Judicial
Demandan al alcalde Muyshondt porque sigue atentando contra la salud de los capitalinos y contra el medio ambiente
Llegó una nueva demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el alcalde Ernesto Muyshondt, porque sigue atentando contra la salud pública de quienes habitan en la zona sur del municipio de San Salvador.
El ciudadano Sergio Portillo acudió a la FGR a presentar su escrito, en el que acusa que se pueden hallar indicios de que el alcalde Muyshondt comete los ilícito de desobediencia y contaminación ambiental agravada, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.
Según lo expuso el ciudadano Portillo, el jefe municipal de San Salvador insiste en botar desechos sólidos en la planta de transbordo Aragón, que no tiene los permisos requeridos para el tratamiento de desechos sólidos. A una cortísima distancia queda la quebrada “El Garrobo”, que acumula exceso de desechos y además recibe aguas negras o lixiviados.
En ese lugar, que no tiene autorización para ocuparse de la basura, están acumuladas más de 8,000 toneladas de desechos. La cifra corresponde a octubre 2020, y considerando que el alcalde Muyshondt no ha sido capaz de resolver el problema de la basura, es seguro que la cantidad ha incrementado mucho más.
El Juzgado Ambiental que ventila el caso ordenó que se tramitaran los permisos para Aragón, o que se cerrar la planta, en un corto período. El alcalde Muyshondt, que busca reelección con ARENA, no ha tomado ningún paso para cumplir con la resolución.
La demanda que se promovió ante la FGR incluye fotografías que indican que la alcaldía sigue depositando camionadas de desechos en el lugar. Sin tener una laguna de conteción, todo estos materiales tóxicos están creando un basurero a cielo abierto, y encima de eso, el agua contaminada se filtra a los subsuelos: esto provocará un daño irreversible.
Son tres comunidades las que están directamente afectadas, sin tomar en cuenta que hay un radio de influencia por el agua con lixiviados y los gases que emanan los desechos.
El demandante incluyó impresiones de fotografías que demuestran las acusaciones. También ha contado con el aporte de todos los ciudadanos afectados por este acto negligente del alcalde Muyshondt.
Esto es aparte de la deuda de $5 millones que tiene el jefe municipal con la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), a pesar de que sigue cobrando las tasas que cubren estos servicios, a los capitalinos.
En el mismo tema, el funcionario sigue reacio a pagar las cuotas de los trabajadores, incluso cuando las autoridades competentes le han ordenado hacerlo.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
