Judicial
Empleado de alcaldía de San Salvador dice que fue procesado en caso de amenazas por un favor que hizo a un compañero
Un empleado de la alcaldía de San Salvador aseguró que un compañero de trabajo es el único responsable en un caso de amenazas a una mujer a la que con engaños él le escribió para “hacer el favor” de cobrar un dinero que ella le adeudaba y por el que terminó siendo procesado.
“Me duele que sigan manchando mi nombre”, con estas palabras fue que Rafael S., inició la defensa de su honor por el caso en el que fue procesado junto a Rudifram A., por atemorizar a una mujer a la que el segundo le había prestado $400.
“La ofendida y Rudifram se conocían, él solo ocupó mi nombre y siguió hablando con esta persona. No sé cómo es que se montó esto, yo me siento tranquilo y en paz”, comentó Rafael.
El imputado también niega haber ofrecido algún préstamo a la víctima, “él le prestó el dinero, que haya ocupado mi nombre es otra cosa, yo no le di ningún dinero a él. Estoy hablando con la verdad”, señaló.
El cobro que nunca debió hacer
Rafael reconoció que su error fue hacerle el favor a su compañero de escribirle a la mujer para que se hiciera efectivo el pago del dinero, más los intereses establecidos en un acuerdo de palabra.
Con la mirada puesta en el vacio, el empleado municipal recordó que Rudifram le pidió que “le hiciera el favor de hacerse pasar como la persona que le había prestado el dinero para hacerle presión que pagara, ese es mi único pecado”.
Pese a predicar su inocencia, el 17 de enero del presente año ambos imputados llegaron a un acuerdo de conciliación con la víctima, aunque, Rafael dijo haber sido excluido.
“Yo fui espectador, pero lo que quería era salir libre”, sentenció el hombre que dice que para el día de su captura también fue engañado por su amigo, ya que tomaron una ruta diferente a la que establecía su trabajo como motorista de la comuna.
“Cuando pasamos por el parque infantil y al ver que no era la ruta, le pregunté que para dónde íbamos. Él me respondió que iría a Metrocentro a traer un dinero de la persona que le debía”, explicó.
Cuando llegaron al lugar, Rafael se sentó en una banca mientras su compañero esperaba de pie cerca del estacionamiento. Segundos después, observó que este estaba esposado y que este le gritó que se llevara el vehículo. La alerta solo provocó que los oficiales también capturaran a Rafael en una entrega controlada.
“Nos va acompañar, me dijo el oficial. En ese momento yo le hablé a la secretaria (de la alcaldía) para decirse a mi superior que yo iba preso”, recordó segundos antes de que fuera esposado. “No fuimos a las bartolinas donde nos tomaron fotografías”, señaló.
Su relación con Rudifram
Antes de que sus vidas se entrelazaran por este hecho, Rafael señaló que su compañero era serio, nunca han sido amigos y su relación es profesional.
“No le guardo rencor, cuando es joven uno, de repente, es inmaduro. Él en sus adentros sabe cómo me dañó, pero ahora estoy afuera, aquí afuera puedo darle de comer a mi familia y estando adentro ¿cómo?, más si es algo en lo que no tengo nada que ver”, explicó.
A pesar del largo proceso judicial que tuvo que pasar, considera que todo esto fue parte de una “proceso cristiano” que lo llevó a cambiar su vida.
“Pase tres días preso, y tuve momentos duros. Ya estoy en la iglesia por un año. Adentro (de las bartolinas) yo me puse a cuentas con Dios en esos dos días. Yo una mañana me levanté llorando pero salí libre”, recordó.
Por: El Salvador Times.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno continúan produciendo resultados positivos a corto plazo con la ventilación de los procesos judiciales contra los cabecillas de los grupos criminales que por años sembraron terror y creyeron tener el control del país.
Este lunes continuó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 con la participación de la representación fiscal en los alegatos finales en un proceso amplio debido a la cantidad de acusaciones contra los involucrados.
«Estos alegatos, por tratarse de un caso bastante complejo y por la cantidad de las imputaciones que superan las 47,400, se han dividido, empezando primero a explicar la teoría para responsabilizar a todos estos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la autoría de los aparatos organizados de poder», explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
Muñoz agregó que, en la evolución que tuvieron estos grupos criminales lograron extenderse con el paso del tiempo hasta abarcar sus operaciones criminales en todo el territorio. “En su evolución, fueron formándose las clicas territoriales, pero posteriormente fue creciendo tanto la organización criminal, a lo largo de los años, que surgieron los programas, que es la unión de varias clicas y está conformada por 32 programas a nivel nacional”, ahondó.
A partir de ello, dijo, hay más de 230 causas abiertas en contra de esta organización criminal, que son las detenciones que se han realizado en el marco del régimen de excepción. En los alegatos, se planteará el desarrollo de esta organización criminal, empezando por la ranfla histórica, pasando por los ranfleros en los penales que tuvieron poder durante la época de la tregua 2012-2015.
“Obviamente, pues estando en una supuesta tregua con el gobierno, pues en las cárceles prácticamente no había controles”, indicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
La ranfla histórica estaba conformada por 24 miembros. Entre ellos, había dos personas muy influyentes: El Diablito de Hollywood y El 13 de Teclas. Estas dos personas eran las más influyentes de la ranfla, pero tenían grandes diferencias”, agregó el fiscal.
A los pandilleros se les atribuye el uso de niños para movilizar la droga, cobrar la extorsión, mover las armas de fuego para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de la policía en esos momentos.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
