Judicial
Decretan arresto domiciliar contra Muyshondt por retención de cuotas laborales
Este jueves 16 de septiembre, el Tribunal Séptimo de Paz decretó arresto domiciliar para Ernesto Muyshondt y Fernando Portillo, ex alcalde y ex tesorero de la Alcaldía de San Salvador, respectivamente, mientras que para Santos Muñoz, exdirector de Finanzas, resolvió otorgarle medidas sustitutivas.
Ante el fallo, la Fiscalía General de la República (FGR) expresó su desacuerdo y pidió la revocatoria porque se opone a que Muyshondt salga de prisión en una cárcel. La jueza, sin embargo, mantuvo su decisión de arresto domiciliario.
Muyshondt y los dos exfuncionarios está acusados por la retención de cuotas laborales de 41 empleados de la municipalidad. La Fiscalía General de la República había solicitado para ellos la detención provisional por considerar que hay peligro de fuga debido al monto adeudado que se les atribuye.
Al exalcalde se le acusa de incumplimiento de deberes y a los dos exempleados de la comuna, de la apropiación y retención de cuotas laborales de 41 trabajadores, por una cantidad que supera los $5,1 millones, según la Fiscalía General.
El exalcalde arenero está procesado por Apropiación Indebida de Retenciones o Percepciones Tributarias en perjuicio de la Hacienda Pública y además tiene otro proceso abierto por negociaciones con pandillas en el marco de las elecciones presidenciales de 2014, cuando el también exalcalde arenero, Norman Quijano, competía por la presidencia de la República.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
