Judicial
Dictan más de 200 años de prisión a pandilleros en San Miguel
Más de una treintena de pandilleros de la MS-13 acusados de extorsionar a comerciantes y empresarios del transporte público y privado en la ciudad de San Miguel y municipios aledaños recibió condenas de hasta 214 años de prisión durante la vista pública celebrada en el Juzgado Especializado de Sentencia de la cabecera departamental.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), entre 2003 y 2013, la estructura exigió a 10 víctimas la entrega de $500 a $1,025 semanales a cambio de no atentar en contra de sus vidas o de las de sus familiares.
La representación fiscal señaló a Óscar Armando Pereira Vigil, alias el Comando, como el fundador y primer cabecilla de la estructura, y era quien se encargaba de ordenar las extorsiones desde el centro penal de Ciudad Barrios, siempre en San Miguel.
El tribunal impuso a Pereira una pena de 200 años de prisión por 10 casos de extorsión agravada y otros 14 años por agrupaciones ilícitas.
Además, Ismael Alfredo Flores Hernández, alias Liro Man, identificado como segundo cabecilla de la estructura, fue sentenciado a 134 años de cárcel por seis casos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
En tanto, los terroristas René Medrano Liévano y Francisco Álvarez Guzmán fueron sentenciados a 174 años de prisión, mientras que José Alexánder Ramírez y Mauricio Adonay Campos García recibieron una sentencia de 154 años de cárcel, todos por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Otros cuatro sujetos recibieron una sentencia de 134 años.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
