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Judicial

FGR le niega procedimiento abreviado a Ana Ligia de Saca por lavado de dinero

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La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que no llegó a un acuerdo con la exprimera dama de la República y esposa del expresidente Antonio Saca, Ana Ligia de Saca para someterse a un procedimiento abreviado a cambio de confesar los delitos por los que se le acusa. Saca quería menos de cinco años, el ministerio público se negó a aceptarlo.

«Ellos solicitaron el procedimiento abreviado, pero luego del análisis de la Fiscalía se le negó porque ellos solicitaron una pena inferior a las expectativas de la representación fiscal, consideramos que un procedimiento abreviado al que se le puede aplicar en este tipo de casos es de cinco años, pero ella pedía menos de cinco» explicó el fiscal del caso.

Agregó que la FGR no descarta la posibilidad de acordar un procedimiento abreviado, pero  la condición es que sea por una pena de cinco años. De todos los acusados en esta ocasión, solo la esposa de Elías Antonio Saca solicitó el beneficio a cambio de la confesión.

«Lo mismo puede suceder en el caso de la señora Ana Ligia y las otras catorce personas, se tiene hasta la etapa previa del inicio de la presentación de pruebas y vista pública que se puede acceder a darles el procedimiento abreviado. No es una negociación, es lo que la ley manda», añadió el representante del ministerio público.

La audiencia se lleva a cabo en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador contra 15 personas ligadas al caso «Destape a la Corrupción II», además de la esposa del expresdiente Saca, actualmente condenado por delitos de corrupción, están acusados el hermano de ella, Óscar Edgardo Mixco Sol.

Ana Ligia de Saca es acusada de lavar unos 22 millones de dólares, que eran parte de los $300 millones que el expresidente Saca confesó haber malversado en su administración y por lo cual fue condenado a diez años de prisión. Saca se sometió al mismo procedimiento que su esposa solicitó a las autoridades.

La opción de juicio abreviado está contemplada por el Código Procesal Penal salvadoreño e indica reducción de la pena, desde la tercera parte del mínimo por los delitos hasta el mínimo propiamente o incluso, dependiendo de lo que se acuse, el arresto domiciliar, a cambio de confesar los delitos y saltarse el proceso judicial.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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