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Judicial

Fiscalía obtuvo condena de 8 años de cárcel contra Mecafé por uno de varios delitos de lavado de dinero que se le acusan

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Foto: FGR

De manera contundente, la Fiscalía General de la República (FGR) logró demostrar que Miguel Menéndez Avelar, conocido como Mecafé, es culpable por cometer un delito de Casos especiales de lavado de dinero y de activos procedentes de un ilícito de corrupción de alto rango; en ese sentido, se le impuso una condena de 8 años de cárcel.

De acuerdo a las declaraciones brindadas por la representación fiscal,  el Tribunal estableció tres momentos importantes que permitieron establecer la condena; primero, la adquisición ilegal de la avioneta de parte de MECAFE cuando él fungió como asesor de la presidencia del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), durante la administración presidencial de Mauricio Funes. 

Segundo, el proceso de licitación privado – para la adjudicación del proyecto de construcción de un puente en Chalatenango a una sociedad privada extranjera- estaba lleno de irregularidades e ilegalidades que contravenían con las leyes locales, como la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (LACAP) y con la legislación internacional, específicamente con la del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Y el tercero, es la utilización, uso,  posesión y conocimiento de que la avioneta tenía un origen ilícito y que tenía finalidad de legitimación por parte del procesado.

Contra Menéndez Avelar, se mantienen pendientes dos procesos judicialmente activos en los que habría participado durante la administración de Mauricio Funes, caso de El Chaparral y Saqueo Público.

El fiscal de la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos explicó que el Tribunal admitió toda la prueba de cargo que se le expuso durante los días que duró la vista pública, validando toda la prueba documental,  testimonial y pericial.

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Judicial

Pastor evangélico es condenado por agresión sexual a menor en La Libertad

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Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.

«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.

Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.

Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.

«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.

Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.

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Judicial

Acabó con la vida de su bebé recién nacida y recibió 30 años de prisión

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La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.

Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.

Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.

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Internacionales

Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado

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La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.

La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.

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