Judicial
Condenan a 12 años a líder de la MS alias “Spider”, ligado a cubetas con dinero
Geovanny Rivera Sibrián “Spider”, líder de la clica Fulton Locos Salvatruchos de la MS-13, junto a su compañera de vida, Rosa del Carmen Amaya Hernández y el colaborador Juan Ramón López Zaldaña fueron condenados a 12 años de cárcel, ayer, por el delito de casos especiales de lavado de dinero, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El caso se remonta a septiembre del 2016, cuando las autoridades buscaban a “Spider”, por ser un remanente de la Operación Jaque, hecha un mes antes de esta incautación, y encontraron dos cubetas enterradas con $262,595 en una de las casas donde residía su compañera de vida, también condenada.
El hallazgo ocurrió el 8 de septiembre de ese año en la colonia San Pedro Belén, cantón Suncita, Acajutla, en el departamento de Sonsonate, cuando un informante delató al pandillero que también conformaba “La Federación” (los líderes de la MS).
En una escucha telefónica hecha a los pandilleros, la Fiscalía General de la República escuchó cuando pandilleros de La Federación hablaban de reunir $1 millón de las extorsiones; los miembros de La Federación dijeron que ya tenían $600,000 pero en la Operación Jaque, las autoridades no encontraron dicho dinero.
Después del hallazgo de las cubetas, la Fiscalía dijo que ese dinero podría ser el recolectado por cúpula de la Mara Salvatrucha.
Según lo revelado ayer por el Ministerio Público, en una de las cubetas encontraron $110,430 y en un segundo depósito habían $99,985 y que en diferentes lugares de la casa habían encontrado dinero escondido, todo con origen ilícito.
“Por tratarse de un delito contra el orden socioeconómico, la ley establece la imposición de una multa, por lo que cada uno responderá con el pago de 50 salarios multa”, dice un comunicado de la Fiscalía General de la República.
El caso de la Operación Jaque, de donde derivó este caso, fue sentenciada el pasado 21 de agosto en el Juzgado Especializado de Sentencia “C”, donde el juzgador condenó por organizaciones terroristas, pero determinó que la fiscalía no terminó de probar el delito de lavado de dinero.
Ahí fueron condenados unos 61 pandilleros de la Mara Salvatrucha desde cuatro hasta 350 años de cárcel.
Actualmente, la Fiscalía General de la República aún sigue el proceso judicial por extinción de dominio contra los pandilleros, donde busca que bienes como buses, autos, negocios, moteles y dinero pase a manos del Estado, por tener un origen ilícito, en su mayoría la extorsión.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
