Judicial
Condenan cárcel a pandilleros acusados de extorsión
Luego del trabajo investigativo de la Policía Nacional Civil (PNC) logró la detención de varios sujetos en fechas anteriores, acusados del delito de extorsión agravada, el Tribunal 5° de Sentencia, de San Salvador. concluyó con un fallo condenatorio para dichos sujetos.
El proceso ejecutado por investigadores de la PNC permitió llevar hasta los tribunales a estos miembros de estructura criminal quienes fueron condenados a 10 años de prisión por el delito antes mencionado y a pagar la cantidad de $900 dólares de responsabilidad civil.
Los condenados son 8 hombres y una mujer identificados como Jonathan Esaú Alvarado Zelaya, alias Choco Alvin de 18 años; Jorge Antonio Ramírez Rivera alias el Chele de 47 años; José Luis Ramos Quintana alias Gato de 19 años; Miguel Ángel Ramos Quintana alias Guanaco de 23 años y Erick Jonathan Vásquez Alfaro alias Chiqui, de 19 años.
También figuran entre los delincuentes, Santos Armando Moreno Guevara alias Guardia, de 28 años, Walter Edenilson Alvarado Zelaya alias prófugo de 23 años, José Carlos Murillo Hernández alias Cabezón de 19 años, y Yanci Mariela Guerra, alias la Seca de 29 años de edad.
Los nueve acusados de extorsión fueron detenidos en las colonias, Santa Julia, San Antonio, Urbanización El Carmen, y Santa Eleonor, de la zona de San Marcos.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
