Judicial
Condenan a 12 años a líder de la MS alias “Spider”, ligado a cubetas con dinero
Geovanny Rivera Sibrián “Spider”, líder de la clica Fulton Locos Salvatruchos de la MS-13, junto a su compañera de vida, Rosa del Carmen Amaya Hernández y el colaborador Juan Ramón López Zaldaña fueron condenados a 12 años de cárcel, ayer, por el delito de casos especiales de lavado de dinero, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El caso se remonta a septiembre del 2016, cuando las autoridades buscaban a “Spider”, por ser un remanente de la Operación Jaque, hecha un mes antes de esta incautación, y encontraron dos cubetas enterradas con $262,595 en una de las casas donde residía su compañera de vida, también condenada.
El hallazgo ocurrió el 8 de septiembre de ese año en la colonia San Pedro Belén, cantón Suncita, Acajutla, en el departamento de Sonsonate, cuando un informante delató al pandillero que también conformaba “La Federación” (los líderes de la MS).
En una escucha telefónica hecha a los pandilleros, la Fiscalía General de la República escuchó cuando pandilleros de La Federación hablaban de reunir $1 millón de las extorsiones; los miembros de La Federación dijeron que ya tenían $600,000 pero en la Operación Jaque, las autoridades no encontraron dicho dinero.
Después del hallazgo de las cubetas, la Fiscalía dijo que ese dinero podría ser el recolectado por cúpula de la Mara Salvatrucha.
Según lo revelado ayer por el Ministerio Público, en una de las cubetas encontraron $110,430 y en un segundo depósito habían $99,985 y que en diferentes lugares de la casa habían encontrado dinero escondido, todo con origen ilícito.
“Por tratarse de un delito contra el orden socioeconómico, la ley establece la imposición de una multa, por lo que cada uno responderá con el pago de 50 salarios multa”, dice un comunicado de la Fiscalía General de la República.
El caso de la Operación Jaque, de donde derivó este caso, fue sentenciada el pasado 21 de agosto en el Juzgado Especializado de Sentencia “C”, donde el juzgador condenó por organizaciones terroristas, pero determinó que la fiscalía no terminó de probar el delito de lavado de dinero.
Ahí fueron condenados unos 61 pandilleros de la Mara Salvatrucha desde cuatro hasta 350 años de cárcel.
Actualmente, la Fiscalía General de la República aún sigue el proceso judicial por extinción de dominio contra los pandilleros, donde busca que bienes como buses, autos, negocios, moteles y dinero pase a manos del Estado, por tener un origen ilícito, en su mayoría la extorsión.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
