Judicial
Fiscalía obtuvo condena de 8 años de cárcel contra Mecafé por uno de varios delitos de lavado de dinero que se le acusan
Foto: FGR
De manera contundente, la Fiscalía General de la República (FGR) logró demostrar que Miguel Menéndez Avelar, conocido como Mecafé, es culpable por cometer un delito de Casos especiales de lavado de dinero y de activos procedentes de un ilícito de corrupción de alto rango; en ese sentido, se le impuso una condena de 8 años de cárcel.
De acuerdo a las declaraciones brindadas por la representación fiscal, el Tribunal estableció tres momentos importantes que permitieron establecer la condena; primero, la adquisición ilegal de la avioneta de parte de MECAFE cuando él fungió como asesor de la presidencia del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), durante la administración presidencial de Mauricio Funes.
Segundo, el proceso de licitación privado – para la adjudicación del proyecto de construcción de un puente en Chalatenango a una sociedad privada extranjera- estaba lleno de irregularidades e ilegalidades que contravenían con las leyes locales, como la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (LACAP) y con la legislación internacional, específicamente con la del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Y el tercero, es la utilización, uso, posesión y conocimiento de que la avioneta tenía un origen ilícito y que tenía finalidad de legitimación por parte del procesado.
Contra Menéndez Avelar, se mantienen pendientes dos procesos judicialmente activos en los que habría participado durante la administración de Mauricio Funes, caso de El Chaparral y Saqueo Público.
El fiscal de la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos explicó que el Tribunal admitió toda la prueba de cargo que se le expuso durante los días que duró la vista pública, validando toda la prueba documental, testimonial y pericial.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
