Judicial
Eugenio Chicas enfrenta juicio por enriquecimiento ilícito
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, comenzó este martes la audiencia probatoria en la que determinará si el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas se enriqueció ilícitamente.
Fiscales de la Unidad Anticorrupción lo señalan de un incremento patrimonial no justificado de $282,494.21 junto a su esposa Blanca Steffany Ayala, la excónyuge Ana Lucía Ramírez y su hijo Carlos Ernesto Chicas González.
La demanda promovida por la Fiscalía General de la República detalla que los cuatro se enriquecieron ilícitamente con fondos públicos.
El exfuncionario enfrenta la demanda por un monto de $252,306.13, Blanca Stefany Ayala Martínez, por $11,282, su hijo, Carlos Ernesto Chicas González por $1,080.44 y su exesposa Ana Lucía Ramírez Ayala, por $17,825.64.
Eugenio Chicas, también fue secretario de comunicaciones del expresidente Salvador Sánchez Cerén entre los años 2015 al 2018, diputado por el FMLN en la Asamblea Legislativa en los períodos 1994-1997 y 1997-2000 y del Parlamento Centroamericano, además, fue director propietario de junta directiva del Registro Nacional de las Personas Naturales.
La pretensión fiscal es que Chicas sea condenado y reintegre esa cantidad de dinero con la que supuestamente se enriqueció ilícitamente y que sea inhabilitado para ejercer un cargo público por 10 años.
El juez uno del Tribunal 4.° contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló una audiencia especial de imposición de medidas contra un imputado acusado de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Según la solicitud de imposición de medidas, agentes de la Policía Nacional Civil realizaban un patrullaje preventivo en el distrito de Ilopango, en las cercanías de Apulo, cuando detuvieron en flagrancia a Eliseo David R. R., quien fue identificado como “homeboy” de la clica Vagos Locos Salvatruchos del programa Western de la Mara Salvatrucha (MS-13). Además, los agentes policiales detallaron que el sujeto tenía una “M” tatuada en la pierna izquierda y una “S” en la derecha.
Audiencia especial de imposición de medidas contra otro presunto pandillero
Por otro lado, el Tribunal 5.° contra el Crimen Organizado de San Salvador también instaló una audiencia especial de imposición de medidas contra Anderos Javier F. Y., a quien se le acusa del delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
El fiscal del caso detalló que el imputado fue detenido el 26 de octubre y ubicado en la base de inteligencia policial como “homeboy” con la función de extorsionista de los Ivus Tynis Locotes, de la tribu Ivu, de la pandilla 18 Revolucionarios.
Ambos Tribunales valoraron los indicios probatorios ofertados por la Fiscalía General de la República (FGR) y ordenaron la medida de la detención provisional contra los dos imputados. Además, un período de instrucción que vence en agosto de 2025, según el decreto legislativo N.° 803, para que continúen las investigaciones contra las estructuras criminales.
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Empleados van a prisión por autopagarse horas extras y bonos no autorizados, en una empresa de Ilopango
Una auditoría realizada entre 2022 y 2023 en la empresa de venta de materiales de construcción PLYCEM, ubicada en llopango, reveló que un grupo de empleados se habían autopagado bonos no autorizados y horas extras indebidas, pese a existir lineamientos claros para dichas compensaciones. Este accionar perjudicó financiera y patrimonialmente a la empresa, por un monto total de $675,595.32.
Entre los acusados están Maritza Elizabeth M. de G., directora financiera, Patricia Guadalupe H., administradora, quienes tenían la autoridad para aprobar los pagos, así como otros encargados contables y administrativos: Fredy Alejandro G. V., Fredy César D., Jonathan Isau G. A., Walter Manuel A. M., y Gerardo René A.
En la audiencia inicial el Juzgado de Paz de llopango resolvió que el proceso continúe en Instrucción para todos lo procesados, con la medida cautelar de la detención provisional para tres de ellos y, para los demás, estableció una caución económica entre $2,000 y $5,000, junto con medidas sustitutivas a la detención.
La Fiscalía General de la República (FGR), logró condenas de hasta 502 años de cárcel para varios pandilleros de la MS, por crímenes cometidos en el oriente del país.
Fueron declarados culpables de 6 casos de homicidios agravados, 11 casos de extorsión agravada, 19 casos de delitos relacionados a drogas, 9 casos de proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado, y organizaciones terroristas.
Estos crímenes fueron cometidos entre el 2014 y el 2018 en las zonas centro y zona norte del departamento de San Miguel.
