Judicial
Exjuez enfrenta juicio por obtener sobornos a cambio de dejar en libertad a delincuentes
José Rodolfo Castillo Morales, exjuez suplente del Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, volvió al banquillo de los acusados.
Morales ya había sido condenado a 14 años de cárcel por cobrar dinero a delincuentes para dejarlos libres; fue sentenciado por tres casos de cohecho: es decir, por recibir sobornos de acusados para que fallara a su favor.
La vuelta a los tribunales se debe a que una Cámara aceptó la apelación de la Fiscalía y ordenó que uno de los dos casos por los que fue absuelto en 2018 se repitiera; eso dio paso a que el Tribunal Cuarto de Sentencia realizara un nuevo procedimiento en contra de Morales.
En la audiencia especial fueron seleccionados los testigos que estarán en el nuevo juicio; entre las pruebas que podrían ser presentadas en este nuevo proceso son grabaciones de llamadas telefónicas.
Cuando le sean presentados al juzgado los audios van a citar a Morales a los tribunales.
Hasta $1,500 recibían de delincuentes
Según la Fiscalía, Morales y un exjuez de Sentencia y Especializado de Instrucción de San Miguel cobraban a los delincuentes entre $750 y $1,500 por dejarlos libres.
Los fiscales aseguraron que también revisaban sentencias de procesados, adelantaban fechas y otorgaban otros beneficios.
Los otros exjueces señalados en ese caso son Miguel Enrique Alberto Beltrán Beltrán (Sentencia), Jorge González Guzmán (Especializado de Instrucción) quienes inicialmente fueron condenados a 19 años con seis meses y cuatro años, respectivamente.
Sin embargo, una Cámara redujo la condena a Beltrán porque lo absolvió por uno de los casos de cohecho, modificando la sentencia a 15 años y seis meses.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
