Judicial
Abusador entregó a pandilleros a matrimonio que se negó a retirar denuncia en su contra
Sufrir una agresión sexual y luego denunciarla fue el inicio del infierno que una mujer y su esposo vivieron a manos del agresor quien los amenazó con entregarlos a la pandilla que acecha el lugar donde viven sino se iban a de la colonia y retiraban las acusaciones.
Abigail y Pablo (nombres modificados por seguridad) vivían en una comunidad Soyapango en la que tenían como vecino a Anacleto F., un hombre que aprovechó la soledad de la mujer para agredirla sexualmente. La víctima decidió no callar el hecho y lo denunció por ese delito.
Al enterarse del proceso judicial, el violador junto a su esposa, Doris, y una vecina, Marta G., le exigieron a la víctima que retirara la denuncia haciéndole ver que eran amigos de pandilleros que podrían matarla.
Según el expediente judicial, el 5 de abril de 2016. Anacleto se le acercó a Abigail para recordarle que no debía de decirle nada a nadie sobre la agresión sexual que había sufrido porque de lo contrario les diría a los criminales que su esposo era colaborador de una pandilla contraria.
Sin embargo, la mujer le comentó lo sucedido a Pablo quien enfurecido encaró al violador por lo sucedido. “A mí me vale verga lo que vos vengas a hablar aquí. Ni virgen es para que anden con delicadezas”, fue la respuesta que recibió.
Al fondo de ambos hombres se encontraba Doris quien reforzó las amenazas:“Ya voy a hablar con Mario (un pandillero) para que los saque de aquí, sino en una caja los vamos a sacar”, manifestó.
Al verse indefenso, Pablo regresó a su casa con un sentimiento de impotencia por la situación que continuaría al punto que las amenazas pasaron a los hechos.
Pandilleros simularon ser policías para matar a Pablo
El reloj marcaba la 1:00 p.m. del 10 de abril. Pablo regresó de comprar de la tienda y se introdujo en su casa; a los pocos minutos <se escucharon varios golpes en la puerta.
-“¿Quién es?”, preguntó Abigail.
-“Es la policía, ¿Está tu esposo?”, contestaron unos sujetos.
-“No, no está”, le dijo con un tono nervioso.
– “Mentiras. Lo acabamos de ver que entró a la casa. Abrí la puerta o lo vamos a hacer a la fuerza”, señalaron los hombres mientras Pablo abría la puerta y se paraba frente a ellos.
Una voz quebró el tenso silencio: “Matemos a este hijo de puta de un solo”, al mismo tiempo tomaron del brazo a la víctima para llevarlo hasta un basurero en el que estaban otros cinco pandilleros quienes comenzaron a golpearlo.
Un pandillero de la zona conocido como Mario, alías “Trampa”, tomó un oso de peluche y de forma violenta lo comenzó a partir con una navaja, “así es como te partiremos… la vieja de Doris y el otro viejo (Anacleto) que anda cojiendo a tu vieja, ya nos dijeron. Descuartizado te vamos a hacer”, le manifestó..
Pablo se armó de valor y les dijo: “si me van a matar, mátenme ya pues”. Los sujetos volvieron a arremeter con golper hasta que la voz de una mujer les exigió “¡Ey! ¿Por qué están jodiendo a ese bicho? Si él no se mete con nadie, déjenlo”.
Esas palabras desconcentraron a los pandilleros y Pablo aprovechó para huir y refugiarse dentro de la casa que posteriormente abandonó por miedo a que se cumplieran las amenazas.
El hombre que tiene un proceso judicial por agresiones sexuales en contra de la Abigail también es acusado, junto con las mujeres, de cometer el delito de amenazas con agravación especial y proposición y conspiración en el delito de homicidio contra Pablo.
Será el tribunal Quinto de sentencia de San Salvador el encargado de decretar un fallo a partir de los testimonios y las pruebas recabadas a los largo de la investigación.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
