Judicial
FGR le niega procedimiento abreviado a Ana Ligia de Saca por lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que no llegó a un acuerdo con la exprimera dama de la República y esposa del expresidente Antonio Saca, Ana Ligia de Saca para someterse a un procedimiento abreviado a cambio de confesar los delitos por los que se le acusa. Saca quería menos de cinco años, el ministerio público se negó a aceptarlo.
«Ellos solicitaron el procedimiento abreviado, pero luego del análisis de la Fiscalía se le negó porque ellos solicitaron una pena inferior a las expectativas de la representación fiscal, consideramos que un procedimiento abreviado al que se le puede aplicar en este tipo de casos es de cinco años, pero ella pedía menos de cinco» explicó el fiscal del caso.
Agregó que la FGR no descarta la posibilidad de acordar un procedimiento abreviado, pero la condición es que sea por una pena de cinco años. De todos los acusados en esta ocasión, solo la esposa de Elías Antonio Saca solicitó el beneficio a cambio de la confesión.
«Lo mismo puede suceder en el caso de la señora Ana Ligia y las otras catorce personas, se tiene hasta la etapa previa del inicio de la presentación de pruebas y vista pública que se puede acceder a darles el procedimiento abreviado. No es una negociación, es lo que la ley manda», añadió el representante del ministerio público.
La audiencia se lleva a cabo en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador contra 15 personas ligadas al caso «Destape a la Corrupción II», además de la esposa del expresdiente Saca, actualmente condenado por delitos de corrupción, están acusados el hermano de ella, Óscar Edgardo Mixco Sol.
Ana Ligia de Saca es acusada de lavar unos 22 millones de dólares, que eran parte de los $300 millones que el expresidente Saca confesó haber malversado en su administración y por lo cual fue condenado a diez años de prisión. Saca se sometió al mismo procedimiento que su esposa solicitó a las autoridades.
La opción de juicio abreviado está contemplada por el Código Procesal Penal salvadoreño e indica reducción de la pena, desde la tercera parte del mínimo por los delitos hasta el mínimo propiamente o incluso, dependiendo de lo que se acuse, el arresto domiciliar, a cambio de confesar los delitos y saltarse el proceso judicial.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
