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Judicial

FGR inició más de 85,000 procesos por diferentes delitos en un año

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La Fiscalía General de la República (FGR) inició 85,464 procesos por diferentes delitos entre junio de 2022 a mayo de 2023 a escala nacional. Los delitos más denunciados son hurto y robo, tráfico de drogas (menudeo), violaciones y extorsiones.

Los datos dan cuenta de un promedio de 7,122 casos mensuales, siendo marzo de 2023 el mes con mayor incidencia al registrar 7,992 procesos los cuales representan el 9.35 % del total.

El reporte detalla que en esos procesos atendieron a 93,198 víctimas en 40,857 audiencias, en las cuales judicializaron a 51,914 imputados. Los procesos terminaron en 8,045 sentencias condenatorias en un total de 23,723 casos judicializados.

El ministerio público detalló que los datos corresponden a casos/imputados que iniciaron la etapa judicial más los que ya estaban en proceso judicial y registraron una actividad en el periodo del referido informe de labores y que los datos son independientes a la fecha de inicio del caso.

El informe fiscal indica que en el periodo estudiado se reportaron 88,936 delitos con un promedio mensual de 7,411. De acuerdo con la FGR la diferencia entre casos iniciados por mes y la cantidad de delitos, se debe a que en un caso o expediente pueden registrarse uno o más delitos, por tanto, la cantidad de ilícitos siempre será mayor a los casos iniciados en un periodo determinado.

La Fiscalía informó que entre los delitos de mayor impacto están: hurto y robo (8,084); violaciones (3,145), extorsiones (1,548); relativos a las drogas (1,497), hurto y robo de vehículos (864), entre otros.

A inicios de enero de 2024, el fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo que desde su llegada al ministerio público tomó la decisión de transformar la institución, «y era dar un giro total de timón, porque siempre he considerado que la Fiscalía está para dar un servicio adecuado a la población que nos permita como institución defender los intereses de la sociedad».

Uno de los casos resueltos fue el de Sergio de Jesús Panameño, quien fue sentenciado a ocho años de cárcel por haber hurtado la tarjeta de débito de su compañera de trabajo y con la misma hizo compras electrónicas inapropiadas por $1,871.99. Dichos hechos fueron comprobados en juicio por la Fiscalía.

De acuerdo con la información recabada por la FGR, el imputado y la víctima eran compañeros de trabajo en una unidad de salud de La Libertad y en el año 2019, tras un descuido de la víctima, el imputado sustrajo su tarjeta de débito. Al tener en su poder la tarjeta, Panameño efectuó varias compras electrónicas el 20 de agosto y 25 de octubre del mismo año en mención, gastando más de $1,000.

A Panameño lo sentenciaron por el delito de obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares. Además de la pena de prisión, el juez le impuso el pago de $1,871.99 en concepto de responsabilidad civil.

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Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.

El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.

Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.

Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.

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Judicial

Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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