Judicial
Demandan al alcalde Muyshondt porque sigue atentando contra la salud de los capitalinos y contra el medio ambiente
Llegó una nueva demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el alcalde Ernesto Muyshondt, porque sigue atentando contra la salud pública de quienes habitan en la zona sur del municipio de San Salvador.
El ciudadano Sergio Portillo acudió a la FGR a presentar su escrito, en el que acusa que se pueden hallar indicios de que el alcalde Muyshondt comete los ilícito de desobediencia y contaminación ambiental agravada, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.
Según lo expuso el ciudadano Portillo, el jefe municipal de San Salvador insiste en botar desechos sólidos en la planta de transbordo Aragón, que no tiene los permisos requeridos para el tratamiento de desechos sólidos. A una cortísima distancia queda la quebrada “El Garrobo”, que acumula exceso de desechos y además recibe aguas negras o lixiviados.
En ese lugar, que no tiene autorización para ocuparse de la basura, están acumuladas más de 8,000 toneladas de desechos. La cifra corresponde a octubre 2020, y considerando que el alcalde Muyshondt no ha sido capaz de resolver el problema de la basura, es seguro que la cantidad ha incrementado mucho más.
El Juzgado Ambiental que ventila el caso ordenó que se tramitaran los permisos para Aragón, o que se cerrar la planta, en un corto período. El alcalde Muyshondt, que busca reelección con ARENA, no ha tomado ningún paso para cumplir con la resolución.
La demanda que se promovió ante la FGR incluye fotografías que indican que la alcaldía sigue depositando camionadas de desechos en el lugar. Sin tener una laguna de conteción, todo estos materiales tóxicos están creando un basurero a cielo abierto, y encima de eso, el agua contaminada se filtra a los subsuelos: esto provocará un daño irreversible.
Son tres comunidades las que están directamente afectadas, sin tomar en cuenta que hay un radio de influencia por el agua con lixiviados y los gases que emanan los desechos.
El demandante incluyó impresiones de fotografías que demuestran las acusaciones. También ha contado con el aporte de todos los ciudadanos afectados por este acto negligente del alcalde Muyshondt.
Esto es aparte de la deuda de $5 millones que tiene el jefe municipal con la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), a pesar de que sigue cobrando las tasas que cubren estos servicios, a los capitalinos.
En el mismo tema, el funcionario sigue reacio a pagar las cuotas de los trabajadores, incluso cuando las autoridades competentes le han ordenado hacerlo.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
