Judicial
Demandan al alcalde Muyshondt porque sigue atentando contra la salud de los capitalinos y contra el medio ambiente
Llegó una nueva demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el alcalde Ernesto Muyshondt, porque sigue atentando contra la salud pública de quienes habitan en la zona sur del municipio de San Salvador.
El ciudadano Sergio Portillo acudió a la FGR a presentar su escrito, en el que acusa que se pueden hallar indicios de que el alcalde Muyshondt comete los ilícito de desobediencia y contaminación ambiental agravada, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.
Según lo expuso el ciudadano Portillo, el jefe municipal de San Salvador insiste en botar desechos sólidos en la planta de transbordo Aragón, que no tiene los permisos requeridos para el tratamiento de desechos sólidos. A una cortísima distancia queda la quebrada “El Garrobo”, que acumula exceso de desechos y además recibe aguas negras o lixiviados.
En ese lugar, que no tiene autorización para ocuparse de la basura, están acumuladas más de 8,000 toneladas de desechos. La cifra corresponde a octubre 2020, y considerando que el alcalde Muyshondt no ha sido capaz de resolver el problema de la basura, es seguro que la cantidad ha incrementado mucho más.
El Juzgado Ambiental que ventila el caso ordenó que se tramitaran los permisos para Aragón, o que se cerrar la planta, en un corto período. El alcalde Muyshondt, que busca reelección con ARENA, no ha tomado ningún paso para cumplir con la resolución.
La demanda que se promovió ante la FGR incluye fotografías que indican que la alcaldía sigue depositando camionadas de desechos en el lugar. Sin tener una laguna de conteción, todo estos materiales tóxicos están creando un basurero a cielo abierto, y encima de eso, el agua contaminada se filtra a los subsuelos: esto provocará un daño irreversible.
Son tres comunidades las que están directamente afectadas, sin tomar en cuenta que hay un radio de influencia por el agua con lixiviados y los gases que emanan los desechos.
El demandante incluyó impresiones de fotografías que demuestran las acusaciones. También ha contado con el aporte de todos los ciudadanos afectados por este acto negligente del alcalde Muyshondt.
Esto es aparte de la deuda de $5 millones que tiene el jefe municipal con la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), a pesar de que sigue cobrando las tasas que cubren estos servicios, a los capitalinos.
En el mismo tema, el funcionario sigue reacio a pagar las cuotas de los trabajadores, incluso cuando las autoridades competentes le han ordenado hacerlo.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
