Judicial
Empleado de alcaldía de San Salvador dice que fue procesado en caso de amenazas por un favor que hizo a un compañero
Un empleado de la alcaldía de San Salvador aseguró que un compañero de trabajo es el único responsable en un caso de amenazas a una mujer a la que con engaños él le escribió para “hacer el favor” de cobrar un dinero que ella le adeudaba y por el que terminó siendo procesado.
“Me duele que sigan manchando mi nombre”, con estas palabras fue que Rafael S., inició la defensa de su honor por el caso en el que fue procesado junto a Rudifram A., por atemorizar a una mujer a la que el segundo le había prestado $400.
“La ofendida y Rudifram se conocían, él solo ocupó mi nombre y siguió hablando con esta persona. No sé cómo es que se montó esto, yo me siento tranquilo y en paz”, comentó Rafael.
El imputado también niega haber ofrecido algún préstamo a la víctima, “él le prestó el dinero, que haya ocupado mi nombre es otra cosa, yo no le di ningún dinero a él. Estoy hablando con la verdad”, señaló.
El cobro que nunca debió hacer
Rafael reconoció que su error fue hacerle el favor a su compañero de escribirle a la mujer para que se hiciera efectivo el pago del dinero, más los intereses establecidos en un acuerdo de palabra.
Con la mirada puesta en el vacio, el empleado municipal recordó que Rudifram le pidió que “le hiciera el favor de hacerse pasar como la persona que le había prestado el dinero para hacerle presión que pagara, ese es mi único pecado”.
Pese a predicar su inocencia, el 17 de enero del presente año ambos imputados llegaron a un acuerdo de conciliación con la víctima, aunque, Rafael dijo haber sido excluido.
“Yo fui espectador, pero lo que quería era salir libre”, sentenció el hombre que dice que para el día de su captura también fue engañado por su amigo, ya que tomaron una ruta diferente a la que establecía su trabajo como motorista de la comuna.
“Cuando pasamos por el parque infantil y al ver que no era la ruta, le pregunté que para dónde íbamos. Él me respondió que iría a Metrocentro a traer un dinero de la persona que le debía”, explicó.
Cuando llegaron al lugar, Rafael se sentó en una banca mientras su compañero esperaba de pie cerca del estacionamiento. Segundos después, observó que este estaba esposado y que este le gritó que se llevara el vehículo. La alerta solo provocó que los oficiales también capturaran a Rafael en una entrega controlada.
“Nos va acompañar, me dijo el oficial. En ese momento yo le hablé a la secretaria (de la alcaldía) para decirse a mi superior que yo iba preso”, recordó segundos antes de que fuera esposado. “No fuimos a las bartolinas donde nos tomaron fotografías”, señaló.
Su relación con Rudifram
Antes de que sus vidas se entrelazaran por este hecho, Rafael señaló que su compañero era serio, nunca han sido amigos y su relación es profesional.
“No le guardo rencor, cuando es joven uno, de repente, es inmaduro. Él en sus adentros sabe cómo me dañó, pero ahora estoy afuera, aquí afuera puedo darle de comer a mi familia y estando adentro ¿cómo?, más si es algo en lo que no tengo nada que ver”, explicó.
A pesar del largo proceso judicial que tuvo que pasar, considera que todo esto fue parte de una “proceso cristiano” que lo llevó a cambiar su vida.
“Pase tres días preso, y tuve momentos duros. Ya estoy en la iglesia por un año. Adentro (de las bartolinas) yo me puse a cuentas con Dios en esos dos días. Yo una mañana me levanté llorando pero salí libre”, recordó.
Por: El Salvador Times.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
