Judicial
FGR ordenó capturas de 14 peligrosos miembros de estructuras dedicados al secuestro y otros delitos
La Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer las capturas de miembros de estructuras terroristas que se habían dedicado a cometer diversas acciones criminales como Secuestro, Violación y otros delitos. Los hechos fueron consumados en diferentes fechas y lugares del Occidente del país y en el departamento de Cuscatlán.
Fue la Unidad Especializada de Delitos de Extorsión y de Crimen Organizado, la que desde anoche giró un total de 14 órdenes administrativas y que se hicieron efectivas en esta madrugada. Se resuelven 3 casos en perjuicio de igual número de víctimas que están bajo régimen especial de protección.
El primero de los hechos se trata de la víctima con clave “Júpiter”, ocurrido el 8 de septiembre de 2020 en Cojutepeque, Cuscatlán.
En este caso, la víctima fue contactada por medio de la red social Facebook, en la que uno de los involucrados le aseguró que le daría ayuda económica y quería conocerla personalmente, pero al final la privó de libertad para luego abusarla sexualmente y finalmente la retuvieron exigiendo la cantidad $600 a cambio de su liberación. En este caso se ha individualizado la participación de 2 sujetos y una mujer a quienes se les atribuirán los delitos de Secuestro Agravado, Robo Agravado y Violación Agravada.
El segundo caso sucedió el 21 de julio de 2020, cuando secuestraron a dos personas y realizaron la exigencia de $5,000 los cuales fueron pagados por la libertad de las víctimas.
Durante el cautiverio, los 5 terroristas involucrados les ocasionaron lesiones en diferentes partes del cuerpo, de igual manera de forma violenta les despojaron de pertenencias, entre las que figura un vehículo. El lugar del suceso fue en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana.
El tercero de los casos fue realizado por 6 sujetos, el 21 de julio del año 2019 en Guaymango, Ahuachapán, fecha y lugar en la que privaron de libertad a una persona y la llevaron a una zona de difícil acceso y en ese lugar estuvo cautiva hasta que logró negociar con los secuestradores el pago de $1,000. De igual manera a la víctima la maltrataron y le robaron pertenencias.
Los detenidos serán remitidos a los diferentes juzgados en donde cometieron las acciones delincuenciales.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
