Judicial
Así reaccionó Mauricio Funes a su cuarta demanda en su contra
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador giró ayer la cuarta orden de captura contra el expresidente Mauricio Funes y su actual pareja, Ada Mitchell Guzmán, por el caso Chaparral donde son acusados de lavado de dinero, agrupaciones ilícitas e instigador en el delito de peculado.
Sobre la resolución el Fiscal General dijo que “Es la cuarta orden de captura en contra del ex mandatario Funes, por lo que habrá que seguir el proceso de extradición en la Corte Suprema de Justicia”.
En contra de Funes se acumulan ya la orden de captura por el caso “Saqueo Público”, donde es acusado de lavado de dinero y el desvío de $350 millones; el “caso Corruptela”, donde le acusan de sobornar al exfiscal general, Luis Martínez para no investigarlo y el caso ROS, donde lo acusan de difundir información reservada.
La situación jurídica de Funes y Guzmán estaba pendiente, luego que la jueza Novena de Paz enviara a prisión a Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”, también acusado de lavado de dinero.
También fue girada la captura del expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), José Leopoldo Samour Gómez, Mario Federico Pieragostini Maiochi, representante de Astaldi en el país, así como el de José Efraín Quinteros, un contador que habría tapado el origen del dinero.
Según la Fiscalía, CEL presidida por Samour, negoció con ASTALDI pagar $45, 244,418 millones más por la obra inconclusa en la presa hidroeléctrica El Chaparral y dar por cerrado el contrato, supuestamente, por situaciones “imprevistas e imprevisibles”.
El Ministerio Público acusa que de los $45.2 millones adicionales que recibió ASTALDI, la empresa italiana entregó $3.5 millones en dádivas a través de sociedades “offshore” a Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé” y que parte de este dinero sirvió para constituir a la sociedad vinculada con el exmandatario Funes y su pareja Ada Mitchell Guzmán, denominada Latin America Spas.
Ante este nuevo giro de captura el ex mandatario se pronunció al respecto y dijo que “todos los casos de corrupción que me imputa la FGR se basan únicamente en declaraciones de criterio de dudosa actuación y reputación como Jorge Hernández y Leonel Flores”
Por otra parte Funes dijo que “la única prueba que tiene la FGR del supuesto soborno que recibí de ASTALDI es lo declarado por un criteriado que resultó ser el mismo abogado que recomendó y avaló a CEL el pago a los italianos. Lo peor que eso le ha bastado a la jueza para admitir el caso y ordenar mi detención”
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
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Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
