Judicial
Expresidente Funes enfrenta audiencia por avión que recibió de dádiva a cambio de adjudicar proyecto de puente
El expresidente Mauricio Funes, enfrenta este miércoles en el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, la audiencia preliminar como reo ausente por el delito de casos especiales de lavado de dinero.
Este expediente que fue iniciado el 19 de septiembre del año 2020 tiene que ver con un avión que el empresario guatemalteco Jaime Ramón Aparicio Mejía, le regaló a Funes y a Miguel Menéndez Avelar, conocido como «Mecafé».
La aeronave fue entregada a cambio de la adjudicación del proyecto de construcción del puente San Isidro, ubicado sobre el Río Lempa y que conecta los municipios de San Pablo Tacachico, La Libertad y Nueva Concepción, Chalatenango.
Al principio, Aparicio Mejía, representante legal de la empresa Servicios Calificados de la Construcción, S.A. (SERDELCO S.A.), la Fiscalía le ha iniciado el proceso penal por cohecho activo (entregar dádivas), pero después se convirtió en testigo y declaró en contra de «Mecafé» quien fue condenado por ese caso a ocho años en prisión, en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, el 16 de agosto de 2022.
Según el ministerio público, el guatemalteco le regaló a Funes y Menéndez Avelar un avión que él había adquirido en Estados Unidos, en agradecimiento por haberle asignado el 10 de octubre del año 2013, el diseño y construcción del puente San Isidro.
Ese proyecto fue presupuestado a un monto de $8,487,716.94 y tras la adjudicación de la obra, el expresidente y «Mecafé», recibieron el avión Beechcraft King Air 90- TG ADL.
La Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía ha mencionado que varias irregularidades en la adjudicación del contrato de diseño y construcción del puente San Isidro.
La representación fiscal señala que Funes y «Mecafé» tomaron posesión y utilizaron el avión que les regaló Aparicio Mejía, entre los años 2013 y 2016.
En la vista pública donde Menéndez Avelar fue condenado por casos especiales de lavado de dinero, los fiscales documentaron los viajes familiares que el expresidente y Menéndez Avelar realizaron a Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos, incluso alquilaron el avión por $1,300 la hora.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
