Judicial
Conductor de UBER es procesado judicialmente junto a otros sujetos por robo cometido hacia una universitaria
Un conductor de Uber fue obligado a convertirse en la pieza clave para que tres delincuentes ejecutaran un asalto a una joven a la que además golpearon en las inmediaciones de la Universidad de El Salvador (UES).
Según las investigaciones, William M.,de 36 años de edad, fue contratado mediante la aplicación por Kevin M., Wilber S. y Ernesto A., alias “Snoopi”, quienes atacaron a Yolanda (nombre modificado por seguridad), por los $7 y un celular que portaba.
La separación de su compañera de vida -con la cual tenía un hijo- y el no tener un empleo estable llevaron a William a trabajar con la plataforma de viajes Uber.
La tarde del 5 de noviembre del 2017, tres delincuentes solicitaron un viaje con la famosa aplicación. Para mala suerte de William él fue el primero en ver la ruta y aceptar realizar la carrera.
El reloj marcaba las 6:00 de la tarde cuando dio por iniciado el viaje. El Uber se identificó y mientras ellos se subían al vehículo les preguntó sobre la ruta y estos explicaron que en el camino le indicarían el destino final. Llegaron hasta la avenida Herrera y avenida Aguilares en San Salvador.
Al fondo de la calle observaron a una joven que caminaba sola y uno de los sujetos le dijo que se detuviera frente a ella.
Según el expediente judicial, una joven estudiante de 26 años iba caminando tranquila sobre la acera cuando de pronto un vehículo se estacionó de manera abrupta a su lado. Era los tres hombres que transportaba William.
Del carro se bajaron los dos sujetos y se acercaron a su víctima. Con cuchillo en mano le pidieron sus cosas, pero ella se negó y comenzó a forcejear con los asaltantes, quienes inmediatamente la tomaron de la mano, la lanzaron contra el pavimento y comenzaron a golpearla. Así lograron quitarle su teléfono celular y $7 que cargaba en sus bolsillos.
Los hombres se dieron a la fuga y comenzaron a correr hasta entrar al vehículo y le exigieron a William que comenzara a conducir. Él estaba en estado de shock, ya que no podía creer que sus clientes se habían convertido en un grupo de ladrones. Sin embargo, ninguno de ellos contaba con que más adelante serían interceptados por un grupo de policías.
La captura
Luego de que los sujetos se dieran a la fuga, la conductora de una camioneta al ver a la joven tirada en el sueño la auxilió y darse cuenta lo que había sucedido le sugirió seguir a los hombres, ella aceptó. A unos cuentos metros encontraron el carro y reconoció a los hombres que minutos antes la habían atracado.
William y el resto de los sujetos fueron capturados por el delito de robo y fueron llevados ante los tribunales. Durante el proceso judicial, el conductor de Uber se defendió diciendo que no era culpable de los delitos, ya que el día que sucedió el asalto estaba trabajando.
“Fue le día y la hora equivocados, llegué al lugar desconociendo qué tipo de personas se subían”, dijo con un tono desesperado ante las autoridades.
Según el expediente judicial, de todos los capturados solo Ernesto A. tenía varias órdenes de capturas por el delito de posesión y tenencia de drogas y por el homicidio de Ronaldo Chilín, ambos en Santa Ana.
Será el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, quien determine a partir de las pruebas documentales y testimoniales la responsabilidad del conductor de Uber y del resto de los implicados en el robo a la joven estudiante.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
