Judicial
Dictan más de 200 años de prisión a pandilleros en San Miguel
Más de una treintena de pandilleros de la MS-13 acusados de extorsionar a comerciantes y empresarios del transporte público y privado en la ciudad de San Miguel y municipios aledaños recibió condenas de hasta 214 años de prisión durante la vista pública celebrada en el Juzgado Especializado de Sentencia de la cabecera departamental.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), entre 2003 y 2013, la estructura exigió a 10 víctimas la entrega de $500 a $1,025 semanales a cambio de no atentar en contra de sus vidas o de las de sus familiares.
La representación fiscal señaló a Óscar Armando Pereira Vigil, alias el Comando, como el fundador y primer cabecilla de la estructura, y era quien se encargaba de ordenar las extorsiones desde el centro penal de Ciudad Barrios, siempre en San Miguel.
El tribunal impuso a Pereira una pena de 200 años de prisión por 10 casos de extorsión agravada y otros 14 años por agrupaciones ilícitas.
Además, Ismael Alfredo Flores Hernández, alias Liro Man, identificado como segundo cabecilla de la estructura, fue sentenciado a 134 años de cárcel por seis casos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
En tanto, los terroristas René Medrano Liévano y Francisco Álvarez Guzmán fueron sentenciados a 174 años de prisión, mientras que José Alexánder Ramírez y Mauricio Adonay Campos García recibieron una sentencia de 154 años de cárcel, todos por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Otros cuatro sujetos recibieron una sentencia de 134 años.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
