Judicial
Desarticulan clica de la MS que operaba en San Miguel y que cometió más de 15 homicidios
La Fiscalía General de la República (FGR) giró 99 órdenes de captura en contra de 101 miembros de la MS-13 por los delitos de homicidio agravado, feminicidio agravado, estafa, robo agravado, organizaciones terroristas, y limitación ilegal a la libertad de circulación. Con estas acciones, el ente fiscal continúa combatiendo las estructuras terroristas.
Todos los imputados son miembros del programa Sailor y de la clica con el mismo nombre, a quienes se les acusa de cometer un feminicidio, más de 15 homicidios, 2 extorsiones y varios casos en los que no permitieron que salvadoreños honrados circularan libremente por colonias y lugares que ellos dominaban.
El procedimiento de detención y registros de esta madrugada fue liderado por la Unidad Especializada de Delitos de Hurto y Robo de Vehículos de la FGR en coordinación con la División Elite contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional Civil (PNC).
En el operativo se ejecutaron 99 registros y allanamientos en las colonias: San Pablo, La Panamericana, Santa Julia, El Tesoro, Ciudad Pacífica, El Zamorano, Monte María y en la lotificación Monte Grande todos del municipio de San Miguel, y se incautó 6 celulares y $2,463 dólares de los cuales no se pudo justificar su procedencia lícita.
Hasta este momento se registran al menos 21 capturados identificados como: Héctor Antonio Carranza García, alias Toño ñinga; José Luis Campos, alias cuatro; Javier Alexander agatizado Mesa, alias Pogba; Carlos José Lobos Sorto, alias Carlos; Marvin Josué campos Madrid, alias dreamen; Ricardo Alberto Segovia Hernández, alias momia; Denis Alexander Mejía Navas; César Armando López Reyes, alias yeyé; José Wilfredo Galdámez Vásquez, alias Will; Brayan Benjamín Saravia Carranza, alias Gusano; José Óscar Gómez Moreno, alias Cani; José Daniel Bustillo Bonilla, Yesenia del Carmen Ramírez; Sara Ruth Martínez Guevara, alías La Gorda; José Marvin Chicas; Kelvin Antonio Calderón Rodríguez; Luis Miguel Velásquez Belloso; Blanca Elena Turcios Blanco; Daniel Belisario Márquez García, alias Chele; Denis Alexander Navas Mejía, alías Quimona y Manuel de Jesús Campos Vega.
El operativo sigue en desarrollo hasta las primeras horas de la mañana de hoy viernes.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
