Judicial
Fiscalía solicita detención provisional para ex Ministro de Defensa, David Munguía Payés por caso «Tregua con pandillas»
Fiscalía General de la República (FGR) presentó requerimiento contra el exministro de Justicia y Seguridad y exministro de la Defensa Nacional, general David Victoriano Munguía Payés, por los delitos de Agrupaciones Ilícitas, Actos Arbitrarios e Incumplimiento de Deberes.
Payés junto al expresidente Mauricio Funes, fueron facilitadores para fortalecer a las pandillas durante el proceso de “tregua”, hechos que cometieron durante los ejercicios de sus funciones, desde finales del 2011 hasta finales del periodo presidencial de Funes.
De acuerdo a las investigaciones, ambos funcionarios para tener una mejor imagen y “reducción de homicidios” deciden pactar con los principales líderes de las organizaciones terroristas (MS-13 y Pandilla 18), a cambio de darles beneficios penitenciarios como hacer el traslado de líderes de pandillas del Penal de Máxima Seguridad y penales de menos seguridad.
Dichas acciones si redujeron considerablemente los homicidios pero aumentaron las extorsiones y la desaparición de personas, así como la impunidad en crímenes y lo que llevó al fortalecimiento de ambas pandillas.
La audiencia de imposición de medidas la realzará el Juzgado Especializado de Instrucción “A”, el próximo martes a las 8:30 de la mañana, ya que el Juzgado “C” solo se limitó a recibir el requerimiento por estar de turno este domingo. Piden detención provisional contra Payés por el peligro de fuga y posible evasión de la justicia.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
