Judicial
Fiscalía busca recuperar $3.7 millones que lavó exministro de Seguridad, René Figueroa y su esposa
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador reprogramó para el 16 de agosto el desarrollo del juicio en contra del exministro de Seguridad, René Figueroa y su esposa, Cecilia de Figueroa, ambos acusados del delito de Lavado de dinero y de activos. El motivo es que los defensores presentarán una solicitud para que los acusados se sometan a un posible proceso abreviado.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR), analizará la solicitud que presentará la defensa del exministro y su esposa, para aceptar la salida alterna a ese proceso.
“Como parte del trabajo encomendado por el Señor Fiscal General de la República, en el sentido que los hechos no queden en la impunidad, es que vamos a analizar la propuesta que presenten los defensores para determinar si procedente o no”, explicó el fiscal del Grupo Contra la Impunidad.
La Fiscalía proyecta que se restituya al Estado la cantidad de $3.7 millones de dólares, fondos que fueron mal utilizados durante el periodo que René Figueroa ejerció como Ministro de Seguridad, en el período presidencial de Elías Antonio Saca y como viceministro de Gobernación en la administración del expresidente Francisco Flores, al no justificar su incremento patrimonial obtenido durante los años 2004 al 2015.
El Tribunal de forma colegiada determinó realizar el 16 de agosto del año 2021, una vez sea autorizado por Fiscalía, el proceso de tipo abreviado y si no se logra concretar, entonces se desarrollará de forma normal la vista pública.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
