Judicial
Dos hombres deberán pasar hasta 13 años de cárcel por agresión y violación
En casos diferentes dos agresores sexuales fueron condenados a penas de siete y más de 13 años de cárcel, luego que fiscales de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia de la oficina fiscal de Santa Ana, lograran desmostar ante los tribunales la participación de ambos imputados en los ilícitos que se les acusó; así lo explicó el jefe de la sede Fiscal, Miguel Iraheta.
En el primero de los casos fue el Juzgado Primero de Sentencia de Santa Ana, el que condenó a Víctor Manuel Carranza Castro a siete años de prisión y el pago de $480.00 en concepto de responsabilidad civil, por el delito de Violación en perjuicio de una mujer.
Según la declaración de la víctima en el mes de mayo de 2019, el ahora condenado llegó a la casa de ella, y a base de mentiras hizo que saliera de su hogar junto a la hija de ella, el sujeto lleva a ambas hasta la casa de habitación de él, donde bajo la amenaza de quitarle la vida a la niña, obliga a su víctima a mantener relaciones sexuales con él.
Mientras que el otro caso se desarrolló en el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, donde Manuel de Jesús López Figueroa fue sentenciado a 13 años y cuatro meses de cárcel, más el pago de $600.00 de responsabilidad civil, por el delito de Violación Agravada continuada, en perjuicio de una adolescente, de quien abusó sexualmente durante el año 2019, en el municipio de Metapán, departamento de Santa Ana.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
