Judicial
Detención contra empleado del MOP por apropiarse vales de combustible
El Juzgado 4° de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Reynaldo Lara Chávez, de 47 años de edad, acusado de peculado en perjuicio de la administración pública y subsidiariamente en perjuicio del patrimonio del Ministerio de Obras Públicas y Desarrollo Urbano (MOP) El plazo de instrucción es de seis meses para que las partes presenten documentación pertinente.
El ministerio público fiscal acusa a Lara de haberse apropiado 4,073 cupones de combustibles valorados cada uno de ellos en 10 dólares haciendo un total de 40 mil setecientos 30 dólares.
La denuncia fue interpuesta el 16 de agosto del año 2017 en sede fiscal, inicialmente por el delito de hurto en perjuicio del MOP, hecho atribuido a persona desconocida y realizado en el plantel La Lechuza, ubicado en la Alameda Manuel Enrique Araujo en San Salvador, donde el imputado, siendo el encargado del almacén de cupones, informó el extravío de los cupones los cuales resguardaba bajo llave y que él junto al señor Mario A. son los únicos que tienen la llave.
Por tal extravío se ordenó una auditoría especial a la Unidad de Transporte Institucional y la gerencia de auditoría interna solicitó a la empresa, que canjea vales de combustible, brindara un informe detallado sobre los cupones extraviados y les brindó los números de dichos vales. La empresa informó que 4,067 de dichos vales ya habían sido canjeados desde el mes de julio del año 2016 a Julio del 2017 y únicamente 6 de ellos no habían sido canjeados.
Además FGR cuenta con un testigo protegido que manifiesta reconocer al imputado que llegaba a canjear los cupones y llevaba barriles para el combustible. Así también, hay documentación de fechas diferentes donde Reynaldo Lara solicita a la gasolinera autorice la validación de cupones, que incluyen la numeración de los cupones presuntamente extraviados.
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
