Judicial
Empleado de alcaldía de San Salvador dice que fue procesado en caso de amenazas por un favor que hizo a un compañero
Un empleado de la alcaldía de San Salvador aseguró que un compañero de trabajo es el único responsable en un caso de amenazas a una mujer a la que con engaños él le escribió para “hacer el favor” de cobrar un dinero que ella le adeudaba y por el que terminó siendo procesado.
“Me duele que sigan manchando mi nombre”, con estas palabras fue que Rafael S., inició la defensa de su honor por el caso en el que fue procesado junto a Rudifram A., por atemorizar a una mujer a la que el segundo le había prestado $400.
“La ofendida y Rudifram se conocían, él solo ocupó mi nombre y siguió hablando con esta persona. No sé cómo es que se montó esto, yo me siento tranquilo y en paz”, comentó Rafael.
El imputado también niega haber ofrecido algún préstamo a la víctima, “él le prestó el dinero, que haya ocupado mi nombre es otra cosa, yo no le di ningún dinero a él. Estoy hablando con la verdad”, señaló.
El cobro que nunca debió hacer
Rafael reconoció que su error fue hacerle el favor a su compañero de escribirle a la mujer para que se hiciera efectivo el pago del dinero, más los intereses establecidos en un acuerdo de palabra.
Con la mirada puesta en el vacio, el empleado municipal recordó que Rudifram le pidió que “le hiciera el favor de hacerse pasar como la persona que le había prestado el dinero para hacerle presión que pagara, ese es mi único pecado”.
Pese a predicar su inocencia, el 17 de enero del presente año ambos imputados llegaron a un acuerdo de conciliación con la víctima, aunque, Rafael dijo haber sido excluido.
“Yo fui espectador, pero lo que quería era salir libre”, sentenció el hombre que dice que para el día de su captura también fue engañado por su amigo, ya que tomaron una ruta diferente a la que establecía su trabajo como motorista de la comuna.
“Cuando pasamos por el parque infantil y al ver que no era la ruta, le pregunté que para dónde íbamos. Él me respondió que iría a Metrocentro a traer un dinero de la persona que le debía”, explicó.
Cuando llegaron al lugar, Rafael se sentó en una banca mientras su compañero esperaba de pie cerca del estacionamiento. Segundos después, observó que este estaba esposado y que este le gritó que se llevara el vehículo. La alerta solo provocó que los oficiales también capturaran a Rafael en una entrega controlada.
“Nos va acompañar, me dijo el oficial. En ese momento yo le hablé a la secretaria (de la alcaldía) para decirse a mi superior que yo iba preso”, recordó segundos antes de que fuera esposado. “No fuimos a las bartolinas donde nos tomaron fotografías”, señaló.
Su relación con Rudifram
Antes de que sus vidas se entrelazaran por este hecho, Rafael señaló que su compañero era serio, nunca han sido amigos y su relación es profesional.
“No le guardo rencor, cuando es joven uno, de repente, es inmaduro. Él en sus adentros sabe cómo me dañó, pero ahora estoy afuera, aquí afuera puedo darle de comer a mi familia y estando adentro ¿cómo?, más si es algo en lo que no tengo nada que ver”, explicó.
A pesar del largo proceso judicial que tuvo que pasar, considera que todo esto fue parte de una “proceso cristiano” que lo llevó a cambiar su vida.
“Pase tres días preso, y tuve momentos duros. Ya estoy en la iglesia por un año. Adentro (de las bartolinas) yo me puse a cuentas con Dios en esos dos días. Yo una mañana me levanté llorando pero salí libre”, recordó.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
