Judicial
FGR solicita ser parte de caso de malversación de fondos por parte Ernesto Muyshondt
Ernesto Muyshondt y su consejo municipal de la alcaldía San Salvador, han sido declarado como rebeldes por la Camara Primera de Primera Instancia, tras incumplir con los pagos de transferencia por los desechos sólidos al MIDES.
Fernando Heriberto Portillo Linares, es el tesorero de la comuna quien cayó en impago de estos servicios y que la Fiscalía General de la República (FGR) exige a Muyshondt que obligue a Portillo a cumplir las funciones y cancelar las deudas pendientes.
En una auditoría realizada por la Corte de Cuentas de la República, se evaluaron 32 facturas que la alcaldía debe a la empresa de Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) por un monto total de $725,612.62, en el periodo del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2018, mismo periodo en el que la comuna percibió un total de $16,468,648.72 en concepto de tasa de desechos sólidos que los capitalinos cancelan, por lo que acusan al alcalde de malversación de fondos.
El alcalde, el tesorero y el síndico municipal fueron declarados rebeldes por hacer caso omiso a la resolución que exigía un plazo de 15 días a partir del 11 de enero del 2021 para ejercer su derecho de defensa, a lo que hicieron caso omiso.
Según una concejal de ARENA, Muyshondt habría designado al subgerente de la alcaldía la respuesta inmediata a la carta emitida a la cámara, sin embargo fue rechazada.
«Le escribí a la síndico municipal (Gloria Calderón) en la mañana haciéndole saber si ya le habían notificado. Si me decía ella que el documento expresa que el poder que nosotros le habíamos otorgado como concejo municipal, exceptuando al concejal German Muñoz, no lo había dado por aceptado la corte. Por lo cual, al ella contestar en nombre del concejo, porque no era algo en colegiado [aclara Rivas], sino personal, no era válido y se nos ha declarado en rebeldía. Dado estas circunstancias del hecho que no se ha llevado bien el proceso, yo voy a hacer un escrito haciendo mi defensa propia y no en común, porque en ningún momento se nos mostró la respuesta que iban a mandar y el poder que el alcalde firmó por todos», señaló la concejala.
«En mi caso, yo presente un documento a la Corte de Cuentas en el cual yo me exoneraba de la responsabilidad porque no tengo facultades más de las que la ley me da. En mi caso no soy pagador, no tengo responsabilidades administrativas», añadió el concejal Germán Muñoz.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
