Judicial
FGR sorprendida por declaraciones de la PNC sobre posible hallazgo de osamenta de agente Carla Ayala
La conferencia de prensa ofrecida por el director de la Policía, Howard Cotto sobre las osamentas que podrían ser de la agente Carla Ayala, tomó por sorpresa a la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que no hay certeza del hallazgo mencionado.
Es “inconveniente” brindar declaraciones al respecto del caso, sostiene un comunicado de prensa difundido por la FGR tras las declaraciones brindadas esta mañana por el jefe policial.
El escrito explica que aún se está en las diligencias de solicitar una “ampliación de la autorización judicial de ingreso a la propiedad” donde presuntamente están los restos humanos a los que ha hecho referencia Cotto.
Tras ese paso, “se procederá a verificar si se encuentran restos para exhumar (desenterrar)” sostiene el Ministerio Público, revelando que no hay seguridad de que en dicho lugar existan osamentas y menos que sean de Ayala, desaparecida en diciembre luego de una fiesta policial de fin de año.
Más temprano, el director de la Policía dijo que los restos óseos de la mujer policía fueron localizados al fondo de una fosa de un terreno ubicado en el caserío Los Ríos, cantón Los Hornos, de Usulután, que es propiedad de un familiar del exagente del GRP Juan José Arévalo Castillo
El Ministerio Público indicó que de ser cierto que en el lugar hay osamentas, todavía falta realizar una prueba de ADN para confirmar que se trate de la agente policial en cuestión.
Fiscalía General de la República
Comunicado oficial. pic.twitter.com/ubZqwGmA5B
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 7 de septiembre de 2018
Por: El Blog.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
