Judicial
Conductor de UBER es procesado judicialmente junto a otros sujetos por robo cometido hacia una universitaria
Un conductor de Uber fue obligado a convertirse en la pieza clave para que tres delincuentes ejecutaran un asalto a una joven a la que además golpearon en las inmediaciones de la Universidad de El Salvador (UES).
Según las investigaciones, William M.,de 36 años de edad, fue contratado mediante la aplicación por Kevin M., Wilber S. y Ernesto A., alias “Snoopi”, quienes atacaron a Yolanda (nombre modificado por seguridad), por los $7 y un celular que portaba.
La separación de su compañera de vida -con la cual tenía un hijo- y el no tener un empleo estable llevaron a William a trabajar con la plataforma de viajes Uber.
La tarde del 5 de noviembre del 2017, tres delincuentes solicitaron un viaje con la famosa aplicación. Para mala suerte de William él fue el primero en ver la ruta y aceptar realizar la carrera.
El reloj marcaba las 6:00 de la tarde cuando dio por iniciado el viaje. El Uber se identificó y mientras ellos se subían al vehículo les preguntó sobre la ruta y estos explicaron que en el camino le indicarían el destino final. Llegaron hasta la avenida Herrera y avenida Aguilares en San Salvador.
Al fondo de la calle observaron a una joven que caminaba sola y uno de los sujetos le dijo que se detuviera frente a ella.
Según el expediente judicial, una joven estudiante de 26 años iba caminando tranquila sobre la acera cuando de pronto un vehículo se estacionó de manera abrupta a su lado. Era los tres hombres que transportaba William.
Del carro se bajaron los dos sujetos y se acercaron a su víctima. Con cuchillo en mano le pidieron sus cosas, pero ella se negó y comenzó a forcejear con los asaltantes, quienes inmediatamente la tomaron de la mano, la lanzaron contra el pavimento y comenzaron a golpearla. Así lograron quitarle su teléfono celular y $7 que cargaba en sus bolsillos.
Los hombres se dieron a la fuga y comenzaron a correr hasta entrar al vehículo y le exigieron a William que comenzara a conducir. Él estaba en estado de shock, ya que no podía creer que sus clientes se habían convertido en un grupo de ladrones. Sin embargo, ninguno de ellos contaba con que más adelante serían interceptados por un grupo de policías.
La captura
Luego de que los sujetos se dieran a la fuga, la conductora de una camioneta al ver a la joven tirada en el sueño la auxilió y darse cuenta lo que había sucedido le sugirió seguir a los hombres, ella aceptó. A unos cuentos metros encontraron el carro y reconoció a los hombres que minutos antes la habían atracado.
William y el resto de los sujetos fueron capturados por el delito de robo y fueron llevados ante los tribunales. Durante el proceso judicial, el conductor de Uber se defendió diciendo que no era culpable de los delitos, ya que el día que sucedió el asalto estaba trabajando.
“Fue le día y la hora equivocados, llegué al lugar desconociendo qué tipo de personas se subían”, dijo con un tono desesperado ante las autoridades.
Según el expediente judicial, de todos los capturados solo Ernesto A. tenía varias órdenes de capturas por el delito de posesión y tenencia de drogas y por el homicidio de Ronaldo Chilín, ambos en Santa Ana.
Será el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, quien determine a partir de las pruebas documentales y testimoniales la responsabilidad del conductor de Uber y del resto de los implicados en el robo a la joven estudiante.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
