Judicial
FGR solicitó agrupar a más de 2,700 pandilleros en un solo proceso
La Fiscalía General de la República (FGR) notificó, este miércoles, que solicitaron agrupar en una sola causa a un total de 2,727 pandilleros, quienes tiene un mismo vinculo criminal en una determinada clica.
La FGR señaló que los escritos fueron presentados en los tribunales contra el crimen organizado de San Miguel y Santa Ana.
Las autoridades informaron que en las primeras cuatro solicitudes se requirió agrupar a 921 pandilleros pertenecientes a la clica Saylor Locos Locos Salvatruchos; 36 de clica Wester Locos Salvatrucho; 79 de la clica Fulton Locos Salvatrucho y 79 de la clica Coronados Locos Salvatrucho.
Así también, en otra petición, solicitaron agrupar a pandilleros que delinquían en La Unión; 163 son de la clica Unionenses Locos Salvatruchos, 30 de la clica Tiny Locos Salvatruchos, 37 de clica Centrales Locos Salvatruchos y 21 Wester Locos Salvatruchos.
La FGR también solicitó concentrar en un proceso a 107 pandilleros de la clica Cabañas Locos Salvatruchos, 72 de la clica Centrales Locos Salvatruchos, 46 de la clica Guanacos Little Cycos Locos Salvatruchos, 144 pandilleros de la clica San José Locos Salvatruchos, 772 de la clica Sailor Locos Salvatruchos West Side y 1de la clica Calle Amargura Locos Salvatruchos.
La Fiscalía señaló que a todos estos pandilleros procesados se les atribuyen delitos como posesión y tenencia, tráfico ilícito, tenencia portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, receptación y agrupaciones ilícitas.
Judicial
Según la FGR, en dos años, 108 personas han sido procesadas por el asesinato de sus familiares
Según las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR), entre enero de 2022 y julio de 2024 se ha procesado a 726 personas acusadas por el delito de homicidio, de estas, un 15 % (108) son imputados que han asesinado a alguien de su familia.
Los datos brindados por el ministerio público detallan que en todo el 2022 un total de 31 casos, catalogados por la Fiscalía, como homicidios de intolerancia familiar fueron judicializados; mientras que en el 2023 la cifra de casos subió a 47, siendo agosto el mes en que más procesos judiciales (8) se ejecutaron contra personas que atentaron contra la vida de sus familiares.
Los reportes también dan cuenta que, entre enero y julio de este año, un total de 30 personas han sido procesadas por asesinar a sus padres, hermanos, tíos, primos o parejas. Entre estos, se incluyen 9 casos de padres y madres que han cometido el delito de homicidio en contra de sus propios hijos.
El último caso de padres que han atentado contra la vida de sus hijos fue el judicializado, el pasado 20 de septiembre, por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, en La Libertad, en contra de Ada Steffany Mata Velis, quien fue enviada a juicio por el homicidio agravado de su hijo recién nacido.
Según las investigaciones, el crimen fue cometido en marzo de este año, en una residencial privada en la jurisdicción de Santa Tecla, donde la imputada trabajaba.
Tres días antes (17 de septiembre) que Mata Velis fuera enviada a juicio, el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, en La Paz, decretó que Esmeralda Elizabeth Pineda se mantenga en prisión mientras avanza la investigación en su contra por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 8 meses.
Según la investigación, el 10 de septiembre del 2024, en el distrito de San Luis La Herradura, en el municipio de La Paz Centro, la imputada habría asfixiado al menor de edad hasta quitarle la vida, luego trató de eliminar la evidencia.
Pineda deambulaba por la zona cuando fue interceptada por agentes de la Fuerza Armada, quienes la interrogaron, posteriormente fue entregada a la Policía.
La imputada se mantendrá en prisión mientras el proceso judicial en su contra sigue en la fase de instrucción.
ASESINÓ A MADRE E HIJO
En prisión también se mantendrá Oscar Armando Aguirre Flores, quien es acusado de fraude procesal y del homicidio agravado de su expareja quien se encontraba en embarazada al momento del crimen.
