Judicial
FGR ordenó capturas de 14 peligrosos miembros de estructuras dedicados al secuestro y otros delitos
La Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer las capturas de miembros de estructuras terroristas que se habían dedicado a cometer diversas acciones criminales como Secuestro, Violación y otros delitos. Los hechos fueron consumados en diferentes fechas y lugares del Occidente del país y en el departamento de Cuscatlán.
Fue la Unidad Especializada de Delitos de Extorsión y de Crimen Organizado, la que desde anoche giró un total de 14 órdenes administrativas y que se hicieron efectivas en esta madrugada. Se resuelven 3 casos en perjuicio de igual número de víctimas que están bajo régimen especial de protección.
El primero de los hechos se trata de la víctima con clave “Júpiter”, ocurrido el 8 de septiembre de 2020 en Cojutepeque, Cuscatlán.
En este caso, la víctima fue contactada por medio de la red social Facebook, en la que uno de los involucrados le aseguró que le daría ayuda económica y quería conocerla personalmente, pero al final la privó de libertad para luego abusarla sexualmente y finalmente la retuvieron exigiendo la cantidad $600 a cambio de su liberación. En este caso se ha individualizado la participación de 2 sujetos y una mujer a quienes se les atribuirán los delitos de Secuestro Agravado, Robo Agravado y Violación Agravada.
El segundo caso sucedió el 21 de julio de 2020, cuando secuestraron a dos personas y realizaron la exigencia de $5,000 los cuales fueron pagados por la libertad de las víctimas.
Durante el cautiverio, los 5 terroristas involucrados les ocasionaron lesiones en diferentes partes del cuerpo, de igual manera de forma violenta les despojaron de pertenencias, entre las que figura un vehículo. El lugar del suceso fue en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana.
El tercero de los casos fue realizado por 6 sujetos, el 21 de julio del año 2019 en Guaymango, Ahuachapán, fecha y lugar en la que privaron de libertad a una persona y la llevaron a una zona de difícil acceso y en ese lugar estuvo cautiva hasta que logró negociar con los secuestradores el pago de $1,000. De igual manera a la víctima la maltrataron y le robaron pertenencias.
Los detenidos serán remitidos a los diferentes juzgados en donde cometieron las acciones delincuenciales.

Judicial
Demandarán a Manuel Flores por $250,000
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
Judicial
Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.



















