Judicial
FGR le niega procedimiento abreviado a Ana Ligia de Saca por lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que no llegó a un acuerdo con la exprimera dama de la República y esposa del expresidente Antonio Saca, Ana Ligia de Saca para someterse a un procedimiento abreviado a cambio de confesar los delitos por los que se le acusa. Saca quería menos de cinco años, el ministerio público se negó a aceptarlo.
«Ellos solicitaron el procedimiento abreviado, pero luego del análisis de la Fiscalía se le negó porque ellos solicitaron una pena inferior a las expectativas de la representación fiscal, consideramos que un procedimiento abreviado al que se le puede aplicar en este tipo de casos es de cinco años, pero ella pedía menos de cinco» explicó el fiscal del caso.
Agregó que la FGR no descarta la posibilidad de acordar un procedimiento abreviado, pero la condición es que sea por una pena de cinco años. De todos los acusados en esta ocasión, solo la esposa de Elías Antonio Saca solicitó el beneficio a cambio de la confesión.
«Lo mismo puede suceder en el caso de la señora Ana Ligia y las otras catorce personas, se tiene hasta la etapa previa del inicio de la presentación de pruebas y vista pública que se puede acceder a darles el procedimiento abreviado. No es una negociación, es lo que la ley manda», añadió el representante del ministerio público.
La audiencia se lleva a cabo en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador contra 15 personas ligadas al caso «Destape a la Corrupción II», además de la esposa del expresdiente Saca, actualmente condenado por delitos de corrupción, están acusados el hermano de ella, Óscar Edgardo Mixco Sol.
Ana Ligia de Saca es acusada de lavar unos 22 millones de dólares, que eran parte de los $300 millones que el expresidente Saca confesó haber malversado en su administración y por lo cual fue condenado a diez años de prisión. Saca se sometió al mismo procedimiento que su esposa solicitó a las autoridades.
La opción de juicio abreviado está contemplada por el Código Procesal Penal salvadoreño e indica reducción de la pena, desde la tercera parte del mínimo por los delitos hasta el mínimo propiamente o incluso, dependiendo de lo que se acuse, el arresto domiciliar, a cambio de confesar los delitos y saltarse el proceso judicial.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
