Judicial
Conductor de UBER es procesado judicialmente junto a otros sujetos por robo cometido hacia una universitaria
Un conductor de Uber fue obligado a convertirse en la pieza clave para que tres delincuentes ejecutaran un asalto a una joven a la que además golpearon en las inmediaciones de la Universidad de El Salvador (UES).
Según las investigaciones, William M.,de 36 años de edad, fue contratado mediante la aplicación por Kevin M., Wilber S. y Ernesto A., alias “Snoopi”, quienes atacaron a Yolanda (nombre modificado por seguridad), por los $7 y un celular que portaba.
La separación de su compañera de vida -con la cual tenía un hijo- y el no tener un empleo estable llevaron a William a trabajar con la plataforma de viajes Uber.
La tarde del 5 de noviembre del 2017, tres delincuentes solicitaron un viaje con la famosa aplicación. Para mala suerte de William él fue el primero en ver la ruta y aceptar realizar la carrera.
El reloj marcaba las 6:00 de la tarde cuando dio por iniciado el viaje. El Uber se identificó y mientras ellos se subían al vehículo les preguntó sobre la ruta y estos explicaron que en el camino le indicarían el destino final. Llegaron hasta la avenida Herrera y avenida Aguilares en San Salvador.
Al fondo de la calle observaron a una joven que caminaba sola y uno de los sujetos le dijo que se detuviera frente a ella.
Según el expediente judicial, una joven estudiante de 26 años iba caminando tranquila sobre la acera cuando de pronto un vehículo se estacionó de manera abrupta a su lado. Era los tres hombres que transportaba William.
Del carro se bajaron los dos sujetos y se acercaron a su víctima. Con cuchillo en mano le pidieron sus cosas, pero ella se negó y comenzó a forcejear con los asaltantes, quienes inmediatamente la tomaron de la mano, la lanzaron contra el pavimento y comenzaron a golpearla. Así lograron quitarle su teléfono celular y $7 que cargaba en sus bolsillos.
Los hombres se dieron a la fuga y comenzaron a correr hasta entrar al vehículo y le exigieron a William que comenzara a conducir. Él estaba en estado de shock, ya que no podía creer que sus clientes se habían convertido en un grupo de ladrones. Sin embargo, ninguno de ellos contaba con que más adelante serían interceptados por un grupo de policías.
La captura
Luego de que los sujetos se dieran a la fuga, la conductora de una camioneta al ver a la joven tirada en el sueño la auxilió y darse cuenta lo que había sucedido le sugirió seguir a los hombres, ella aceptó. A unos cuentos metros encontraron el carro y reconoció a los hombres que minutos antes la habían atracado.
William y el resto de los sujetos fueron capturados por el delito de robo y fueron llevados ante los tribunales. Durante el proceso judicial, el conductor de Uber se defendió diciendo que no era culpable de los delitos, ya que el día que sucedió el asalto estaba trabajando.
“Fue le día y la hora equivocados, llegué al lugar desconociendo qué tipo de personas se subían”, dijo con un tono desesperado ante las autoridades.
Según el expediente judicial, de todos los capturados solo Ernesto A. tenía varias órdenes de capturas por el delito de posesión y tenencia de drogas y por el homicidio de Ronaldo Chilín, ambos en Santa Ana.
Será el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, quien determine a partir de las pruebas documentales y testimoniales la responsabilidad del conductor de Uber y del resto de los implicados en el robo a la joven estudiante.
Por: El Salvador Times.
Una red de extorsionistas salvadoreños controlada por extranjeros residentes fuera de El Salvador seguirá en prisión mientras continúan las investigaciones, informó la Fiscalía General de la República.
Los imputados son Oscar García García, Oscar Elías García Rivera, José Otoniel Meléndez y Oscar Alejandro Tario Blanco (ausente).
El ministerio público detalló que la red contactaba a empresas «para que les brindaran servicios de instalación de aires acondicionados, conexiones eléctricas, medición de terrenos, construcción, entre otros, se pactaba un precio y brindaban la supuesta dirección a donde requerían el servicio.
Los empleados de esas empresas se desplazaban a la dirección brindada, pero se encontraban con que no existía; cuando las víctimas se comunicaban con el contratante (que eran los delincuentes), les advertían que estaban en un terreno del -mexicano- Cartel de Jalisco, rodeados de francotiradores y que debían depositar hasta $5,000.
