Judicial
Hombre abusa de vendedora de pan en Sonsonate
La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la condena de Walter Ricardo Agapito Martínez, de 39 años de edad, a seis años de prisión por el delito de violación.
Según la FGR, Martínez violó a una mujer de 38 años de edad, en el mes de diciembre de 2016, en el municipio de Cuisnahuat, departamento de Sonsonate.
De acuerdo con autoridades de la Fiscalía, se solicitó se calificara el delito como violación en menor e incapaz por la incapacidad de resistir de la afectada, pues la victima presenta dificultades físicas para expresarse y caminar, secuelas derivadas de una parálisis infantil que sufrió cuando era pequeña. No obstante, Jueza de Sentencia calificó el hecho únicamente como violación, es por ello que la pena para el violador no fue de más años.
En su declaración, la afectada manifestó que ella andaba vendiendo pan en la colonia Buena Vista, y al llegar a la casa de Agapito, este la tomó de los brazos y la entró al cuarto, donde le quitó la ropa; luego la acostó en el suelo y procedió a violarla sexualmente. Posteriormente, dejó a la víctima tirada en el suelo, quien con dificultad se arrastró para levantarse y luego se vistió y salió de la casa de Agapito.
La Vista Pública se llevó a cabo en el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, el 20 de julio de 2018, en donde después del desfile probatorio la fiscal logró establecer el binomio procesal y el imputado Walter Ricardo Agapito Martínez fue condenado a seis años de prisión por el delito de violación.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
