 31 de mayo de 2019, ya que antes de esa fecha no pudo ser acusado por tener fuero constitucional.
Fue ministro de Justicia y Seguridad Pública, entre el 22 de noviembre de 2011 al 15 de junio de 2013, cuando su nombramiento fue declarado inconstitucional, pero luego fue juramentado como ministro de Defensa, cargo que ocupó entre 15 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014, durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, también estuvo al frente de la misma cartera de Estado, del 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2019.
«Los delitos prescriben desde el cese de la función y cuando se presente la solicitud de imposición de medidas habían transcurrido, un años, tres meses y 22 días», le expuso la fiscal Carolina Cabrera al juez.
Es decir que todavía quedaban seis años, siete meses y ocho días para promover la acusación judicial y no es cierto que haya una prescripción, expresó la fiscal. Las agrupaciones ilícitas para Munguía Payés, de ser encontrado culpable la pena máxima es de ocho años, actos arbitrarios cuatro y el delito de incumplimiento de deberes ocho.
El fiscal Arturo Cruz, dijo que hay abundante prueba para que Munguía Payés sea enviado a juicio. El imputado está en arresto domiciliar con vigilancia de la Policía Nacional Civil y una fianza de $10,000.
Las declaraciones de los testigos criteriados «Noé» y «Salomón» son parte de las pruebas ofrecidas, ambos han contado como se ejecutó la tregua entre pandillas, entre marzo de 2012 a agosto de 2013.
En los casos penales conocidos como «Operación Jaque» y «Operación Cuscatlán» los criteriados y otras personas que llegaron a declarar en calidad de testigos, señalaron el papel clave que tuvieron Munguía Payés y Funes para que la tregua se instalara.
En el caso de Mauricio Funes, asilado en Nicaragua desde el año 2016, el ministerio público lo señala de haber promovido, facilitado e impulsado a las pandillas, que tuvo conocimiento de las ilegalidades y delitos que se estaban generando, pero no hizo nada para detenerlas pues su intención era mantener una buena imagen de que en su gobierno los homicidios habían experimentado un descenso en el país.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
