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Así reaccionó Mauricio Funes a su cuarta demanda en su contra
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador giró ayer la cuarta orden de captura contra el expresidente Mauricio Funes y su actual pareja, Ada Mitchell Guzmán, por el caso Chaparral donde son acusados de lavado de dinero, agrupaciones ilícitas e instigador en el delito de peculado.
Sobre la resolución el Fiscal General dijo que “Es la cuarta orden de captura en contra del ex mandatario Funes, por lo que habrá que seguir el proceso de extradición en la Corte Suprema de Justicia”.
En contra de Funes se acumulan ya la orden de captura por el caso “Saqueo Público”, donde es acusado de lavado de dinero y el desvío de $350 millones; el “caso Corruptela”, donde le acusan de sobornar al exfiscal general, Luis Martínez para no investigarlo y el caso ROS, donde lo acusan de difundir información reservada.
La situación jurídica de Funes y Guzmán estaba pendiente, luego que la jueza Novena de Paz enviara a prisión a Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”, también acusado de lavado de dinero.
También fue girada la captura del expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), José Leopoldo Samour Gómez, Mario Federico Pieragostini Maiochi, representante de Astaldi en el país, así como el de José Efraín Quinteros, un contador que habría tapado el origen del dinero.
Según la Fiscalía, CEL presidida por Samour, negoció con ASTALDI pagar $45, 244,418 millones más por la obra inconclusa en la presa hidroeléctrica El Chaparral y dar por cerrado el contrato, supuestamente, por situaciones “imprevistas e imprevisibles”.
El Ministerio Público acusa que de los $45.2 millones adicionales que recibió ASTALDI, la empresa italiana entregó $3.5 millones en dádivas a través de sociedades “offshore” a Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé” y que parte de este dinero sirvió para constituir a la sociedad vinculada con el exmandatario Funes y su pareja Ada Mitchell Guzmán, denominada Latin America Spas.
Ante este nuevo giro de captura el ex mandatario se pronunció al respecto y dijo que “todos los casos de corrupción que me imputa la FGR se basan únicamente en declaraciones de criterio de dudosa actuación y reputación como Jorge Hernández y Leonel Flores”
Por otra parte Funes dijo que “la única prueba que tiene la FGR del supuesto soborno que recibí de ASTALDI es lo declarado por un criteriado que resultó ser el mismo abogado que recomendó y avaló a CEL el pago a los italianos. Lo peor que eso le ha bastado a la jueza para admitir el caso y ordenar mi detención”
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
