Judicial
Decretan arresto domiciliar contra Muyshondt por retención de cuotas laborales
Este jueves 16 de septiembre, el Tribunal Séptimo de Paz decretó arresto domiciliar para Ernesto Muyshondt y Fernando Portillo, ex alcalde y ex tesorero de la Alcaldía de San Salvador, respectivamente, mientras que para Santos Muñoz, exdirector de Finanzas, resolvió otorgarle medidas sustitutivas.
Ante el fallo, la Fiscalía General de la República (FGR) expresó su desacuerdo y pidió la revocatoria porque se opone a que Muyshondt salga de prisión en una cárcel. La jueza, sin embargo, mantuvo su decisión de arresto domiciliario.
Muyshondt y los dos exfuncionarios está acusados por la retención de cuotas laborales de 41 empleados de la municipalidad. La Fiscalía General de la República había solicitado para ellos la detención provisional por considerar que hay peligro de fuga debido al monto adeudado que se les atribuye.
Al exalcalde se le acusa de incumplimiento de deberes y a los dos exempleados de la comuna, de la apropiación y retención de cuotas laborales de 41 trabajadores, por una cantidad que supera los $5,1 millones, según la Fiscalía General.
El exalcalde arenero está procesado por Apropiación Indebida de Retenciones o Percepciones Tributarias en perjuicio de la Hacienda Pública y además tiene otro proceso abierto por negociaciones con pandillas en el marco de las elecciones presidenciales de 2014, cuando el también exalcalde arenero, Norman Quijano, competía por la presidencia de la República.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
