Judicial
Abusador entregó a pandilleros a matrimonio que se negó a retirar denuncia en su contra
Sufrir una agresión sexual y luego denunciarla fue el inicio del infierno que una mujer y su esposo vivieron a manos del agresor quien los amenazó con entregarlos a la pandilla que acecha el lugar donde viven sino se iban a de la colonia y retiraban las acusaciones.
Abigail y Pablo (nombres modificados por seguridad) vivían en una comunidad Soyapango en la que tenían como vecino a Anacleto F., un hombre que aprovechó la soledad de la mujer para agredirla sexualmente. La víctima decidió no callar el hecho y lo denunció por ese delito.
Al enterarse del proceso judicial, el violador junto a su esposa, Doris, y una vecina, Marta G., le exigieron a la víctima que retirara la denuncia haciéndole ver que eran amigos de pandilleros que podrían matarla.
Según el expediente judicial, el 5 de abril de 2016. Anacleto se le acercó a Abigail para recordarle que no debía de decirle nada a nadie sobre la agresión sexual que había sufrido porque de lo contrario les diría a los criminales que su esposo era colaborador de una pandilla contraria.
Sin embargo, la mujer le comentó lo sucedido a Pablo quien enfurecido encaró al violador por lo sucedido. “A mí me vale verga lo que vos vengas a hablar aquí. Ni virgen es para que anden con delicadezas”, fue la respuesta que recibió.
Al fondo de ambos hombres se encontraba Doris quien reforzó las amenazas:“Ya voy a hablar con Mario (un pandillero) para que los saque de aquí, sino en una caja los vamos a sacar”, manifestó.
Al verse indefenso, Pablo regresó a su casa con un sentimiento de impotencia por la situación que continuaría al punto que las amenazas pasaron a los hechos.
Pandilleros simularon ser policías para matar a Pablo
El reloj marcaba la 1:00 p.m. del 10 de abril. Pablo regresó de comprar de la tienda y se introdujo en su casa; a los pocos minutos <se escucharon varios golpes en la puerta.
-“¿Quién es?”, preguntó Abigail.
-“Es la policía, ¿Está tu esposo?”, contestaron unos sujetos.
-“No, no está”, le dijo con un tono nervioso.
– “Mentiras. Lo acabamos de ver que entró a la casa. Abrí la puerta o lo vamos a hacer a la fuerza”, señalaron los hombres mientras Pablo abría la puerta y se paraba frente a ellos.
Una voz quebró el tenso silencio: “Matemos a este hijo de puta de un solo”, al mismo tiempo tomaron del brazo a la víctima para llevarlo hasta un basurero en el que estaban otros cinco pandilleros quienes comenzaron a golpearlo.
Un pandillero de la zona conocido como Mario, alías “Trampa”, tomó un oso de peluche y de forma violenta lo comenzó a partir con una navaja, “así es como te partiremos… la vieja de Doris y el otro viejo (Anacleto) que anda cojiendo a tu vieja, ya nos dijeron. Descuartizado te vamos a hacer”, le manifestó..
Pablo se armó de valor y les dijo: “si me van a matar, mátenme ya pues”. Los sujetos volvieron a arremeter con golper hasta que la voz de una mujer les exigió “¡Ey! ¿Por qué están jodiendo a ese bicho? Si él no se mete con nadie, déjenlo”.
Esas palabras desconcentraron a los pandilleros y Pablo aprovechó para huir y refugiarse dentro de la casa que posteriormente abandonó por miedo a que se cumplieran las amenazas.
El hombre que tiene un proceso judicial por agresiones sexuales en contra de la Abigail también es acusado, junto con las mujeres, de cometer el delito de amenazas con agravación especial y proposición y conspiración en el delito de homicidio contra Pablo.
Será el tribunal Quinto de sentencia de San Salvador el encargado de decretar un fallo a partir de los testimonios y las pruebas recabadas a los largo de la investigación.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
