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Judicial

Demandan al alcalde Muyshondt porque sigue atentando contra la salud de los capitalinos y contra el medio ambiente

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Llegó una nueva demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el alcalde Ernesto Muyshondt, porque sigue atentando contra la salud pública de quienes habitan en la zona sur del municipio de San Salvador.

El ciudadano Sergio Portillo acudió a la FGR a presentar su escrito, en el que acusa que se pueden hallar indicios de que el alcalde Muyshondt comete los ilícito de desobediencia y contaminación ambiental agravada, de acuerdo con lo establecido  en el Código Penal.

Según  lo expuso el ciudadano Portillo, el jefe municipal de San Salvador insiste en botar desechos sólidos en la planta de transbordo Aragón, que no tiene los permisos requeridos para el tratamiento de desechos sólidos. A una cortísima distancia queda la quebrada “El Garrobo”, que acumula exceso de desechos y además recibe aguas negras o lixiviados.

En ese lugar, que no tiene autorización para ocuparse de la basura, están acumuladas  más de 8,000 toneladas de desechos. La cifra corresponde a octubre 2020, y considerando que el alcalde Muyshondt no ha sido capaz de resolver el problema de la basura, es seguro que la cantidad ha incrementado mucho más.

El Juzgado Ambiental que ventila el caso ordenó que se tramitaran los permisos para Aragón, o que se cerrar la planta, en un corto período. El alcalde Muyshondt, que busca reelección con ARENA, no ha tomado ningún paso para cumplir con la resolución.

La demanda que se promovió ante la FGR incluye fotografías que indican que la alcaldía sigue depositando camionadas de desechos en el lugar. Sin tener una laguna de conteción, todo estos materiales tóxicos están creando un basurero a cielo abierto, y encima de eso, el agua contaminada se filtra a los subsuelos: esto provocará un daño irreversible.

Son tres comunidades las que están directamente afectadas, sin tomar en cuenta que hay un radio de influencia por el agua con lixiviados y los gases que emanan los desechos.

El demandante incluyó impresiones de fotografías que demuestran  las acusaciones. También ha contado con el aporte de todos los ciudadanos afectados por este acto negligente del alcalde Muyshondt.

Esto es aparte de la deuda de $5 millones que tiene el jefe municipal con la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), a pesar de que sigue cobrando las tasas que cubren estos servicios, a los capitalinos.

En el mismo tema, el funcionario sigue reacio a pagar las cuotas de los trabajadores, incluso cuando las autoridades competentes le han ordenado hacerlo.

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Entre lágrimas, integrantes de la Barra Brava del Alianza se despiden de sus familiares tras ser llevados a prisión

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Los 13 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club fueron enviados a prisión tras ser procesados por los delitos de daños y desórdenes públicos.

Durante su traslado, algunos de los imputados se dirigieron a sus familiares que los esperaban afuera del Juzgado de Paz de San Juan Opico, en La Libertad. “Tranquila, mi amor, todo va a estar bien, Dios sabe lo que hace”, dijo uno de ellos mientras abordaba el vehículo policial.

Los procesados son acusados de atacar con piedras y botellas un bus que transportaba a aficionados del FAS, el pasado 25 de octubre, hecho que dejó varias personas lesionadas y daños materiales.

Bajo custodia policial y esposados, los miembros de la barra fueron trasladados a un centro penal, mientras continúa la fase de instrucción del caso.

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14 integrantes de la Barra Brava del Alianza enfrentan audiencia por ataque a bus de aficionados del FAS

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Este martes, se desarrolla audiencia inicial en contra de 14 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club, acusados de realizar actos de intolerancia en la vía pública, el pasado 25 de octubre.

Los involucrados lanzaron botellas de vidrio, piedras y otros objetos a un bus que transportaba a seguidores del FAS, después de la disputa de un partido entre ambos equipos.

Este hecho dejó a varias personas lesionadas.

Todos son procesados por los siguientes delitos:

Desórdenes públicos agravados
Daños agravados
Lesiones

La audiencia se lleva a cabo ante el Juzgado de Paz de San Juan Opico, La Libertad Centro.

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12 años de prisión para sujeto que violó a una mujer en un motel de Guazapa

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una condena de 12 años y seis meses de cárcel a José Melvin Rivera Ortega, tras comprobarse su responsabilidad en un caso de violación agravada continuada ocurrido en un hospedaje de Guazapa, San Salvador Norte.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador declaró culpable a José Melvin Rivera Ortega y lo condenó a 12 años y seis meses de prisión por el delito de violación agravada en la modalidad de delito continuado.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2024 en un hospedaje del distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, donde el imputado llevó a la víctima bajo engaños.

Una vez en el lugar, Rivera Ortega amenazó a la víctima con una navaja y la agredió sexualmente en varias ocasiones, manteniéndola retenida hasta el día siguiente. La mujer logró escapar y acudió a la Unidad de la Mujer de la Policía Nacional Civil (PNC) de Chalatenango, donde relató lo sucedido y formalizó la denuncia con apoyo de las autoridades fiscales.

Tras la valoración de las pruebas presentadas, el tribunal determinó la culpabilidad del procesado y, además de la pena de prisión, lo condenó al pago de $960 en concepto de responsabilidad civil.

En un caso similar, el pasado 30 de octubre, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de cárcel a Alexis Hernández, quien fue declarado culpable de abuso sexual agravado contra una menor en el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador.

Según la investigación, Hernández contactó a la víctima mediante redes sociales, la engañó para que se reuniera con él y la retuvo en su vivienda, donde la agredió sexualmente durante dos días. La menor denunció los hechos tras contarle a su madre lo ocurrido.

Ambos casos refuerzan los esfuerzos del sistema judicial salvadoreño por garantizar justicia para las víctimas de violencia sexual y aplicar sanciones ejemplares a los agresores.

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