Judicial
FGR inició más de 85,000 procesos por diferentes delitos en un año
La Fiscalía General de la República (FGR) inició 85,464 procesos por diferentes delitos entre junio de 2022 a mayo de 2023 a escala nacional. Los delitos más denunciados son hurto y robo, tráfico de drogas (menudeo), violaciones y extorsiones.
Los datos dan cuenta de un promedio de 7,122 casos mensuales, siendo marzo de 2023 el mes con mayor incidencia al registrar 7,992 procesos los cuales representan el 9.35 % del total.
El reporte detalla que en esos procesos atendieron a 93,198 víctimas en 40,857 audiencias, en las cuales judicializaron a 51,914 imputados. Los procesos terminaron en 8,045 sentencias condenatorias en un total de 23,723 casos judicializados.
El ministerio público detalló que los datos corresponden a casos/imputados que iniciaron la etapa judicial más los que ya estaban en proceso judicial y registraron una actividad en el periodo del referido informe de labores y que los datos son independientes a la fecha de inicio del caso.
El informe fiscal indica que en el periodo estudiado se reportaron 88,936 delitos con un promedio mensual de 7,411. De acuerdo con la FGR la diferencia entre casos iniciados por mes y la cantidad de delitos, se debe a que en un caso o expediente pueden registrarse uno o más delitos, por tanto, la cantidad de ilícitos siempre será mayor a los casos iniciados en un periodo determinado.
La Fiscalía informó que entre los delitos de mayor impacto están: hurto y robo (8,084); violaciones (3,145), extorsiones (1,548); relativos a las drogas (1,497), hurto y robo de vehículos (864), entre otros.
A inicios de enero de 2024, el fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo que desde su llegada al ministerio público tomó la decisión de transformar la institución, «y era dar un giro total de timón, porque siempre he considerado que la Fiscalía está para dar un servicio adecuado a la población que nos permita como institución defender los intereses de la sociedad».
Uno de los casos resueltos fue el de Sergio de Jesús Panameño, quien fue sentenciado a ocho años de cárcel por haber hurtado la tarjeta de débito de su compañera de trabajo y con la misma hizo compras electrónicas inapropiadas por $1,871.99. Dichos hechos fueron comprobados en juicio por la Fiscalía.
De acuerdo con la información recabada por la FGR, el imputado y la víctima eran compañeros de trabajo en una unidad de salud de La Libertad y en el año 2019, tras un descuido de la víctima, el imputado sustrajo su tarjeta de débito. Al tener en su poder la tarjeta, Panameño efectuó varias compras electrónicas el 20 de agosto y 25 de octubre del mismo año en mención, gastando más de $1,000.
A Panameño lo sentenciaron por el delito de obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares. Además de la pena de prisión, el juez le impuso el pago de $1,871.99 en concepto de responsabilidad civil.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
