Judicial
Envían a prisión a presunto responsable de asesinar a una pareja y una menor de dos años en Morazán
Reynaldo Rigoberto Ramos Argueta, de 18 años, se mantendrá en la cárcel mientras dura el proceso penal en su contra por los delitos de Feminicidio Agravado en contra de una madre y su hija de 2 años; y por el Homicidio Agravado en perjuicio del padre de la niña.
El imputado enfrentó hoy por la mañana la audiencia inicial, en el Juzgado de Paz de Cacaopera, en la que Fiscales de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer de la oficina de San Francisco Gotera, en Morazán, ofrecieron suficientes elementos de probabilidad de que el imputado es el responsable del triple crimen.
Por lo que el Juez resolvió la instrucción formal con detención provisional por los tres delitos, y además le decretó reserva total al caso, a petición de la FGR, atendiendo lo que establece la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres.
Las víctimas mayores, fueron asesinadas con lesiones producidas con corvo, el 10 de abril de 2018, en horas de la mañana, al interior de un mesón, ubicado en Cacaopera.
Mientras, que la menor, fue trasladada con vida hasta un cerro de Cacaopera, donde la estranguló y la enterró.
Pero Ramos Argueta, en compañía de otros sujetos, llegaron el mismo día en horas de la noche, hasta el cuarto del mesón, para desmembrar los cuerpos de los padres de la menor y trasladarlos hasta el mismo cerro, para posteriormente enterrarlos en una fosa diferente a la de la niña.
Por este mismo caso, es procesado José Santos Ramos, de 70 años, abuelo de Ramos Argueta, por el delito de fraude procesal, por alterar la escena de delito.
El septuagenario también fue enviado a prisión. Resolución dada por el mismo Juez de Paz de Cacaopera.
Además, un tercer implicado en los crímenes, que tiene calidad de reo ausente, se le decretó la instrucción formal con detención provisional con vista del requerimiento.
Francisco Jiménez Rivera recibió esta tarde una condena de 45 años de cárcel por haberle quitado la vida a una persona e intentar asesinar a otra víctima en Soyapango.
Según las investigaciones, en octubre del 2022, este sujeto entró a una vivienda y atacó con un arma blanca a una persona.
La segunda víctima intervino rápidamente para evitar el ataque de Jiménez, sin embargo, este logró atacarlo varias veces con el mismo cuchillo y le ocasionó la muerte al instante.
Un hombre identificado únicamente con las iniciales K. O. G. D. fue detenido luego que desobedeció una orden de alejamiento y llegó por la fuerza a la casa de su expareja para agredirla físicamente a ella y a su propia hija, en el departamento de Santa Ana.
Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que todo inició cuando la víctima denunció a su excompañero de vida por violencia intrafamiliar, cuyo caso fue remitido a un Juzgado de Paz de Santa Ana en el cual se dictaron medidas de protección.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana impuso K. O. G. D. medidas de protección que le prohibían acercarse a su excompañera de vida con el objetivo de resguardar su integridad mientras se celebraba la audiencia inicial.
No obstante, detalló CJES, “el 26 de abril de 2025, el imputado presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente. Además, se reportó que golpeó a su hija, lo que motivó su detención por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.
Durante la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados y resolvió que el proceso continúe en etapa de instrucción, pero esta vez con el imputado en detención provisional. Además, ordenó que la niña, hija biológica del acusado y presunta víctima de maltrato, quede bajo el cuidado temporal de su tía abuela.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
