Judicial
Dos mujeres condenadas a 13 años de cárcel por explotar sexualmente a una adolescente en Lourdes, Colón
Este día, la Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer la sentencia condenatoria de 13 años de prisión en contra de dos mujeres a quienes se le encontró culpable por someter a una adolescente a la prostitución y lucrarse al explotarla sexualmente en dos cervecerías de Lourdes, municipio de Colón, La Libertad.
Se trata de Irma Yaneth Rodríguez y Jacqueline Elena Velis Landaverde, quienes fueron llevadas a la vista pública ante el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad.
El delito que se le atribuyó fue el de trata de personas en la modalidad explotación sexual, cometido en perjuicio de una adolescente salvadoreña que goza de régimen de protección de víctima y testigo.
Durante el desarrollo de la audiencia, la representación fiscal acreditó abundante elemento probatorio, con el que fortaleció el dictamen de acusación y se logró establecer la existencia del delito y la participación delictiva de las acusadas.
Según la declaración de la víctima, los hechos ocurrieron en el mes de mayo de 2017, en interior de las cervecerías Milenium y Sinaloa, ubicadas en la calle 5 de noviembre, de la colonia El Progreso, del cantón Lourdes, municipio Colón, departamento de La Libertad. donde ambas imputadas la obligaron a sostener relaciones sexuales con diferentes hombres diariamente.
Todo esto sucedió luego de que la víctima se enterara a través de un clasificado de un periódico de una oferta de trabajo como mesara, con un salario de $300.00 quincenales; al llegar al lugar de trabajo, las imputadas Irma Yaneth Rodríguez y Jacqueline Elena Velis Landaverde, la obligan a ingerir cerveza y tener relaciones sexuales con diversos hombres diariamente, por lo que cobraban $15.00.
Durante un mes estuvo privada de libertad y fue hasta que una persona la auxilio, al prestarle un celular con el que logro comunicarse con su madre a quien le dice lo que está pasando, y con apoyo policial es rescatada del interior de la cervecería Milenium.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
