Judicial
FGR sorprendida por declaraciones de la PNC sobre posible hallazgo de osamenta de agente Carla Ayala
La conferencia de prensa ofrecida por el director de la Policía, Howard Cotto sobre las osamentas que podrían ser de la agente Carla Ayala, tomó por sorpresa a la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que no hay certeza del hallazgo mencionado.
Es “inconveniente” brindar declaraciones al respecto del caso, sostiene un comunicado de prensa difundido por la FGR tras las declaraciones brindadas esta mañana por el jefe policial.
El escrito explica que aún se está en las diligencias de solicitar una “ampliación de la autorización judicial de ingreso a la propiedad” donde presuntamente están los restos humanos a los que ha hecho referencia Cotto.
Tras ese paso, “se procederá a verificar si se encuentran restos para exhumar (desenterrar)” sostiene el Ministerio Público, revelando que no hay seguridad de que en dicho lugar existan osamentas y menos que sean de Ayala, desaparecida en diciembre luego de una fiesta policial de fin de año.
Más temprano, el director de la Policía dijo que los restos óseos de la mujer policía fueron localizados al fondo de una fosa de un terreno ubicado en el caserío Los Ríos, cantón Los Hornos, de Usulután, que es propiedad de un familiar del exagente del GRP Juan José Arévalo Castillo
El Ministerio Público indicó que de ser cierto que en el lugar hay osamentas, todavía falta realizar una prueba de ADN para confirmar que se trate de la agente policial en cuestión.
Fiscalía General de la República
Comunicado oficial. pic.twitter.com/ubZqwGmA5B
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 7 de septiembre de 2018
Por: El Blog.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
