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Judicial

FGR emite más de 2,600 órdenes de captura por estafas en San Salvador entre enero y mayo

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, entre el 1.º de enero y el 31 de mayo de 2025, ha girado 2,648 órdenes de captura en el departamento de San Salvador por los delitos de estafa, hurto informático y estafa agravada. Las autoridades alertan sobre nuevas modalidades que han cobrado fuerza en el país, como las estafas por «likes de YouTube» y el hackeo de cuentas de WhatsApp.

En el caso de los “likes de YouTube”, las víctimas son engañadas con la promesa de generar ingresos por dar «me gusta» a videos. Para continuar ganando, se les solicita realizar pagos, cayendo en la estafa. En la segunda modalidad, los delincuentes suplantan a WhatsApp mediante llamadas y mensajes falsos para obtener los códigos de verificación de las víctimas, con lo que toman el control de las cuentas y se hacen pasar por los afectados para pedir dinero a sus contactos.

Además, cinco extranjeros —cuatro venezolanos y un ecuatoriano— fueron capturados por crear una empresa ficticia llamada Venicars, con la que ofrecían supuestos créditos y planes de financiamiento para vehículos importados. Las víctimas depositaban entre $5,000 y $10,000, pero nunca recibían los autos ni reembolso alguno. Según la FGR, más de 1,500 personas denunciaron haber sido estafadas por esta red, con un perjuicio económico que asciende a $2.5 millones. A los acusados se les congelaron cuentas por más de $800,000 y enfrentan cargos por estafa agravada y agrupaciones ilícitas.

En 2024, la Fiscalía logró condenas contra al menos 400 personas por casos de estafa a nivel nacional. Las investigaciones continúan.

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Exsecretario privado de Funes y su esposa condenados a devolver $3.87 millones por enriquecimiento ilícito

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La Fiscalía General de la Republica (FGR) logró que el exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3,872,095.46 dólares.

Como parte de la condena civil, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla resolvió que Francisco Cáceres deberá devolver $3,539,407.87 dólares, asimismo, lo inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo público.

En cuanto a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres debe reintegrar US$332,687.59.

Cáceres fue secretario privado de la presidencia, durante la gestión de Mauricio Funes, entre el 1 de junio 2009 al 31 de mayo del 2014.
La condena civil ha sido impuesta por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.

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Abusadores de menor reciben 32 y 20 años de cárcel; madre permitió los ataques

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La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.

Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.

A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.

Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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Continúa juicio contra Muyshondt y otros exfuncionarios

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Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.

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