Judicial
Detención contra empleado del MOP por apropiarse vales de combustible
El Juzgado 4° de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Reynaldo Lara Chávez, de 47 años de edad, acusado de peculado en perjuicio de la administración pública y subsidiariamente en perjuicio del patrimonio del Ministerio de Obras Públicas y Desarrollo Urbano (MOP) El plazo de instrucción es de seis meses para que las partes presenten documentación pertinente.
El ministerio público fiscal acusa a Lara de haberse apropiado 4,073 cupones de combustibles valorados cada uno de ellos en 10 dólares haciendo un total de 40 mil setecientos 30 dólares.
La denuncia fue interpuesta el 16 de agosto del año 2017 en sede fiscal, inicialmente por el delito de hurto en perjuicio del MOP, hecho atribuido a persona desconocida y realizado en el plantel La Lechuza, ubicado en la Alameda Manuel Enrique Araujo en San Salvador, donde el imputado, siendo el encargado del almacén de cupones, informó el extravío de los cupones los cuales resguardaba bajo llave y que él junto al señor Mario A. son los únicos que tienen la llave.
Por tal extravío se ordenó una auditoría especial a la Unidad de Transporte Institucional y la gerencia de auditoría interna solicitó a la empresa, que canjea vales de combustible, brindara un informe detallado sobre los cupones extraviados y les brindó los números de dichos vales. La empresa informó que 4,067 de dichos vales ya habían sido canjeados desde el mes de julio del año 2016 a Julio del 2017 y únicamente 6 de ellos no habían sido canjeados.
Además FGR cuenta con un testigo protegido que manifiesta reconocer al imputado que llegaba a canjear los cupones y llevaba barriles para el combustible. Así también, hay documentación de fechas diferentes donde Reynaldo Lara solicita a la gasolinera autorice la validación de cupones, que incluyen la numeración de los cupones presuntamente extraviados.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
