Judicial
Fiscalía obtuvo condena de 8 años de cárcel contra Mecafé por uno de varios delitos de lavado de dinero que se le acusan
Foto: FGR
De manera contundente, la Fiscalía General de la República (FGR) logró demostrar que Miguel Menéndez Avelar, conocido como Mecafé, es culpable por cometer un delito de Casos especiales de lavado de dinero y de activos procedentes de un ilícito de corrupción de alto rango; en ese sentido, se le impuso una condena de 8 años de cárcel.
De acuerdo a las declaraciones brindadas por la representación fiscal, el Tribunal estableció tres momentos importantes que permitieron establecer la condena; primero, la adquisición ilegal de la avioneta de parte de MECAFE cuando él fungió como asesor de la presidencia del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), durante la administración presidencial de Mauricio Funes.
Segundo, el proceso de licitación privado – para la adjudicación del proyecto de construcción de un puente en Chalatenango a una sociedad privada extranjera- estaba lleno de irregularidades e ilegalidades que contravenían con las leyes locales, como la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (LACAP) y con la legislación internacional, específicamente con la del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Y el tercero, es la utilización, uso, posesión y conocimiento de que la avioneta tenía un origen ilícito y que tenía finalidad de legitimación por parte del procesado.
Contra Menéndez Avelar, se mantienen pendientes dos procesos judicialmente activos en los que habría participado durante la administración de Mauricio Funes, caso de El Chaparral y Saqueo Público.
El fiscal de la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos explicó que el Tribunal admitió toda la prueba de cargo que se le expuso durante los días que duró la vista pública, validando toda la prueba documental, testimonial y pericial.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
