Judicial
FGR presenta pruebas contra acusada de asesinar a sargento de la Fuerza Aérea
En el Juzgado de Instrucción de San Marcos, la Fiscalía General de la República presentó este viernes toda la prueba en contra de Karen Margarita Ayala Interiano, acusada del homicidio del sargento de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Walter Antonio Martínez Nieves.
Al dar por finalizada la etapa de investigación el ministerio público solicitó que se convoque a audiencia preliminar y se decrete apertura a juicio para que uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador analice toda la prueba incorporada al expediente.
«Fiscalía ha presentado el dictamen de acusación en el cual fortalece los extremos procesales de la vinculación de la imputada con los hechos que se le están atribuyendo, en el sentido que la Fiscalía ha ahondado en la prueba y tiene suficientes elementos periciales nuevos que la vinculan directamente», dijo el fiscal del caso.
El hecho ocurrió el 26 de febrero de 2023 en el kilómetro 6 de la carretera antigua a Zacatecoluca, frente a la entrada de la Urbanización Las Brisas, del municipio de San Marcos.
Se menciona que en horas de la noche, cuando el militar se encontraba en su vehículo fue lesionado con arma de fuego por la imputada quien huyó del lugar dejando al sargento herido.
Martínez Nieves fue auxiliado por personas particulares quienes lo trasladaron a un hospital donde falleció el 2 de marzo del mismo año. El ministerio público ha ofrecido relatos de testigos, documentos y prueba científica que incrimina a la mujer con el homicidio.
Esta mañana, la @FGR_SV presentó el #Dictamen de Acusación en contra de Karen Margarita Ayala, procesada por el Homicidio Agravado de un sargento de la Fuerza Aérea, ocurrido el pasado 26 de febrero, en el municipio de San Marcos, San Salvador.
Las investigaciones han sido… pic.twitter.com/6DsHVJdZVQ
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) November 24, 2023
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
