Judicial
Al menos 11 fiscales, entre ellos el primo hermano del exfiscal Douglas Meléndez, Walter Ruiz, enfrenarán audiencia inicial mañana por graves delitos contra el empresario Enrique Rais
Los apoderados legales del empresario Enrique Rais han acusado al menos a 11 fiscales por fabricar y alterar supuestas pruebas en contra su patrocinador.
Según los representantes de Rais, Douglas Meléndez, ahora exfiscal de la República y el resto de fiscales intentaron “blindar” a Wil Walter Ruiz Ponce.
La acusación se hizo por un error de la Ingeniero Maricela Granados Ponce, quien “tratando de justificar lo injustificable”, al juez 5 de Paz y fue solicitada sin haber realizado ni corroborado las evidencias presentadas que sustentan la prueba, y algo que fue reconocido por la fiscal Mayra Raquel Guerra ante el juez Mario Mira Montes
Con ellos se los representantes de Enrique Rais esperan “sentar un precedente, los Fiscales no están por encima de la ley y muy por el contrario deben aplicarla con imparcialidad y justicia” dijo uno de los abogados querellante.
Estos serían los 11 fiscales acusados.
Wil Walter Ruiz Ponce :
1A ) Actos Arbitrarios art 320 Pn.
2A ) Divulgación de Material Reservado art. 34 LEIT y art 41 Pn
3A ) Uso de Información Proveniente de Intervenciones Ilícitas art. 36 LEIT
- Julio Cesar Larrama Barahona :
1B ) Privación de Libertad por Funcionario Publico art. 290 Pn
2B ) Atentado al Derecho de Defensa art. 298 Pn
3B ) Divulgación de Material Reservado art. 34 LEIT y art 41 Pn
4B ) Actos Arbitrarios art 320 Pn.
- Xenia Lizeth Linares Rodriguez :
C1 ) Privación de Libertad por Funcionario Publico art. 290 Pn
C2 ) Atentado al Derecho de Defensa art. 298 Pn
C3 ) Divulgación de Material Reservado art. 34 LEIT y art 41 Pn
C4 ) Falsedad Documental Agravada art. 284 y 285 Pn
C5 ) Uso de Información Proveniente de Intervenciones Ilícita art. 36 LEIT
C6 ) Fraude Procesal art. 306 Pn
C7 ) Actos Arbitrarios art. 320 Pn
- D) Mayra Raquel Guerra de Quintanilla :
D1) Divulgación de Material Reservado art. 34 LEIT y art 41 Pn
D2) Uso de Información Proveniente de Intervenciones Ilícita art. 36 LEIT
D3) Actos Arbitrarios art. 320 Pn
D4) Falsedad Documental Agravada art. 284 y 285 Pn
D5) Fraude Procesal art. 306 Pn
- E) Froilán Francisco Coto Cabrera :
E1) Divulgación de Material Reservado art. 34 LEIT y art 41 Pn
- F) Sigfrido Alcides Campos Crespo :
F1) Desobediencia art. 322 Pn
F2) Falsedad Documental Agravada art. 284 y 285 Pn
F3) Falsedad Ideológica art. 285 Pn
F4) Fraude Procesal art. 306 Pn
F5) Intervenciones Telefónicas Ilícitas art 35 LEIT
F6) Uso de Intervenciones Ilícitas art. 36 LEIT
F7) Actos Arbitrarios art. 320 Pn
- G) Maricela Granados Ponce, Ingeniero en Sistemas de la FGR :
Estos son los delitos que desfilaran ante el Juez 5 de Paz.
G1) Divulgación Dolosa de Material Reservado art. 34 LEIT
G2) Fraude Procesal art. 306 Pn
Información proveniente del requerimiento Fiscal presentado al Juzgado 5 de Paz
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