La Fiscalía detalló que el crimen fue cometido en julio pasado. «Tras una discusión, el imputado atacó a la víctima con arma blanca hasta quitarle la vida; luego, Aguirre Flores se deshizo del cuerpo de la víctima y limpió la escena para eliminar toda evidencia», indicó el fiscal del caso.
Tras la audiencia inicial, celebrada el 13 de agosto, el ministerio público logró que el imputado se mantenga en la cárcel mientras el caso pasa a la siguiente etapa.
«Con estos resultados, la Fiscalía afirma su compromiso de combatir la impunidad y lucha contra los casos de violencia contra las mujeres en el país», señaló el fiscal.
35 AÑOS EN LA CÁRCEL POR ASESINAR A SU HIJA
El pasado 6 de mayo, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador decretó una condena de 35 años de prisión para Ester Leonor Pineda de Orellana, quien fue declarada culpable del homicidio agravado en perjuicio de su hija de 9 años.
Según las investigaciones y pruebas presentadas en el juicio por la Fiscalía, la menor era víctima de constantes maltratos los cuales terminaron en asesinato el 10 de enero de 2023, en el distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
Tras cometer el crimen, la imputada huyó, pero fue capturada horas más tarde.
IMPUTADO QUE PROVOCÓ ABORTO DE SU HIJO PASARÁ 24 AÑOS PRESO
Marco Antonio Linares Menjívar fue sentenciado a 24 años de cárcel por intentar asesinar a una mujer embarazada y provocar la pérdida de su hijo.
«El imputado fue el responsable de haber golpeado a su pareja, una mujer embarazada (con ocho meses de gestación) y producto de la golpiza, le produjo un aborto», explicó la fiscal del caso.
El crimen fue cometido el 15 de enero del 2022, al interior de un apartamento ubicado en el Barrio San Esteban, en San Salvador.
La pena de 24 años en prisión fue impuesta por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer de San Salvador, el 4 de enero, el imputado fue acusado por los delitos de aborto sin consentimiento y feminicidio agravado en grado de tentativa.
Juan Antonio Rodríguez Valle fue condenado a 15 años de prisión por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras acreditarse su participación en el homicidio en perjuicio de una mujer de 54 años.
El reporte da cuenta que el caso ocurrió el 5 noviembre de 2022, luego que lugareños encontraron a la víctima sin vida en el corredor de su vivienda, donde también tenía una tienda, en el cantón Trinidad del distrito de El Carrizal, Chalatenango.
Los agentes policiales corroboraron que había sufrido una muerte violenta a causa de un ataque con arma blanca.
A raíz del hallazgo y conforme avanzaron las pesquisas, se allanó la vivienda de uno de los vecinos identificado como sospechoso del crimen.
Según la Fiscalía General de la República, este individuo llegó a la vivienda de la víctima, discutió con ella y luego la atacó con un arma blanca, aprovechando que ella vivía sola.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a ocho años de cárcel a Alan Steven Fuentes Rodríguez por el delito de tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública.
Los hechos ocurrieron el 22 de diciembre de 2022, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados por una llamada al Sistema 911 sobre un sujeto que transportaba droga en un vehículo cerca del redondel El Torogoz, próximo al bulevar de los Héroes en San Salvador. Los agentes procedieron a su persecución.
Al interceptar el automóvil, identificaron al sospechoso. Durante la requisa, se le encontraron varias porciones de marihuana, cocaína, metanfetamina y marihuana en las bolsas de su pantalón, así como dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.
La droga incautada tenía un valor estimado de $2,287.05, lo que llevó a su detención por el delito de tráfico ilícito.
Durante la vista pública, el referido Tribunal autorizó un procedimiento abreviado a petición de la Fiscalía General de la República y la defensa. El hombre aceptó su participación en los hechos, por lo que se le impuso una condena de ocho años de prisión por tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública.
