Judicial
Empleado de alcaldía de San Salvador dice que fue procesado en caso de amenazas por un favor que hizo a un compañero
Un empleado de la alcaldía de San Salvador aseguró que un compañero de trabajo es el único responsable en un caso de amenazas a una mujer a la que con engaños él le escribió para “hacer el favor” de cobrar un dinero que ella le adeudaba y por el que terminó siendo procesado.
“Me duele que sigan manchando mi nombre”, con estas palabras fue que Rafael S., inició la defensa de su honor por el caso en el que fue procesado junto a Rudifram A., por atemorizar a una mujer a la que el segundo le había prestado $400.
“La ofendida y Rudifram se conocían, él solo ocupó mi nombre y siguió hablando con esta persona. No sé cómo es que se montó esto, yo me siento tranquilo y en paz”, comentó Rafael.
El imputado también niega haber ofrecido algún préstamo a la víctima, “él le prestó el dinero, que haya ocupado mi nombre es otra cosa, yo no le di ningún dinero a él. Estoy hablando con la verdad”, señaló.
El cobro que nunca debió hacer
Rafael reconoció que su error fue hacerle el favor a su compañero de escribirle a la mujer para que se hiciera efectivo el pago del dinero, más los intereses establecidos en un acuerdo de palabra.
Con la mirada puesta en el vacio, el empleado municipal recordó que Rudifram le pidió que “le hiciera el favor de hacerse pasar como la persona que le había prestado el dinero para hacerle presión que pagara, ese es mi único pecado”.
Pese a predicar su inocencia, el 17 de enero del presente año ambos imputados llegaron a un acuerdo de conciliación con la víctima, aunque, Rafael dijo haber sido excluido.
“Yo fui espectador, pero lo que quería era salir libre”, sentenció el hombre que dice que para el día de su captura también fue engañado por su amigo, ya que tomaron una ruta diferente a la que establecía su trabajo como motorista de la comuna.
“Cuando pasamos por el parque infantil y al ver que no era la ruta, le pregunté que para dónde íbamos. Él me respondió que iría a Metrocentro a traer un dinero de la persona que le debía”, explicó.
Cuando llegaron al lugar, Rafael se sentó en una banca mientras su compañero esperaba de pie cerca del estacionamiento. Segundos después, observó que este estaba esposado y que este le gritó que se llevara el vehículo. La alerta solo provocó que los oficiales también capturaran a Rafael en una entrega controlada.
“Nos va acompañar, me dijo el oficial. En ese momento yo le hablé a la secretaria (de la alcaldía) para decirse a mi superior que yo iba preso”, recordó segundos antes de que fuera esposado. “No fuimos a las bartolinas donde nos tomaron fotografías”, señaló.
Su relación con Rudifram
Antes de que sus vidas se entrelazaran por este hecho, Rafael señaló que su compañero era serio, nunca han sido amigos y su relación es profesional.
“No le guardo rencor, cuando es joven uno, de repente, es inmaduro. Él en sus adentros sabe cómo me dañó, pero ahora estoy afuera, aquí afuera puedo darle de comer a mi familia y estando adentro ¿cómo?, más si es algo en lo que no tengo nada que ver”, explicó.
A pesar del largo proceso judicial que tuvo que pasar, considera que todo esto fue parte de una “proceso cristiano” que lo llevó a cambiar su vida.
“Pase tres días preso, y tuve momentos duros. Ya estoy en la iglesia por un año. Adentro (de las bartolinas) yo me puse a cuentas con Dios en esos dos días. Yo una mañana me levanté llorando pero salí libre”, recordó.
Por: El Salvador Times.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
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