Judicial
Empleado de alcaldía de San Salvador dice que fue procesado en caso de amenazas por un favor que hizo a un compañero
Un empleado de la alcaldía de San Salvador aseguró que un compañero de trabajo es el único responsable en un caso de amenazas a una mujer a la que con engaños él le escribió para “hacer el favor” de cobrar un dinero que ella le adeudaba y por el que terminó siendo procesado.
“Me duele que sigan manchando mi nombre”, con estas palabras fue que Rafael S., inició la defensa de su honor por el caso en el que fue procesado junto a Rudifram A., por atemorizar a una mujer a la que el segundo le había prestado $400.
“La ofendida y Rudifram se conocían, él solo ocupó mi nombre y siguió hablando con esta persona. No sé cómo es que se montó esto, yo me siento tranquilo y en paz”, comentó Rafael.
El imputado también niega haber ofrecido algún préstamo a la víctima, “él le prestó el dinero, que haya ocupado mi nombre es otra cosa, yo no le di ningún dinero a él. Estoy hablando con la verdad”, señaló.
El cobro que nunca debió hacer
Rafael reconoció que su error fue hacerle el favor a su compañero de escribirle a la mujer para que se hiciera efectivo el pago del dinero, más los intereses establecidos en un acuerdo de palabra.
Con la mirada puesta en el vacio, el empleado municipal recordó que Rudifram le pidió que “le hiciera el favor de hacerse pasar como la persona que le había prestado el dinero para hacerle presión que pagara, ese es mi único pecado”.
Pese a predicar su inocencia, el 17 de enero del presente año ambos imputados llegaron a un acuerdo de conciliación con la víctima, aunque, Rafael dijo haber sido excluido.
“Yo fui espectador, pero lo que quería era salir libre”, sentenció el hombre que dice que para el día de su captura también fue engañado por su amigo, ya que tomaron una ruta diferente a la que establecía su trabajo como motorista de la comuna.
“Cuando pasamos por el parque infantil y al ver que no era la ruta, le pregunté que para dónde íbamos. Él me respondió que iría a Metrocentro a traer un dinero de la persona que le debía”, explicó.
Cuando llegaron al lugar, Rafael se sentó en una banca mientras su compañero esperaba de pie cerca del estacionamiento. Segundos después, observó que este estaba esposado y que este le gritó que se llevara el vehículo. La alerta solo provocó que los oficiales también capturaran a Rafael en una entrega controlada.
“Nos va acompañar, me dijo el oficial. En ese momento yo le hablé a la secretaria (de la alcaldía) para decirse a mi superior que yo iba preso”, recordó segundos antes de que fuera esposado. “No fuimos a las bartolinas donde nos tomaron fotografías”, señaló.
Su relación con Rudifram
Antes de que sus vidas se entrelazaran por este hecho, Rafael señaló que su compañero era serio, nunca han sido amigos y su relación es profesional.
“No le guardo rencor, cuando es joven uno, de repente, es inmaduro. Él en sus adentros sabe cómo me dañó, pero ahora estoy afuera, aquí afuera puedo darle de comer a mi familia y estando adentro ¿cómo?, más si es algo en lo que no tengo nada que ver”, explicó.
A pesar del largo proceso judicial que tuvo que pasar, considera que todo esto fue parte de una “proceso cristiano” que lo llevó a cambiar su vida.
“Pase tres días preso, y tuve momentos duros. Ya estoy en la iglesia por un año. Adentro (de las bartolinas) yo me puse a cuentas con Dios en esos dos días. Yo una mañana me levanté llorando pero salí libre”, recordó.
Por: El Salvador Times.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
