Judicial
FGR logró que juez admitiera pruebas y decretara prisión provisional para seis narcotraficantes extranjeros
La Fiscalía General de la República logró este lunes que el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz, decretará prisión provisional para seis narcotraficantes extranjeros, a quienes se les incautó un millonario cargamento de cocaína, el pasado sábado 31 de julio, a 490 millas náuticas al sur de Punta Remedios, Acajutla, Sonsonate.
Los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico informaron que el proceso fue enviado a la etapa de instrucción en contra de los imputados: Marcos Antonio Jardín Ramos, Ludwin Martínez Hernández, Ángel Ramírez Hernández, todos de nacionalidad mexicana; Jimmy David Espinal Quimi, Wilmer Javier Lazo Mejillón, ambos ecuatorianos y Walter Ocampo Orozco, colombiano.
Además, que los elementos indiciarios de prueba fueron admitidos por el Juzgado, entre los que se encuentran las entrevistas al personal de la Fuerza Naval y agentes de Narcóticos de la Policía Nacional Civil, que han intervenido en el procedimiento, así como los resultados de los análisis a la misma. “Se mantiene la calificación del delito propuesta por Fiscalía y nos concede los 6 meses de plazo para ampliar y fortalecer la investigación”, dijo uno de los fiscales asignados al caso.
Agregando que en los próximos días se realizará como acto urgente de comprobación la extracción y obtención de la información de los aparatos de GPS que llevaban los celulares y de forma científica conocer la procedencia y destino que llevaba la droga valorada en más de $34 millones de dólares.
Los seis imputados junto a todo el decomiso fueron entregados a la Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República, el miércoles anterior, en la Capitanía del Puerto La Concordia, ubicada en la Costa del Sol, del municipio de San Luis La Herradura, La Paz, para que se diera inicio al procedimiento respectivo.
Al momento de ser intervenidos los seis extranjeros se les incautó 70 bultos que contenían cocaína, 26 bidones con combustible, 2 motores de 200 caballos de fuerza, 4 GPS, 2 radios, 2 teléfonos satelitales, 1 celular, 1 Boya y dinero en efectivo.
El proceso será enviado en los próximos días al Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, siempre en La Paz, para que desarrolle la siguiente etapa procesal.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento contra el ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor, tras atropellar a una niña de nueve años en Ahuachapán.
Según el expediente fiscal, el hecho ocurrió el pasado 4 de julio en el kilómetro 114 de la carretera a Las Chinamas, cuando la menor cruzaba la vía para dirigirse a su centro escolar. Tras el atropello, el imputado intentó huir hacia Guatemala.
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán ha programado la audiencia inicial para el próximo 21 de julio.
Judicial
Condenan a 90 años de prisión a seis pandilleros por el asesinato de un agente policial en Sonsonate
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso una condena de 90 años de prisión a seis miembros de la clica San Cocos Salvatruchos, perteneciente a la MS-13, tras ser encontrados culpables de la desaparición y homicidio agravado de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en enero de 2022 en Sonsonate.
Los condenados fueron identificados como Eduardo José Cruz Hernández, David Eduardo Hernández Zeledón y Marco Daniel Cruz Hernández, quienes estuvieron presentes durante la vista pública. En tanto, Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, Miguel Ángel Cortez Lozano y Nelson Alexánder Chacón Rivas fueron condenados en ausencia y deberán cumplir la pena una vez sean capturados.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el agente Nahúm Elías Hernández Escobar fue privado de libertad el 2 de enero de 2022 en la colonia Sensunapán, cuando se disponía a visitar a unos familiares. En ese momento fue interceptado por los pandilleros, quienes lo obligaron a bajar de su vehículo y lo trasladaron por la fuerza en otro automóvil.
Posteriormente, fue llevado a las orillas del río Sensunapán, donde fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina. Su cuerpo fue localizado seis días después, el 8 de enero, e identificado mediante una prueba de ADN debido al avanzado estado de descomposición.
Los seis implicados fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas. Según la resolución judicial, cada uno recibió 60 años por homicidio agravado, 25 por desaparición y 5 por pertenecer a estructuras criminales.
La FGR reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida de servidores públicos y la seguridad de los salvadoreños.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