Luego de las amenazas a las víctimas, los extorsionistas que estaban en el extranjero exigían los contactos de sus familiares, patronos o conocidos para pedirles que hicieran depósitos a cuentas bancarias en El Salvador, a cambio de liberar a sus familiares o trabajadores.
A los cuatro imputados se les procesa por los delitos de lavado de dinero y activos, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. En este proceso, los hombres son acusados por exigirle a una empresa $20,782 para evitar que mataran a los trabajadores y que les liberaran.
El dinero era depositado en cuentas salvadoreñas, que pertenecían a personas reclutadas en redes sociales por otros delincuentes salvadoreños, y eran el puente para luego transferir el dinero a México, Colombia y Ecuador.
Las investigaciones fiscales han corroborado que desde 2014, la red cometió 28 extorsiones bajo esta modalidad.
Los cabecillas de la red son de diferentes nacionalidades y operaban desde el extranjero, según la Fiscalía.
«Asimismo, fue posible identificar que toda la comunicación fluía a través de WhatsApp por medio de 36 números telefónicos (mexicanos, colombianos, ecuatorianos, nicaragüenses, hondureños); también se han perfilado 61 cuentas bancarias de 47 diferentes personas y se ha solicitado la inmovilización de fondos. Se estima que la cantidad depositada por las victimas es de $76,719.00», detalló el ministerio público.
Hasta penas de 97 años de cárcel fueron condenados seis pandilleros que cometieron varios crímenes entre 2018 y 2019 en varios cantones del distrito de Izalco, Sonsonate Este, así resolvió el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
Los procesados, perfilados como integrantes de la pandilla 18 sureños, delinquían en los cantones Cruz Grande, Tapashucut, Tunalmiles y San Diego del Distrito de Izalco, Sonsonate Este.
Los condenados son: José Mauricio Pushagua Reyes, Pablo de Jesús Ajcat Tepas, Saúl Erenesto García García, Noé Omar García Sánchez, José Eliseo Pérez Gómez y José Orlando Quilizapa Shupan.
El juzgador impuso 97 años de cárcel para Pushagua Reyes, alias Wicha, por proposición y conspiración en el homicidio de una mujer en diciembre de 2018, así como por tres homicidios agravados que fueron cometidos en 2019. Además, fue sentenciado por el delito de agrupaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República.
Mientras que, Ajcat Tepas recibió una pena de 45 años en prisión por dos homicidios agravados en perjuicio de dos víctimas y el delito de agrupaciones ilícitas. García García, alias tortuga, fue sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de homicidio agravado por el asesinato de una persona y por agrupaciones ilícitas.
García Sánchez, Pérez Gómez y Quilizapa Shupan fueron condenados a penas de entre cuatro y cinco años de prisión por pertenecer a estructuras criminales.
Durante el juicio, el ministerio público presentó suficiente prueba documental, pericial y testimonial que permitieron al tribunal establecer la participación y responsabilidad de cada uno de los implicados en la comisión de los delitos.
Homicida de madre e hija a prisión
La semana anterior, el Tribunal Quinto Contra el Crimen de San Salvador condenó a 10 años de cárcel a Noé Gustavo Reynosa González, alias Frijol, como responsable del delito de homicidio agravado en perjuicio de las víctimas Guadalupe Bonilla de Flores y Stephani S. B., madre e hija. El crimen ocurrió el 6 de marzo de 2013 en Apopa.
Jorbin Agustín C. G., de 36 años de edad, recibió medidas alternas a la detención tras incumplir órdenes de protección a favor de su expareja, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), la tarde del viernes.
CJES detalló que, el pasado lunes, el imputado llegó en estado de ebriedad a la vivienda de la víctima, ubicada en la colonia San Antonio, en la calle a Tonacatepeque, exigiéndole dinero y argumentando que quería ver a su hijo.
La mujer se negó a su solicitud y él se retiró del lugar. Sin embargo, al día siguiente, volvió con la misma exigencia, lo que llevó a la víctima a llamar a la Policía Nacional Civil (PNC). Al llegar, los agentes verificaron que existían medidas de protección vigentes a favor de la mujer, por lo que procedieron a la captura del imputado.
Durante la audiencia inicial, ambas partes solicitaron una conciliación, la cual fue autorizada por el juez.
“Como parte del acuerdo, el imputado deberá cumplir las siguientes medidas de conducta por un año: la prohibición de comunicarse por ningún medio con la víctima, la restricción para consumir alcohol, la obligación de asistir a tratamiento contra el alcoholismo y el compromiso de aprender un oficio”, explicó Centros Judiciales.
