Judicial
Condenan a cincuenta años de prisión a pandilleros que mataron a mujeres en una discusión relacionada con el cobro de la extorsión
El Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 50 años de prisión a Rosalío S., de 19 años; y a Herber Armando F., de 40, acusados de homicidio agravado en perjuicio de dos mujeres.
Durante la vista pública también se les sumó otra condena por privar de libertad a Wilfredo A., quien era el compañero de vida de una de las mujeres atacadas.
Según datos judiciales, el 10 de octubre de 2017 Policía y Fiscalía procesaron la escena de un doble asesinato en una vivienda de Santa Ana, cuyas víctimas eran mujeres atacadas con armas de fuego.
Las investigaciones indican que, al menos, 10 pandilleros ingresaron a una casa junto con dos mujeres con quienes mantenían una discusión relacionada con el cobro de la extorsión.
En esa ocasión, una de las víctimas preguntó a los pandilleros por qué las querían a matar; la respuesta de uno de los delincuentes fue “porque se habían quedado con el dinero de la extorsión”.
Una de las mujeres encaró a los criminales: «No me importa que me maten, porque de todas formas el dinero ya lo gastamos y no podemos reponerlo».
Ese mismo día fueron escuchados varios disparos en el sector; la Policía fue alertada.
Las autoridades encontraron los cadáveres de las mujeres en la vivienda
Se informó que Wilfredo A., otro pandillero, reclamó al resto de delincuentes por haber asesinado a su excompañera de vida.
Sin embargo, fue privado de libertad en un vehículo y días después fue encontrado muerto en Metapán.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía reflejaron la participación de los sentencias en estos hechos sangrientos.
Nota: El Salvador Times
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
