Judicial
Abusador entregó a pandilleros a matrimonio que se negó a retirar denuncia en su contra
Sufrir una agresión sexual y luego denunciarla fue el inicio del infierno que una mujer y su esposo vivieron a manos del agresor quien los amenazó con entregarlos a la pandilla que acecha el lugar donde viven sino se iban a de la colonia y retiraban las acusaciones.
Abigail y Pablo (nombres modificados por seguridad) vivían en una comunidad Soyapango en la que tenían como vecino a Anacleto F., un hombre que aprovechó la soledad de la mujer para agredirla sexualmente. La víctima decidió no callar el hecho y lo denunció por ese delito.
Al enterarse del proceso judicial, el violador junto a su esposa, Doris, y una vecina, Marta G., le exigieron a la víctima que retirara la denuncia haciéndole ver que eran amigos de pandilleros que podrían matarla.
Según el expediente judicial, el 5 de abril de 2016. Anacleto se le acercó a Abigail para recordarle que no debía de decirle nada a nadie sobre la agresión sexual que había sufrido porque de lo contrario les diría a los criminales que su esposo era colaborador de una pandilla contraria.
Sin embargo, la mujer le comentó lo sucedido a Pablo quien enfurecido encaró al violador por lo sucedido. “A mí me vale verga lo que vos vengas a hablar aquí. Ni virgen es para que anden con delicadezas”, fue la respuesta que recibió.
Al fondo de ambos hombres se encontraba Doris quien reforzó las amenazas:“Ya voy a hablar con Mario (un pandillero) para que los saque de aquí, sino en una caja los vamos a sacar”, manifestó.
Al verse indefenso, Pablo regresó a su casa con un sentimiento de impotencia por la situación que continuaría al punto que las amenazas pasaron a los hechos.
Pandilleros simularon ser policías para matar a Pablo
El reloj marcaba la 1:00 p.m. del 10 de abril. Pablo regresó de comprar de la tienda y se introdujo en su casa; a los pocos minutos <se escucharon varios golpes en la puerta.
-“¿Quién es?”, preguntó Abigail.
-“Es la policía, ¿Está tu esposo?”, contestaron unos sujetos.
-“No, no está”, le dijo con un tono nervioso.
– “Mentiras. Lo acabamos de ver que entró a la casa. Abrí la puerta o lo vamos a hacer a la fuerza”, señalaron los hombres mientras Pablo abría la puerta y se paraba frente a ellos.
Una voz quebró el tenso silencio: “Matemos a este hijo de puta de un solo”, al mismo tiempo tomaron del brazo a la víctima para llevarlo hasta un basurero en el que estaban otros cinco pandilleros quienes comenzaron a golpearlo.
Un pandillero de la zona conocido como Mario, alías “Trampa”, tomó un oso de peluche y de forma violenta lo comenzó a partir con una navaja, “así es como te partiremos… la vieja de Doris y el otro viejo (Anacleto) que anda cojiendo a tu vieja, ya nos dijeron. Descuartizado te vamos a hacer”, le manifestó..
Pablo se armó de valor y les dijo: “si me van a matar, mátenme ya pues”. Los sujetos volvieron a arremeter con golper hasta que la voz de una mujer les exigió “¡Ey! ¿Por qué están jodiendo a ese bicho? Si él no se mete con nadie, déjenlo”.
Esas palabras desconcentraron a los pandilleros y Pablo aprovechó para huir y refugiarse dentro de la casa que posteriormente abandonó por miedo a que se cumplieran las amenazas.
El hombre que tiene un proceso judicial por agresiones sexuales en contra de la Abigail también es acusado, junto con las mujeres, de cometer el delito de amenazas con agravación especial y proposición y conspiración en el delito de homicidio contra Pablo.
Será el tribunal Quinto de sentencia de San Salvador el encargado de decretar un fallo a partir de los testimonios y las pruebas recabadas a los largo de la investigación.
Por: El Salvador Times.
Este martes se instaló en el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María el juicio contra tres ex altos mandos militares salvadoreños, acusados del asesinato de cuatro periodistas holandeses durante una emboscada ocurrida el 17 de marzo de 1982, en plena guerra civil.
Se trata del primer juicio con jurado en el país por crímenes de guerra, y marca un hito en los esfuerzos de justicia transicional en El Salvador.
Los imputados son José Guillermo García, exministro de la Defensa (91 años); Francisco Morán, exdirector de la extinta Policía de Hacienda (93); y Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería en Chalatenango (85). Según las investigaciones, los tres habrían tenido participación directa o conocimiento previo del ataque perpetrado en el caserío La Lomona, jurisdicción de Santa Rita.
Las víctimas —Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk Ter Laag y Hohannes Jan Wilemsen— trabajaban para la televisora holandesa Ikon TV. El día de su asesinato se dirigían hacia un campamento guerrillero del FMLN, con el propósito de realizar un reportaje sobre el conflicto armado salvadoreño. Fueron emboscados y ejecutados mientras eran guiados por miembros del movimiento insurgente.
El caso fue reabierto en 2018, luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, que había protegido durante décadas a responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.
La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, en su informe de 1993, concluyó que el crimen fue resultado de «una emboscada planificada» por el coronel Reyes Mena, con el conocimiento de otros mandos militares.
Durante la apertura del juicio, se leyeron declaraciones de familiares de las víctimas. Saskia ter Laag, hermana de Hans Lodewijk, expresó su esperanza de que, más de cuatro décadas después, finalmente se conozca la verdad:
“Para mí y para mis seres queridos, lo más importante es obtener la respuesta a la pregunta: ¿Por qué motivo tuvieron que ser ejecutados?”, dijo.
El juicio es observado de cerca tanto por organizaciones nacionales como internacionales, que consideran este proceso un paso decisivo para romper la impunidad que ha rodeado los crímenes de la guerra civil salvadoreña.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
