Judicial
Así reaccionó Mauricio Funes a su cuarta demanda en su contra
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador giró ayer la cuarta orden de captura contra el expresidente Mauricio Funes y su actual pareja, Ada Mitchell Guzmán, por el caso Chaparral donde son acusados de lavado de dinero, agrupaciones ilícitas e instigador en el delito de peculado.
Sobre la resolución el Fiscal General dijo que “Es la cuarta orden de captura en contra del ex mandatario Funes, por lo que habrá que seguir el proceso de extradición en la Corte Suprema de Justicia”.
En contra de Funes se acumulan ya la orden de captura por el caso “Saqueo Público”, donde es acusado de lavado de dinero y el desvío de $350 millones; el “caso Corruptela”, donde le acusan de sobornar al exfiscal general, Luis Martínez para no investigarlo y el caso ROS, donde lo acusan de difundir información reservada.
La situación jurídica de Funes y Guzmán estaba pendiente, luego que la jueza Novena de Paz enviara a prisión a Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”, también acusado de lavado de dinero.
También fue girada la captura del expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), José Leopoldo Samour Gómez, Mario Federico Pieragostini Maiochi, representante de Astaldi en el país, así como el de José Efraín Quinteros, un contador que habría tapado el origen del dinero.
Según la Fiscalía, CEL presidida por Samour, negoció con ASTALDI pagar $45, 244,418 millones más por la obra inconclusa en la presa hidroeléctrica El Chaparral y dar por cerrado el contrato, supuestamente, por situaciones “imprevistas e imprevisibles”.
El Ministerio Público acusa que de los $45.2 millones adicionales que recibió ASTALDI, la empresa italiana entregó $3.5 millones en dádivas a través de sociedades “offshore” a Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé” y que parte de este dinero sirvió para constituir a la sociedad vinculada con el exmandatario Funes y su pareja Ada Mitchell Guzmán, denominada Latin America Spas.
Ante este nuevo giro de captura el ex mandatario se pronunció al respecto y dijo que “todos los casos de corrupción que me imputa la FGR se basan únicamente en declaraciones de criterio de dudosa actuación y reputación como Jorge Hernández y Leonel Flores”
Por otra parte Funes dijo que “la única prueba que tiene la FGR del supuesto soborno que recibí de ASTALDI es lo declarado por un criteriado que resultó ser el mismo abogado que recomendó y avaló a CEL el pago a los italianos. Lo peor que eso le ha bastado a la jueza para admitir el caso y ordenar mi detención”
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
