Judicial
FGR solicita ser parte de caso de malversación de fondos por parte Ernesto Muyshondt
Ernesto Muyshondt y su consejo municipal de la alcaldía San Salvador, han sido declarado como rebeldes por la Camara Primera de Primera Instancia, tras incumplir con los pagos de transferencia por los desechos sólidos al MIDES.
Fernando Heriberto Portillo Linares, es el tesorero de la comuna quien cayó en impago de estos servicios y que la Fiscalía General de la República (FGR) exige a Muyshondt que obligue a Portillo a cumplir las funciones y cancelar las deudas pendientes.
En una auditoría realizada por la Corte de Cuentas de la República, se evaluaron 32 facturas que la alcaldía debe a la empresa de Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) por un monto total de $725,612.62, en el periodo del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2018, mismo periodo en el que la comuna percibió un total de $16,468,648.72 en concepto de tasa de desechos sólidos que los capitalinos cancelan, por lo que acusan al alcalde de malversación de fondos.
El alcalde, el tesorero y el síndico municipal fueron declarados rebeldes por hacer caso omiso a la resolución que exigía un plazo de 15 días a partir del 11 de enero del 2021 para ejercer su derecho de defensa, a lo que hicieron caso omiso.
Según una concejal de ARENA, Muyshondt habría designado al subgerente de la alcaldía la respuesta inmediata a la carta emitida a la cámara, sin embargo fue rechazada.
«Le escribí a la síndico municipal (Gloria Calderón) en la mañana haciéndole saber si ya le habían notificado. Si me decía ella que el documento expresa que el poder que nosotros le habíamos otorgado como concejo municipal, exceptuando al concejal German Muñoz, no lo había dado por aceptado la corte. Por lo cual, al ella contestar en nombre del concejo, porque no era algo en colegiado [aclara Rivas], sino personal, no era válido y se nos ha declarado en rebeldía. Dado estas circunstancias del hecho que no se ha llevado bien el proceso, yo voy a hacer un escrito haciendo mi defensa propia y no en común, porque en ningún momento se nos mostró la respuesta que iban a mandar y el poder que el alcalde firmó por todos», señaló la concejala.
«En mi caso, yo presente un documento a la Corte de Cuentas en el cual yo me exoneraba de la responsabilidad porque no tengo facultades más de las que la ley me da. En mi caso no soy pagador, no tengo responsabilidades administrativas», añadió el concejal Germán Muñoz.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
